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Lunes, 25 de Mayo de 2020

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Políticos aforados que sí acudieron a declarar al Supremo sin pedir el suplicatorio

Más de una decena de diputados y senadores desde 2010 han acudido voluntariamente sin necesidad de suplicatorio

Laura Borràs es la primera aforada en más de una década que no acude voluntariamente ante el Supremo

Francesc Homs, Luis Bárcenas, María José García-Pelayo, Nacho Uriarte, José Antonio Viera y Pilar Barreiro

Francesc Homs, Luis Bárcenas, María José García-Pelayo, Nacho Uriarte, José Antonio Viera y Pilar Barreiro / Getty / EuropaPress / EFE

El juez Eduardo de Porres, del Tribunal Supremo, ha puesto en marcha la petición de un suplicatorio al Congreso para poder tomar declaración como imputada a la diputada Laura Borrás. Acusada de adjudicar de forma irregular casi una veintena de contratos menores a un empresario cuando estaba al frente del Instituto de las Letras Catalanas, Borràs es la primera aforada que no acude a declarar voluntariamente - como permite el artículo 118 bis de la Ley de Enjuciamiento Criminal - en más de una década, aunque el Supremo ha tenido que pedir decenas de suplicatorios para juzgar diputados y senadores.

Francesc Homs. El Tribunal Supremo pidió un suplicatorio para sentar al entonces diputado y portavoz del PdeCat por la consulta soberanista ilegal del 9-N pero previamente había declarado de forma voluntaria el 19 de septiembre de 2016. El Congreso aprobó el suplicatorio con 248 votos a favor (PP, PSOE y Ciudadanos) y 91 en contra (Podemos, ERC, PNV, PdeCat, Compromís y EH Bildu) y Homs fue finalmente condenado a un año y un mes de inhabilitación por desobediencia.

Francesc Homs acude al Tribunal Supremo a declarar / Getty Images

Rita Barberá. El Tribunal Supremo imputó a la entonces senadora y exalcaldesa de València por el ‘pitufeo’ del PP valenciano y ella acudió voluntariamente a declarar el 21 de noviembre de 2016. Su responsabilidad penal quedó extinguida y la causa archivada después de su fallecimiento dos días después en Madrid.

Alberto Rodríguez. El diputado y secretario de organización de Podemos fue a declarar voluntariamente al Tribunal Supremo en abril de 2018 sin necesidad de pedir un suplicatorio, acusado en ese momento de agredir a un policía local en San Cristóbal de La Laguna hace más de una década. La causa fue posteriormente archivada por prescripción de los hechos.

Alberto Rodríguez tras declarar en el Supremo / Alberto Pozas

Pilar Barreiro. La exalcaldesa de Cartagena y senadora por el PP, Pilar Barreiro, fue imputada en el Tribunal Supremo por una de las ramas de la ‘trama Púnica’. Acudió a declarar voluntariamente en enero de 2018 y la magistrada Ana Ferrer archivó la causa contra ella nueve meses más tarde.

Barreiro acude al Supremo acompañada de sus abogados / Luca Piergiovanni (EFE)

María Jesús García-Pelayo. La exalcaldesa de Jerez y diputada del PP por Cádiz fue imputada por el Tribunal Supremo por los negocios de la trama Gürtel en la localidad y su representación en FITUR y declaró voluntariamente en febrero de 2016. El magistrado Antonio del Moral archivó la causa contra ella dos meses más tarde, y recientemente ha rechazado reabrirla como pedía la Fiscalía al entender que prevalece la prescripción de los hechos.

Elena Diego. La exalcaldesa socialista de Villamayor y exsenadora Elena Diego llegó a ser juzgada y absuelta por el Tribunal Supremo en 2015 por supuestas irregularidades en la contratación de dos monitoras cuando estuvo al frente del municipio salmantino. Declaró voluntariamente en fase de instrucción como imputada en febrero de 2013 y el Senado autorizó el suplicatorio en octubre de ese mismo año en votación secreta, pero con la petición expresa de Diego de que fuese aprobado.

