La infanta Cristina pide declarar voluntariamente ante el juez Castro

El despacho que defiende los intereses de la infanta Cristina ha despejado la incógnita. El letrado Miquel Roca ha renunciado a recurrir la imputación de la esposa de Iñaki Urdangarin por los delitos de fraude fiscal y blanqueo que habría cometido a través de la sociedad Aizoon que el matrimonio comparte al 50%. En un comunicado hecho público este sábado la defensa de Cristina de Borbón propone que la cita judicial, prevista para el próximo 8 de marzo, se adelante si la agenda del juzgado que dirige José Castro lo permite.

Roca Junyent, el despacho que defiende los intereses de la infanta Cristina ha hecho público un comunicado en el que renuncia a interponer recurso contra la decisión del juez, José Castro, que ha citado a declarar a la hija de los reyes en calidad de imputada por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo.

El texto subraya "la absoluta y firme discrepancia" con la decisión del juez pero a renglón seguido añade que "a nadie se le escapan los efectos colaterales que tendría la interposición del recurso que se traducirían en una dilación del procedimiento alargándose así esta incómoda e injusta situación"

Cristina de Borbón pide declarar voluntariamente, incluso antes del 8 de marzo que ha sido la fecha que ha fijado Castro, "consciente de su vocación de servicio y de colaboración al máximo con la administración de justicia" y porque"no tiene nada que ocultar y en ningún momento ha participado en ninguna actividad que pueda ser calificada contraria a Derecho".

El juez sostiene que la infanta Cristina cargó gastos personales a la sociedad Aizoon que nada tenían que ver con la actividad de la sociedad como clases de salsa y merengue, clases de coaching, viajes o la reforma del palacete de Pedralbes. De esta forma pudo cometer un fraude fiscal en el impuesto del IRPF y otro a través del impuesto de sociedades, ya que es propietaria al 50% de esta sociedad familiar. Según la investigación Aizoon recibió casi un millón de euros del Instituto Noos que, según las pesquisas, se nutría fundamentalmente del dinero público que recibió de los gobiernos de Baleares y Valencia.