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Lunes, 17 de Febrero de 2020

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Amnistía sin reconciliación

Con el objetivo de lograr la reconciliación entre las ‘dos Españas’ y desactivar el terrorismo, las Cortes Constituyentes probaron una Ley de Amnistía que fue promulgada el 15 de octubre de 1977

El borrón y cuenta nueva afectaba tanto a los crímenes de ETA, exceptuando los cometidos entre el 15 de diciembre de 1976 y el 6 de octubre de 1977. El precio, la falta de justicia y reparación, lo pagaron las víctimas de unos y de otros

El exministro Landelino Lavilla vota durante las elecciones de 1982 /

La Ley de la Memoria Histórica ha querido paliar de alguna forma a los efectos de la ley de amnistía pero no ha logrado sus objetivos por cuanto son miles los cadáveres enterrados todavía en cunetas de toda España.

La insatisfacción con el texto de la ley de la memoria histórica llevo a catorce asociaciones memorialistas a presentar una denuncia por miles de desapariciones ante la Audiencia Nacional, el 14 de diciembre de 2006 que finamente se archivó y dio origen al procesamiento contra Garzón por cuestionar la vigencia de la Ley de Amnistía e intentar perseguir esos delitos.

A pesar de que en la época de su promulgación la ley fue considerada necesaria y positiva para el asentamiento de la Democracia con el paso del tiempo su significado cambió para algunos, sobre todo al comprobar los efectos que tendría ante cualquier denuncia efectuada acerca de los hechos que un importante sector de la opinión pública considera como graves delitos contra la Humanidad cometidos durante la dictadura del general Franco.

Reconciliación

• Papa, ¿ha llegado la paz?

• No, hijo ha llegado la victoria.

Es la frase final de la película Las bicicletas son para el verano, en un diálogo entre el padre (Fernando Fernán Gómez) con su hijo, que puede resumir lo que fue la guerra civil española en las que tanto vencedores como vencidos son perdedores. Es el comienzo de una nueva etapa, el franquismo. La guerra duró tres años y la "Victoria", cuarenta.

El sentido de la frase ha sido una idea constante en el pensamiento de Landelino Lavilla, ministro de Justicia en la España que gestó la Ley de Amnistía, porque según reconoce a la Cadena SER, "nosotros queríamos la paz, pero fue la victoria. Desde entonces la dialéctica entre vencedores y vencidos se ha proyectado sobre todo lo que pasó en ese periodo".

La Ley de Amnistía de 1977 formaba parte de la reforma política, llevada a cabo por el gobierno de Adolfo Suárez con objeto de buscar la reconciliación social de los españoles, encaminada a llevar a cabo la transición del país hacia un régimen democrático.

Las críticas a la Ley de Amnistía no son unánimes, pues un importante sector político, jurídico y de opinión pública sigue considerándola como un logro de la oposición democrática al franquismo, además de como una forma de "superar la larga confrontación sufrida por los españoles desde 1936".

En cambio, hay quien piensa en la desigualdad que generó "porque nunca fue pensada ni en su gestación para los crímenes franquistas y aunque fue necesaria, solo estaba enfocada para que desaparecieran los delitos de los perdedores de la contienda social, según reconoce el juez Baltasar Garzón.

Uno de los asuntos más espinosos en este proceso fue la reconciliación entre los dos bandos enfrentados en la Guerra Civil Española, así como el perdón por los graves delitos contra la humanidad cometidos durante y después del conflicto. La amnistía de 1977 representaba, de hecho, la renuncia del Estado a ejercer la coacción penal sobre quienes vulneraron bienes jurídicos básicos, la liberación de diversos presos políticos y presos de ETA que aún se encontraban en prisión por razones ideológicas.

Además de los presos políticos, la ley incluía un amplio espectro de delitos que incluían actos cometidos como la rebelión o la sedición cometidos antes del día 15 de diciembre de 1976.

"Con la ley se pretendía salir al paso de los decretos franquistas que en su última etapa iban claramente dirigidos contra el pueblo", reconoce el magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés-ré.

Indulto Real

Con motivo de la coronación de Juan Carlos I, el 25 de noviembre de 1975 se promulgó un indulto que benefició hasta el 1 de junio de 1976 a 773 personas encarceladas por delitos de raíz política (de los 8.903 presos que se vieron beneficiados), de los que 688 fueron excarcelados y el resto vio reducida su condena. Es la primera medida de gracia que se adopta desde que murió el dictador, pero la Ley de Amnistía tuvo otro precedente cuando el 30 de julio de 1976 el Consejo de Ministros proclamó una amnistía parcial para algunos presos encarcelados por motivos políticos.

