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Un juez aprecia indicios de delito en la actuación de la Guardia Civil en Melilla

El titular del juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad autónoma investiga la agresión a un subsahariano por parte de un gendarme marroquí ante la presencia impasible de los agentes españoles

En el auto de admisión a trámite de la querella, al que ha tenido acceso la SER, el magistrado de la ciudad autónoma aprecia indicios de delito en la actuación de los agentes marroquíes que entraron el pasado 18 de junio a España, a la zona del "entrevallado" de Melilla, y se considera competente para investigar presuntos malos tratos de esos funcionarios extranjeros en suelo español. Pero también aprecia indicios de delito en la pasividad de los agentes de la Guardia Civil que estuvieron presentes aquella mañana en la valla y en los mandos que ordenaron actuar de esa manera, es decir, que dijeron a los agentes que no actuaran ante los presuntos malos tratos y la agresión a un subsahariano a la que estaban siendo testigos. El juez investigará si se han cometido "delitos de lesiones, trato degradante, contra los derechos individuales, contra el deber de impedir la comisión de un delito( en referencia a la pasividad de los Guardias Civiles mientras los gendarmes golpeaban a los subsaharianos) y prevaricación".

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La querella presentada por las ONG Prodein, Andalucía Acoge y SOS Racismo sirve para que el juez pida que se identifique tanto a los marroquíes que actuaron de esa manera en la valla española como a los Guardias Civiles que no hicieron nada para evitarlo. Los hechos que se investigan corresponder al salto de la valla protagonizado por un grupo de jóvenes subsaharianos el pasado 18 de junio, que fue grabado por varios fotoperiodistas y ONG que publicaron un vídeo donde se veía a gendarmes marroquíes en territorio español, en la zona del entrevallado, llevándose a los inmigrantes, a uno de esos gendarmes apaleando a un subsahariano, y todo ante la presencia de los Guardias Civiles que abrieron las puertas de la valla para expulsar a los subsaharianos y que no actuaron cuando los gendarmes marroquíes golpeaban a los inmigrantes.

Las imágenes de ese vídeo sirven de base a al juez que pide a la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla que identifique a todos los agentes que estuvieron presentes en el dispositivo del 18 de junio "así como a quién o quiénes eran los responsables de dicho dispositivo". Es más el magistrado exige al Instituto Armado que se aporte "un informe que comprenda el protocolo de actuación seguido ese día y las órdenes concretas que recibieron los agentes actuantes acerca de la manera de proceder con los inmigrantes", señala en el auto. Hay que recordar que distintas asociaciones de guardias civiles, como la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que llevan años reclamando a sus mandos que se les dé un protocolo de actuación " para no cometer ilegalidades".

El juez pide también a la Comandancia de la Guardia Civil que identifique a todos los agentes que aparecen en el vídeo entregado por las ONG al juzgado," tanto en el momento en el que se aprecia a un miembro de las fuerzas auxiliares marroquíes golpear a un inmigrante, como el en el dispositivo formado para que los inmigrantes pasaran la puerta de doble valla hacia Marruecos" , en referencia al momento de expulsarles desde suelo español a Marruecos abriendo esas puertas de las verjas.

Pero el auto aporta además una novedad importante ya que pide solicitar una Comisión Rogatoria a Marruecos para que identifique a sus agentes que entraron a la valla de Melilla. El juez asegura que entregará el vídeo a la comisión judicial marroquí "a fin de que se identifique a los miembros de las fuerzas de seguridad que intervinieron en el operativo del 18 de junio , en la valla de Melilla, interesando la plena identificación de los miembros de las fuerzas auxiliares marroquíes que aparecen desde el minuto 00:00:09 de la grabación y hasta el 00:01:50"(fragmento que corresponde con las imágenes en las que se ve a un gendarme apalear a un inmigrante que se encuentra en el suelo).

Llama la atención que el magistrado pida una fianza de 3.000 euros a las ONG en un plazo de 10 días "para responder a las resultas del juicio". En todo caso el juez deja claro que aunque las organizaciones no subsanen los efectos procesales "no por ello se procederá al archivo de las actuaciones sino que se tramitará como denuncia" lo que evidencia de su voluntad de seguir adelante con la investigación.

 
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