Artur Mas y Francesc Homs vuelven al banquillo por la consulta del 9-N
El expresident y varios exaltos cargos del Govern son juzgados por el Tribunal de Cuentas
Fiscalía y Abogacía del Estado piden que paguen los 5 millones de euros que costó la consulta
Madrid
Este miércoles arranca en el Tribunal de Cuentas el juicio por el gasto público que la consulta soberanista del nueve de noviembre de 2014 supuso para las arcas de la Generalitat de Catalunya: el expresident Artur Mas y varios miembros de su Govern comparecen con la Fiscalía exigiendo que paguen de su bolsillo los cinco millones de euros que costó montar una consulta por la que la mayoría ya han sido condenados por la vía penal.
El Tribunal de Cuentas estudia desde hace más de un año si los miembros del entonces Govern comprometieron 4,8 millones de euros de la Generalitat para organizar la consulta, que junto con las liquidaciones provisionales alcanzan la cifra final reclamada de 5,2 millones.
A la espera de que se dicte sentencia, el Tribunal de Cuentas ya ha embargado bienes suficientes a los acusados para hacer frente a las fianzas en caso de ser declarados responsables.
El proceso judicial de los próximos días, según explican fuentes del caso a la Cadena SER, debería consistir en interrogatorios "encorsetados" a los hechos, aunque sin descartar tanto preguntas como respuestas de carácter más político. La sentencia que resulte de este proceso podrá ser recurrida primero en apelación ante el propio Tribunal de Cuentas y después ante el Tribunal Supremo.
Sentencia firme
Tanto Artur Mas como Francesc Homs y las exconselleras Rigau y Ortega ya han pasado por el banquillo de los acusados, por la vía penal, para responder por la organización de esta consulta ilegalizada por el Tribunal Consticional. El Tribunal Supremo inhabilitó durante un año y un mes a Francesc Homs en marzo de 2017 atribuyéndole un delito de desobediencia grave, una condena que estudia ya el Constitucional.
Mas, Rigau y Ortega, por su parte, fueron inhabilitados también por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y están en la actualidad a la espera de sentencia firme por parte del Tribunal Supremo. La Fiscalía ha pedido que sus condenas sean confirmadas: la deliberación ha sido señalada para el próximo mes de noviembre.