El procés en el banquillo

Madrid

Este martes arranca en el Tribunal Supremo el juicio contra el procés unilateral con doce líderes independentistas en el banquillo. Las ramas política, parlamentaria y social del desafío al Estado se enfrentan a peticiones de condena que en algunos casos superan los setenta años de cárcel en uno de los juicios con mayor carga política de la historia de la democracia española. 

Con doce acusados y más de quinientos testigos, la macrocausa que dirigió durante un año el juez Pablo Llarena se ha transformado en un macrojuicio que discurrirá entre varias carreteras de circunvalación: las denuncias de proceso político de los acusados, pactos políticos pendientes de la sentencia y un partido político de ultraderecha convirtiendo el juicio en el mejor trampolín electoral. 

En lo estrictamente jurídico el debate está servido y todas las pruebas tiene por objetivo dejar negro sobre blanco hasta dónde llegó el desafío independentista de 2017 que culminó con la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre. ¿Hubo una violencia buscada y permitida? ¿ Se declaró efectivamente la independencia catalana o fue un acto simbólico? ¿Se desobedeció semana tras semana al Tribunal Constitucional? Rebelión, sedición, malversación, desobediencia o absolución. 

Ninguno de los siete magistrados y magistradas que juzgan el proceso tienen experiencia dictando sentencias sobre rebelión, y el único antecedente pasa por condenar a Artur Mas por desobediencia al convocar la consulta soberanista ilegal del 9 de noviembre de 2014. Y en el Tribunal Supremo recuerdan constantemente la existencia de la escala de grises: la conspiración para la rebelión o la sedición. 

Violencia o no violencia

El debate que ha copado las más de sesenta horas de interrogatorios ha sido el de la violencia: si los imputados alentaron y permitieron el uso de los catalanes como fuerza de choque en las calles para doblar el brazo al ejecutivo que dirigía entonces Mariano Rajoy, tanto en septiembre como en octubre de 2017. Un giro de última hora de la Abogacía del Estado - destitución mediante - llevó la acusación a la sedición, aunque por el momento la Fiscalía se mantiene firme en la rebelión. 

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En el Ministerio Público no dejan de recordar la posibilidad de que, una vez acabadas las declaraciones, las testificales y las periciales opten por variar su calificación de los hechos, aunque está por ver cómo justifican el cambio después de afirmar dentro de la sala una y mil veces que "ha concurrido el elemento de la violencia". Una clave de bóveda de la acusación por rebelión que las defensas intentarán combatir culpando al ejecutivo central de avocarles a la unilateralidad y a la Policía y la Guardia Civil de desatar la violencia en las calles de Catalunya. 

Las grietas

La investigación llevada en tiempo récord por Pablo Llarena ha llegado a juicio tapando vías de agua que, además de dar munición al independentismo para cargar contra el proceso, volverán a ponerse encima de la mesa del Tribunal Supremo: la fuga de Carles Puigdemont y el baile de euroórdenes de detención, la ausencia de una cantidad concreta de dinero público malversado y el cruce de caminos de la instrucción con las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017 con una decena de candidatos entre rejas. 

Está por ver qué protagonismo tienen todos estos elementos en el juicio y en la posterior sentencia: allí donde la Fiscalía no les otorga ninguna relevancia, las defensas de los acusados consideran que son elementos nucleares y parte de su argumentario en la búsqueda de la absolución. Los derechos fundamentales y políticos de los líderes independentistas y su posible vulneración acapararán buena parte del debate. 

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En el Tribunal Supremo tienen claro que todos los focos están puestos en el parque Villa de París y han optado por la estrategia de la máxima transparencia frente a las acusaciones de imparcialidad y oscurantismo. En un despliegue de medios inédito en sus más de 200 años de historia, el Tribunal Supremo sabe que no sólo dictará una de las sentencias con mayor incidencia política y social de la historia de España sino que se juegan un crédito minado después de escándalos como el del impuesto hipotecario o la reciente renovación fallida del Consejo General del Poder Judicial. 

Sin mítines políticos

Los líderes independentistas se enfrentan a condenas que, en el caso de Fiscalía y Abogacía del Estado, alcanzan los 25 años de presidio, y en el caso de la acusación popular de Vox supera los 70 años de cárcel. Un partido político que, por el momento, tiene una representación parlamentaria anecdótica a nivel nacional pero que se prepara para una cuota de pantalla más jugosa que cualquier campaña electoral: sus cabezas visibles intentarán tener en el juicio el protagonismo que no han tenido a lo largo de la investigación, apoyándose el juez en su criterio en apenas unas pocas ocasiones, teniendo siempre preferencia por la Fiscalía. 

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En el Tribunal Supremo no tienen intención de permitir mítines políticos por parte de abogados, testigos o acusaciones, al igual que no tienen la más mínima intención de acotar las declaraciones que se juegan pasar veinte años entre rejas. El objetivo sigue siendo, además, no solaparse bajo ningún concepto con las elecciones de próximo mes de mayo: si es necesario, el Tribunal Supremo celebrará sesiones los fines de semana.