La jueza que investiga el ático de Ignacio González reclama las entradas y salidas de España de su presunto testaferro

Madrid

La justicia estrecha el cerco judicial a Ignacio González por el caso del ático de lujo en Estepona que tiene a su nombre. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha dictado en las últimas horas una providencia a la que ha tenido acceso la Cadena SER en la que pide a la policía que acredite las entradas y salidas que el presunto testaferro de Ignacio González hizo a territorio español desde el 1 de enero del año 2007 hasta el 1 de febrero del 2013. La diligencia va dirigida a la Comisaría General De Extranjería y Fronteras de la Policía y el periodo investigado corresponde al momento en el que González asegura que tiene alquilado el ático de lujo hasta que finalmente y según su versión lo compra.

Según fuentes judiciales lo que quiere constatar la jueza es si realmente fue el presunto testaferro de González quien compró el ático en nombre del expresidente de la Comunidad de Madrid o si fueron otras personas quienes realizaron la operación. La jueza pide a la policía que acredite cuantas veces estuvo en España Rudy Valner durante el periodo en el que el expresidente tenía alquilado el ático, hasta que según su versión formalizó la compra.

Según las escrituras de compra-venta que el mismo Ignacio González presentó, el ático ubicado en la urbanización Alhambra Golf de Guadalmina en Estepona fue adquirido el 18 de diciembre del año 2012, aunque lo tuvo alquilado desde el año 2008. El expresidente de la Comunidad de Madrid siempre ha defendido que tenía un contrato de alquiler y que pagaba religiosamente los 2000 euros que le costaba mensualmente. Ignacio González defiende que dispone de documentos que establecen que adquirió el piso el 18 de diciembre del año 2012 por un importe de 770.000 euros y que el 80% de la propiedad (616.000 euros) pertenecen a su esposa, mientras que el resto es suyo. El expresidente siempre ha mantenido que no lo compró antes del 2012 porque el inmueble no estaba inscrito en el registro de la propiedad. Sin embargo el Sindicato Unificado de Policía defiende que González ha sido siempre el propietario y que existen numerosos indicios de la comisión de un delito de blanqueo.

En la misma providencia la juez insiste en que las diligencias para averiguar el patrimonio del matrimonio González sigue adelante. La justicia no ve necesaria practicar como diligencia la averiguación patrimonial de Enrique Cerezo Torres pero si el patrimonio del expresidente de la comunidad de Madrid y de su esposa, Lourdes Cavero Mestre.

En la misma providencia dictada ayer, la magistrada demanda a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional que remita el expediente completo que obre en sus archivos sobre el caso del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid. “Indagaciones, gestiones o investigaciones relativas a D. Ignacio González y el ático objeto de esta instrucción, con remisión completa de todas las notas de trabajo y notas de gestiones que obren en el mismo” señala este escrito.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

En el mismo escrito se acuerda que declare en calidad de testigo el comisario de policía quien participó en la investigación de la compra del ático del expresidente madrileño, Agapito Hermes de Dios, quien denunció ante la policía la sustracción de diferentes notas incorporadas al expediente del caso que se abrió en la Comisaria de Marbella. La juez quiere que Hermes de Dios y el inspector de policía Goudiña, entonces comisario jefe de la Policía Judicial, detallen sobre los hechos que en su día investigaron.

El comisario Agapito Hermes de Dios, fue el máximo responsable policial de Marbella hasta que fue expedientado el 18 de abril del 2012 tras reconocer que había participado en la investigación sobre el expresidente de la Comunidad de Madrid. Se le abrió un expediente informativo y se le destinó a la comisaria madrileña de Usera- Villaverde como segundo jefe. Ignacio González presentó una querella contra este comisario pero el Tribunal Supremo la archivó el pasado octubre por “no tratarse de una investigación delictiva ni tampoco divulgada por el imputado”. En su declaración judicial Hermés de Dios, declaró que la investigación no la inició por su cuenta sino por orden directa y verbal del que entonces era director adjunto operativo de la Policía (DAO). Presuntamente Miguel Ángel Fernández Chico había obtenido la información sobre el ático a través de un confidente de Gürtel y lo hizo con el máximo secreto dado a la persona a la que afectaba. La justicia archivó la causa porque tras el fallecimiento de Fernández Chico fue imposible corroborar si el DAO dio la orden al comisario.

La justicia amplia las comisiones rogatorias a EEUU y a Panamá

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona, Málaga, ha decidido librar una nueva Comisión Rogatoria Internacional a EEUU ampliatoria de la que ya se cumplimentó y que tenía una errata de identificación en el nombre de la empresa que se estaba investigando. Se realizaron gestiones sobre la empresa Walford Overseas Investment LTD pero en realidad la sociedad se llama Walfort Overseas Investments LTD que participa en la empresa Coast Investors- Dellaware.

Según el auto al que ha tenido acceso la Cadena SER, la justicia reclama a EEUU toda la información que posea sobre esta sociedad, “información que se hará extensiva a sis socios constituyentes, directores y beneficiarios de la misma, así como las cuentas bancarias y activos patrimoniales de su titular”.

La comisión rogatoria a Panamá se mantiene con los nombre de Waldorf Overseas Investments LTD porque según denunció el Sindicato Unificado de Policía (SUP) esta sociedad puede tener vínculos con otras sociedades de la Gürtel. A Panamá se le pide también que mantenga en la investigación a la entidad Walford Overseas S.A porque se constituyó el 9 de mayo del 2008, tan solo tres días antes de que el S Valnet.

El comisario Villarejo asegura que no manipuló la conversación que mantuvo con González en una cafetería de Madrid

El pasado 18 de abril llegó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Estepona la declaración que el comisario Jose Manuel Villarejo realizó el pasado 7 de abril ante la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional. Villarejo asegura que nunca ha realizado ningún tipo de edición posteriores a la grabación y que “la grabadora se conectó a un puerto USB y en otro se insertó el pendrive para copiar la grabación que se había realizado”.

El comisario asegura además en su declaración policial judicializada que en su día “entregó la grabación a su superior, el Director Adjunto Operativo, en el mismo formato de grabación que hizo el dispositivo, en Mp3 y en un soporte de pendrive con capacidad de almacenamiento de 1GB, porque son los habituales que se usan cuando hay que aportar grabaciones de interés”.

En la declaración judicial que hizo el expresidente de la Comunidad de Madrid el pasado 17 de abril acusó a Villarejo de haber preparado un montaje y de haber manipulado la grabación que se hizo en una cafetería de Madrid en la que González pedía al comisario Villarejo y al comisario Garcia Castaño que no “saliese a la luz pública el asunto del ático”.