La maratoniana jornada del juicio del procés este miércoles ha permitido que cuatro exmiembros del Govern de Carles Puigdemont hayan declarado ante el tribunal. Sin atisbos de que nadie quiera adherirse a la «vía Junqueras» de esgrimir argumentos netamente políticos para defenderse, los acusados de hoy han intentando compaginar el haber recibido personalmente los requerimientos del Tribunal Constitucional para no celebrar el referéndum con no haberlo frenado. No obedecer sin desobedecer. El exconseller de Territori, Josep Rull, ha justificado no haber seguido sin matices las indicaciones del Tribunal Constitucional primero y del Tribunal Superior de Catalunya después. La «falta de legitimidad moral» del tribunal de garantías, ha dicho, es «un elemento que se tiene que poner en valor» al considerar que ha sido «sistemáticamente instrumentalizado por el Gobierno del Estado» contra la Generalitat y el Parlament. La misma balanza, con las órdenes judiciales en un lado y sus propios criterios en el otro, aplicó a la indicación del TSJ catalán de no permitir el referéndum e incautar el material, en este caso entendiendo que si el 9-N de 2014 pudo celebrarse, el 1-O también podía ser. Intentaron «buscar esta ponderación cuando teníamos el antecedente del nueve de noviembre». No obedecer sin desobedecer, porque todos han negado haber desobedecido los mandatos del Tribunal Constitucional, incluso los que no están acusados de desobediencia al centrarse en este aspecto buena parte de los interrogatorios de Fiscalía y Abogacía del Estado. Obediencia por omisión según Dolors Bassa: «Tampoco hice nada para no cumplirlas las sentencias del Tribunal Constitucional, me las notificaron pero ahí se quedaron», ha dicho. El referéndum, ha añadido Mundó, «no incumple» lo ordenado por la Justicia. Después de varios días escuchando cómo los acusados - por ejemplo, Jordi Turull - restaban efectividad a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), hoy ha sido una afectada Meritxell Borràs la que ha sentenciado: «Una expresión política pero que no tenía consecuencias jurídicas». Una defensa ante las acusaciones de la Fiscalía, que cree que sí que «pretendían hacerla efectiva». Argumento similar al que ha desplegado la exconsellera Dolors Bassa preguntada por el referéndum, siendo la primera en reconocer que el objetivo no era traducir su resultado en la indepedencia de forma automática, tal y como exige el artículo 4 de la Ley del Referéndum. «Fue un acto más dentro de la legislatura, nunca fue concluyente y menos para la independencia», ha explicado. Nadie desobedeció, nada tuvo efectos prácticos y nadie sabe de dónde salieron las papeletas o las urnas del referéndum. Ha sido Josep Rull el que mejor ha dibujado la idea de que ningún imputado se va a hacer responsable de la logística del referéndum que, según la Fiscalía, costó una cantidad concreta de dinero a las arcas públicas catalanas. «Desconozco donde se imprimieron, pero estar estaban», ha dicho sobre las papeletas. Ha afirmado que las vio por primera vez ese día, la Abogada del Estado le ha preguntado que cómo es posible que afirmase públicamente que existían: «Estaba convencido de que las habría», ha contestado. La Fiscalía calcula que la Generalitat gastó 979.661,96 euros en papeletas, el censo electoral y las citaciones de las mesas,