Mireia Boya y tres exconsejeros de Puigdemont cierran la ronda de indagatorias
Este martes turno para las indagatorias de la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, y los exconsellers del Govern destituido de Carles Puigdemont que no están ni encarcelados ni fugados: Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila
Madrid
Este martes termina la ronda de declaraciones indagatorias en las que el juez Pablo Llarena comunica su procesamiento a los imputados del procés: los exconsejeros Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila y la exdiputada de la CUP, Mireia Boya. Los cuatro están acusados de un delito de desobediencia y los tres primeros, además, de otro más de malversación de caudales públicos todavía por cuantificar por parte de los investigadores.
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Sus declaraciones indagatorias llegan después de que los nueve encarcelados por esta causa criticasen abiertamente la gestión de Llarena al frente de la causa, y después de que este lunes los exmiembros de la Mesa del Parlament hayan defendido que tramitar leyes como la del Referéndum o la de Transitoriedad no constituyó una desobediencia efectiva al Tribunal Constitucional.
Borràs, Mundó y Vila constituyen, para el juez instructor, un segundo nivel de responsabilidad dentro del armazón del proceso unilateral independentista: su auto de procesamiento les dedica apenas un párrafo atribuyéndoles la aprobación del Decreto 139/2017 de convocatoria del referéndum del 1 de octubre. Eso "muestra la eventual responsabilidad" de todos ellos.
En el caso de Santi Vila, exconseller de Empresa ha sido el único de los imputados que se ha pronunciado abiertamente y en público en contra del procés unilateral, lo que costó el puesto un día antes de la aprobación de la DUI pero con responsabilidad política durante la tramitación de las leyes que cuestiona Llarena. Abandonó la cárcel de Estremera el 3 de noviembre del año pasado después de pagar una fianza de 50.000 euros y hacer un llamamiento a que incluso el presidente Rajoy "tome cartas en el asunto".
Boya, "desatención" al Constitucional
La última en comparecer ante el juez Llarena será la única que, hasta la fecha, no ha renegado de la Declaración Unilateral de Independencia ni del procés unilateral en su declaración judicial: Mireia Boya, expresidenta del grupo de la CUP en el Parlament, está acusada de un delito de desobediencia por haber registrado la propuesta de Ley de Transitoriedad.
El magistrado Pablo Llarena atribuye la misma responsabilidad a Boya y a Anna Gabriel, fugada en Suiza: "Es evidente que la inconstitucionalidad del proceso es de notoriedad pública desde hace varios años", dijo el magistrado en su auto de procesamiento, añadiendo que su registro de la propuesta de Ley de Transitoriedad "puede entrañar la misma desatención a las decisiones del Constitucional a la que se ha hecho referencia anteriormente".