Las familias aportan 50 veces más en impuestos que las grandes empresas
En 2011, según el informe, con la aplicación de exenciones y mecanismos de planificación fiscal, las grandes empresas pagaron de media un 3,5% sobre su resultado contable y un 17% los grupos no consolidados y las pymes
Los responsables de Oxfam Intermón han pedido este miércoles al Gobierno que acometa una reforma fiscal que permita financiar adecuadamente las políticas sociales tras los ajustes sufridos, ya que con el actual sistema las familias aportan casi 50 veces más a las arcas públicas que las grandes empresas.
Esta es una de las conclusiones del informe sobre el sistema tributario español denominado "Tanto tienes, ¿tanto ganas?. Fiscalidad justa para una sociedad más equitativa", que han presentado este miércoles en rueda de prensa el director general de esta ONG, José María Vera, y la responsable de investigación, Teresa Cavero.
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Cavero ha incidido en que el sistema tributario en España recauda poco, siete puntos por debajo de la media europea, y que el grueso de la recaudación proviene del trabajo y el consumo de los ciudadanos y no de las rentas del capital ni de los beneficios de las empresas. Las familias aportan alrededor del 90% de la recaudación y las empresas el resto, el 10%, y de ese porcentaje menos del 2 % corresponde a las grandes compañías, según el informe.
Por ello, y ante una futura reforma fiscal, Oxfam Intermón ha pedido al Gobierno, a través de una campaña, que corrija las "ineficacias" del sistema y los "desequilibrios" causados por las medidas de austeridad aplicadas desde 2010, "que han mermado la capacidad adquisitiva de las familias españolas con subidas de impuestos, bajadas de salarios y recortes en servicios sociales".
Para lograr "una fiscalidad justa para una sociedad equitativa", aconsejan recaudar más, pero con un mayor esfuerzo de las personas más ricas y de las grandes empresas, pero también "poner coto" al fraude fiscal y garantizar la progresividad de forma que se tribute en función de la capacidad y de la actividad económica.
Actualmente, según Cavero, sólo el IRPF es el impuesto que garantiza la progresividad del sistema, es decir que aquellos que tienen más contribuyan proporcionalmente al erario público, mientras que el IVA y los impuestos especiales "son regresivos".
Además, desde 2007, el tipo general del impuesto sobre sociedades es del 30% para las grandes empresas y del 25% para las pymes, sin embargo el tipo efectivo que soportan, lo que realmente pagan sobre sus beneficios, es "muy inferior". En 2011, según el informe, con la aplicación de exenciones y mecanismos de planificación fiscal, los grupos consolidados de grandes empresas pagaron de media un 3,5% sobre su resultado contable y un 17% los grupos no consolidados y las pymes.
Este porcentaje difiere del 22% que soporta un ciudadano medio, según Intermón, y los que hacen mayor esfuerzo son las familias pobres que aportan en impuestos entre el 30 y 36% de sus ingresos.
El informe destaca los beneficios fiscales concedidos a las empresas en 2011 (28.210 millones), que el 80% de esta cantidad correspondió a las grandes empresas y que éstas sin embargo abonaron 3.012 millones en impuestos de sociedades.
También subraya la "tolerancia cero" con la evasión y elusión fiscal ya que según ha afirmado el presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, la caída en la recaudación fiscal con respecto a otros países de la UE se debe en gran parte a este motivo. El 72% del fraude fiscal (43.0000 millones) en España corresponde a grandes fortunas y empresas, con lo que según Cavero es "mucho más eficiente" atajar el fraude por esta vía que por otras con menor repercusión.
La economía sumergida, que Gestha estima en un 25%, y el fraude fiscal está haciendo, según Cruzado, que España pierda con respecto a otros países de la UE una media de 40.000 millones. Ante esta situación, según Cruzado, se debería reformar la Agencia Tributaria para, entre otras cosas, dedicar más medios a la investigación e inspección ya que ahora sólo se destina el 20%.
Otra medida que aconsejan es la supresión de las EVE (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros), que permiten a multinacionales extranjeras radicadas en España no pagar impuestos por los beneficios obtenidos en el extranjero, pero sí recibir ayudas y rebajas fiscales aquí por sus supuestas pérdidas.
