La Justicia reconoce que la venta de vivienda pública a fondos buitre quebró "la protección social"
Una segunda sentencia del TSJ de Madrid anula la venta de vivienda pública por parte del IVIMA en 2013
En este caso revoca una resolución que había dado la razón a la Comunidad de Madrid en primera instancia
Manifestación anti desahucios en Madrid / Alberto Pozas
Madrid
La venta de casi 3.000 viviendas públicas de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre en 2013 no sólo fue irregular: también quebró "la protección social" de las personas que vivían en ellas. En esos términos se expresa el Tribunal Superior de Justicia de la capital en una sentencia en la que da la razón a uno de los inquilinos afectados por la enajenación, confirmando que el ejecutivo regional madrileño se saltó las normas para vender su parque de vivienda pública.
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Se trata de la segunda sentencia que dicta la sección octava de lo contencioso-administrativo en este sentido en las últimas semanas después de la primera dictada en segunda instancia a la espera de saber si el caso llega hasta el Tribunal Supremo. En este segundo caso, llevado por los abogados Felipe Alonso, Alejandra Jacinto y Manuel San Pastor de la Plataforma de Afectados por Vivienda Pública (PAVPS), el TSJ de Madrid revoca una resolución favorable a la Comunidad de Madrid, cerrando la puerta a la esperanza del ejecutivo regional.
En esta segunda sentencia, los magistrados y las magistradas son todavía más contundentes contra la operación que encabezó el ejecutivo de Ignacio González y que terminó con 2.935 viviendas públicas en manos de un fondo. "Es evidente la infracción del principio de innecesariedad" en la venta, algo que "ha traído consigo una quiebra de la protección social de estos grupos de personas, colectivos favorecidos con el disfrute de viviendas de protección pública".
Dos sentencias favorables por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid indican que, en caso de que la Comunidad quiera seguir recurriendo, la palabra definitiva la tendrá el Tribunal Supremo. La hipotética ejecución de estas sentencias no llegará hasta que sean firmes, y por tanto hasta que el alto tribunal decida si efectivamente la Comunidad declaró innecesarias las viviendas públicas de forma injustificada.
Causas paralelas
Las reclamaciones de los afectados por la vía contencioso-administrativa discurren en paralelo a otras causas judiciales que también estudian la venta de vivienda pública a fondos buitres en Madrid. Recientemente, tal y como adelantó Radio Madrid, la Justicia ha bloqueado la venta libre de la que fue vivienda pública del Ayuntamiento a la espera de un juicio por la vía penal contra los responsables de la operación en el ámbito municipal después de una demoledora sentencia del Tribunal de Cuentas.
Manifestación contra los fondos buitre / Cristina del Casar
La enajenación de la vivienda perteneciente al entonces IVIMA ha corrido distinta suerte: el juez, sin dejar de destacar las irregularidades en la operación, decidió archivar el caso contra los exresponsables a la espera de una decisión firme por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.
