El Consejo de Europa pide a España que no excluya a los 'sin papeles' de la sanidad

El Comité Europeo de Derechos Sociales, vinculado al Consejo de Europa, declara que la exclusión de las personas extranjeras y en situación irregular de la asistencia sanitaria es incompatible con los Convenios Internacionales suscritos por España.

Luis Jimena, presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales ha asegurado que la carta de derechos aociales firmada por España "impide que se aplique esta legislación porque no puede negarse la asistencia básica a ningún extranjero en situación irregular" y ha añadido que para cumplir con lo firmado "no vale con incluir como excepciones a embarazadas, menores de 18 años o situaciones de urgencia".

El Presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales confía que el Tribunal Constitucional español tendrá en cuenta sus conclusiones, "creo que son importantes porque esta ley está pendiente del Tribunal Constitucional que debería tomar nota y ser consecuente ya que la Constitución art. 10.2 obliga a interpretar los derechos vinculados a los tratados firmados por España de forma vinculante".

En la práctica, "la exclusión de los extranjeros en situación irregular es contraria al artículo 11 de la Carta Social Europea que protege el derecho a la salud desde el punto de vista universal, es decir con independencia de que la personas e encuentre en situación regular o irregular", ha explicado Jimena en declaraciones a la Cadena SER. La obligación de vincular los derechos de la Carta Social Europea a las leyes españolas debe también ser seguida por los tribunales nacionales, según Luis Jimena.

La prestación por enfermedad a las personas que causan baja laboral es otra "violación de la Carta social", según el Comité Europe de Derechos sociales que considera que la prestación que estos trabajadores reciben en España queda por debajo del umbral de pobreza marcado por la Oficina de Estadística de la Unión. Europea que fija la media anual en 6.288 euros para superar el umbral de pobreza mientras la media española para estas bajas es de 4.473 euros según datos del año 2011.

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El Comité europeo también denuncia la discriminación de la legislación española en materia de la seguridad social para los extranjeros aunque sean nacionales de la Unión Europea, un tema que "impide exigir 10 años de residencia para cobrar una pensión o reclamar 3 años de residencia para prestaciones sociales". Jimena explica que el Comité Europeo ha fijado en un año la evidencia previa aceptable, plazo que España no respeta. En este caso, la denuncia afecta directamente a las comunidades autónomas cuyas prestaciones sociales son contrarias a la carta social europea porque tampoco permiten superar el umbral de pobreza. "Para 2011 se estableció como mínimo 521 euros mensuales y sólo Pais Vasco y Navarra superan este umbral" ha explicado Jimena.

El acceso a los servicios sociales también es insatisfactorio para el Comité europeo de derechos Sociales porque "no hay control suficiente en la provisión de servicios sociales por parte de proveedores no públicos", dice Jimena que considera imprescindible un "mejor control en los procesos de privatizaciones". El control debe ser ampliado también a las tarifas que se exigen a los beneficiarios de estos servicios "para garantizar su transparencia" añade Jimena.

Además, el Comité europeo de Derechos sociales pide que "se establezca de forma clara la no discriminación por razón de edad" a pesar que el gobierno mantiene que la Constitución ya prevé que todos los españoles son iguales ante la ley. Según el Comité de derechos Sociales la prohibición de discriminación por razones de edad debe especificarse.