El ministro que desarrolló esta amnistía parcial, Landelino Lavilla, explica a la Cadena SER como se fraguó la idea: "Tratamos esa amnistía con ponderación de prudencia y audacia y nosotros queríamos que el alcance de la medida tuvieran límite que eran los delitos de sangre”.

En este Decreto fueron indultados los delitos y faltas de intencionalidad política y opinión que no hubieran “puesto en peligro” la vida de nadie. Salieron a la calle 287 presos pero no contempló beneficios para los delitos encuadrados dentro de la denominación de terrorismo. Esa medida llegaría más tarde con el consenso de todas las fuerzas políticas. El titular de Justicia, Landelino Lavilla, reconoce hoy que se abrió la puerta a una amnistía de mayor alcance.

El pueblo pide más

La amnistía parcial de 1976 no pareció suficiente a la mayoría de la clase política y el 11 de enero de 1977, en una reunión entre cuatro representantes de la oposición democrática, Antón Cañellas, Felipe González, Julio de Jáuregui y Joaquín Satrústegui, con el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, se expuso y se solicitó al presidente del Gobierno una amnistía total para todos los hechos y delitos de intencionalidad política ocurridos entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de diciembre de 1976.

Junto a la intencionalidad política, las movilizaciones populares en la calle daban muestra de los deseos de la sociedad y en provincias como Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra se reclama la amnistía de todos los presos relacionados con penas de origen político.

ETA se hace presente

Justo al día siguiente de que el Consejo de Ministros ratificase la proposición de Ley, sábado 8 de octubre de 1977 un comando terrorista de 'Polismili’ asesinaba a Augusto Unceta, presidente de la Diputación de Vizcaya, y a sus dos escoltas. La amnistía, comunicaron los terroristas, «es parcial, pero aunque fuese total no variarían nuestros planteamientos, ya que nosotros iniciamos la lucha porque Euskadi estaba oprimida». Fue tal el impacto del atentado, que incluso el diario ‘Egin’ llegó a exigir «la renuncia al empleo de la lucha armada».

La ley fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 15 de octubre de 1977, siendo apoyada por casi todos los grupos parlamentarios: Unión de Centro Democrático, Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista Popular, Partido Comunista de España, la Minoría Vasco-Catalana y el Grupo mixto, con la abstención de Alianza Popular y los diputados Francisco Letamendia (Euskadiko Ezkerra) e Hipólito Gómez de las Roces (Candidatura Aragonesa Independiente de Centro). En total, 296 votos a favor, dos en contra, 18 abstenciones y uno nulo. Todos excepto Alianza Popular, que no apoyó la ley argumentando que no era una buena solución para los ataques a la democracia.

Debate en el Congreso

La Ley fue presentada en octubre por el partido en el gobierno, UCD y su espíritu según se establece en su párrafo inicial, es "promover la reconciliación de todos los miembros de la Nación".

El portavoz del ejecutivo centrista, Rafael Arias-Salgado, la anunciaba como: "El presupuesto ético-político de la democracia, de aquella democracia a la que aspiramos, que por ser auténtica no mira hacia atrás, sino que, fervientemente, quiere superar y trascender las divisiones que nos separaron y enfrentaron en el pasado". Entre otros oradores, fue defendida, por el portavoz del grupo comunista del congreso, Marcelino Camacho, quien manifestó:

• (...) la primera propuesta presentada en esta Cámara ha sido precisamente hecha por la Minoría Parlamentaria del Partido Comunista y del PSUC el 14 de julio y orientada precisamente a esta amnistía. Y no fue un fenómeno de la casualidad, señoras y señores Diputados, es el resultado de una política coherente y consecuente que comienza con la política de reconciliación nacional de nuestro Partido(...) Nosotros considerábamos que la pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los 'unos a los otros, si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?".

