Ecologistas y vecinos denuncian por cohecho al exalcalde popular de Retortillo y a sus concejales

Madrid

La plataforma Stop Uranio que agrupa a vecinos y a grupos ecologistas ha presentado una querella criminal en los juzgados de primera instancia y de instrucción de Ciudad Rodrigo en la que acusan de cohecho al exalcalde popular de Retortillo, Javier Santamartina y a varios concejales de su equipo de gobierno.

A todos ellos se les acusa de haber incrementado “su patrimonio personal“ de manera “delictiva” al haber facilitado, a cambio de dinero, gestiones administrativas de la empresa minera Berkeley que pretende abrir en la zona la que será la única mina de uranio a cielo abierto de Europa.

El proyecto minero ha estado rodeado de polémica desde el comienzo de su tramitación administrativa. No sólo por la fuerte contestación ecologista y vecinal (la mina supondría procesar toneladas de material radiactivo a en mitad de un paraje protegido) sino también por el papel jugado por Manuel Lamela, exalto cargo del exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Según reveló esta emisora, Lamela fue contratado por Berkeley para mediar a favor del proyecto ante la el departamento de sus antiguo jefe Cañete, ahora comisario de Energía.

Pagos encubiertos

La querella de Stop Uranio, hace referencia a otro aspecto del proyecto también revelado por este emisora. La empresa Berkeley adquirió en 2012 veinte hectáreas de suelo rústico en el paraje conocido como El Sierro Chico para instalar sus oficinas. Dichos terrenos pertenecían a la familia de quien en aquel momento era alcalde del municipio, Javier Santamartina. Se da la circunstancia de que ocho meses antes de la compra de la finca y en un clima de fuerte oposición vecinal Santamartina había concedido a Berkeley los permisos municipales necesarios para instalar su sede en Retortillo y había recalificado sus propios terrenos ( originalmente rústicos) para permitir la instalación de las oficinas. De acuerdo con la certificación registral de la finca su precio de compra fue de 197.414 euros. El equivalente a 10.000 euros por hectárea. Un valor que, según las fuentes consultadas por la SER, duplica el precio de mercado en la zona.

Concejales a sueldo

La querella se dirige también contra tres concejales del equipo de Santamartina ( dos ellos todavía en activo) también del Partido Popular. Según la denuncia, en el caso de los concejales, los tres han compatibilizado su cargo y por lo tanto la concesión de permisos adminitrativos con retribuciones de la empresa minera en concepto de “contratación de servicios”.

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Para la plataforma STOP URANIO, los hecho descritos podrían suponer delitos de cohecho y actividades prohibidas a los funcionarios. La pena de los delitos denunciados por la plataforma comprenden de dos a cuatro años de prisión, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Para STOP Uranio, el proyecto de reapertura y explotación de las minas de uranio en las localidades de Retortillo y Villavieja de Yeltes “supondría una actividad perjudicial para los vecinos de la zona, para el desarrollo económico y social y también para el medio ambiente”. En este marco, según la querella presentado en los juzgados de Ciudad Rodrigo “el modelo de implantación de una actividad como la de la minería del uranio por parte de Berkeley no es otro que la inyección de dinero en las zonas afectadas a través no sólo de las instituciones para que faciliten, en términos de normativa y trámite administrativos sino también a las personas que están a cargo o son responsables de esas instituciones”