El único partido que mostró reticencias fue Alianza Popular quien a través de su portavoz Antonio Carro expresó sus temores

• "la amnistía que nos proponéis, en lugar de contribuir a la reconciliación nacional, que en mi idea es algo que estamos palpando afortunadamente, se traduzca en un fermento de inseguridad social, en la institucionalización del desconocimiento del Estado de derecho y en una profunda erosión de la autoridad"

El arco parlamentario a favor de la Ley barrunto el mensaje y los comentarios corrieron por el hemiciclo hasta que el diputado Carro se aclaró la voz para continuar diciendo:

• " En este clima de público desorden ¿queréis más amnistía? (...) Frente a los ataques a la democracia no es buena medicina la amnistía. La única medicina que aplican las democracias más genuinas y consolidadas es una estricta aplicación de la ley. (...) Una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores”.

Pero Xabier Arzalluz. Le respondió:

 • "Olvidemos, pues, todo. Sin embargo, tal vez, aunque los que estemos aquí estemos dispuestos al olvido, hay sectores de nuestra sociedad, que no están aquí representados, que no están dispuestos al olvido, (...) La ley que nosotros estamos haciendo aquí hemos de procurar que efectivamente vaya bajando a la sociedad, que esta concepción del olvido se vaya generalizando, vaya tomando cuerpo y corazón, porque es la única manera de que podíamos darnos la mano sin rencor, oírnos con respeto".

La ley fue aprobada 15 de octubre de 1977 por 296 a favor, dos en contra, 18 abstenciones y uno nulo. La votación fue seguida por una larga ovación con los diputados en pie. Alianza Popular se abstuvo en bloque y los dos votos negativos procedieron de sus filas.

El 9 de diciembre abandonaba Martutene uno de los últimos presos etarra, Francisco Aldanondo. Tras esta ley las cárceles casi se vaciaron pero ETA las llenó más tarde.

Intento de derogación

 Décadas después la ley ha seguido vigente y no ha sido motivo de controversia hasta que Garzón quiso arrinconarla aplicando jurisprudencia internacional que avalaba que los delitos franquistas de Lesa Humanidad no prescriben.

A raíz de las denuncias interpuestas por delitos como genocidio y desaparición forzada, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional solicitaron en repetidas ocasiones al Gobierno la derogación de la norma, al considerarla incompatible con el Derecho internacional, pues impide juzgar delitos considerados imprescriptibles, pero éstas reclamaciones fueron desestimadas, ya que "los delitos habían prescrito o, en todo caso, estaban sujetos a la Ley de Amnistía de 1977".

En septiembre de 2008, el juez de Instrucción número 5 de la Audiencia, Baltasar Garzón, volvió a impulsar estas denuncias, acompañadas de los nombres y apellidos de 130.000 desaparecidos del franquismo, pero el Ministerio fiscal respondió en unas horas que los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad no estaban tipificados en el Código Penal de 1932, que regía cuando se cometieron, y por tanto no se podían aplicar con carácter retroactivo.

Sin embargo, el desafío casi le cuesta la carrera a Garzón ya que fue imputado y juzgado en el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación por la investigación que dirigió contra los crímenes de Franco, tras la querella presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias. El juez del Supremo aseguró que Garzón 'decidió conscientemente ignorar u orillar' la Ley de Amnistía al declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. Sin embargo, la causa fue juzgada y el juez absuelto

Ley de Memoria Histórica

La Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica, fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007, tras su presentación durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno.

Incluye el reconocimiento de todas las víctimas de la guerra civil (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco (1939-1975). Para el ex ministro socialista de Justicia Fernando Ledesma, la ley llego "en un momento necesario pero ahora la aplicación , con la ley de la Memoria Histórica, deja mucho que desear porque se ata actuando a remolque con lentitud, dejando probablemente ámbitos de reparación que conviene no postergar.

Bajo el gobierno de Mariano Rajoy (X Legislatura), la Ley de Memoria Histórica quedó derogada de facto, ya que en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y 2014 quedó sin dotación presupuestaria para su aplicación

Ahora las cosas están cambiando aunque muy lentamente y ya se producen exhumaciones y los ayuntamientos dotan de presupuesto para retirar de las calles los símbolos franquistas. La justicia ha comenzado tibiamente a intervenir en algunos de los casos pero en lugar de hacerlo por la vía penal como lo intento Garzón lo han hecho por la vía civil con mejor éxito. De hecho, el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de San Lorenzo de El Escorial, ha autorizado la exhumación de los restos mortales de los hermanos fusilados enterrados en El Valle de los Caídos.

El PSOE ha registrado este año 2017 en el Congreso una iniciativa para exigir al Gobierno de Rajoy que aplique la Ley de Memoria Histórica, con cerca de una veintena de medidas, entre ellas, afrontar de manera "urgente" la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos.

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