Antonio Gutiérrez Limones. El exalcalde socialista de Alcalá de Guadaira y diputado Antonio Gutiérrez Limones declaró voluntariamente como imputado en el Supremo en febrero de 2018 acusado de liderar el saqueo de una empresa municipal. El Supremo archivó la causa contra él dos meses más tarde.

Gutiérrez Limones a su llegada al Tribunal Supremo / Ballesteros (EFE)

Diego Cañamero. El ahora diputado de Unidas Podemos por Jaén y exalcalde de El Coronil ha sido investigado dos veces en los últimos años por el Tribunal Supremo por diversos altercados durante protestas sindicales en Andalucía. Ambas causas terminaron siendo archivadas, aunque el ahora diputado de la formación morada llegó a plantar al juez Andrés Martínez Arrieta, pero el Supremo no llegó a pedir ningún suplicatorio contra él antes de archivar los casos. En 2011, cuando estaba al frente del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Cañamero se declaró “insumiso judicial” y anunció que sólo acudiría “detenido y esposado” a un juicio.

José Blanco. El exministro y exdiputado del PSOE compareció voluntariamente ante el Tribunal Supremo en enero de 2012 para declarar como imputado en el conocido como ‘caso Campeón’ acusado de favorecer a una empresa farmacéutica a cambio de 200.000 euros entregados a un familiar en una gasolinera. El instructor José Ramón Soriano propuso tramitar un suplicatorio para juzgarle en junio de 2013 pero dos semanas después la sala de lo penal archivó el caso por falta de pruebas.

José Blaco en su comparecencia ante el Tribunal Supremo / Javier Lizón (EFE)

Luis Bárcenas y Jesús Merino: en los primeros compases del caso Gürtel el Tribunal Supremo asumió la causa contra Luis Bárcenas y Jesús Merino, en ese momento senador y diputado del PP respectivamente. La declaración de ambos en julio de 2009 fue voluntaria y el instructor, Francisco Monterde, pidió el suplicatorio poco después aunque devolvió la causa en mayo del año siguiente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid después de que ambos renunciaran a sus escaños. Fueron condenados en 2018 en la sentencia de la Audiencia Nacional.

Imputados de los ERE: el Tribunal Supremo asumió durante un tiempo parte de la investigación contra los máximos responsables políticos del caso de los ERE en Andalucía con José Antonio Griñán, Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera en la lista de imputados. Todos acudieron voluntariamente a declarar en abril de 2015 ante el juez Alberto Jorge, que llegó a plantear el suplicatorio contra varios de ellos, pero devolvió el asunto al juzgado de Sevilla cuando todos perdieron su aforamiento tras dejar sus respectivos cargos.

Nacho Uriarte: el expresidente de Nuevas Generaciones y entonces diputado por Valencia en el Congreso, Nacho Uriarte, fue condenado en enero de 2011 por el Tribunal Supremo a una multa de 2.400 euros y retirada del carnet de conducir por ir borracho al volante. El juez instructor, Joaquín Giménez, pidió el suplicatorio antes de llamarle a declarar en diciembre de 2010 sin que conste que lo hiciese antes de tener el permiso de la cámara baja.

Uriarte en una imagen de archivo / Sergio Barrenechea (EFE)

Arsenio Pacheco: el exdiputado por Murcia del Partido Popular también fue condenado en diciembre de 2011 por tener un accidente mientras iba bebido al volante. Pacheco compareció voluntariamente ante el instructor Andrés Martínez Arrieta en febrero de ese año, aunque después el Congreso de los Diputados tramitó y aprobó un suplicatorio para poder juzgarle.

Manuel Hurtado: el exsenador y exalcalde de la localidad murciana de Ceutí compareció voluntariamente en julio de 2011 en el Tribunal Supremo por supuestas irregularidades en la construcción de un complejo deportivo cuando era regidor. La causa volvió a un juzgado de Molina de Segura un año más tarde al dejar su acta y a día de hoy sigue a la espera de juicio en los tribunales murcianos.

Miguel Zerolo: el exsenador de Coalición Canaria ha pasado varias veces por el Tribunal Supremo en los últimos años aunque dejó su acta y perdió su aforamiento en diciembre de 2014. En el caso conocido como ‘las Teresitas’ Zerolo compareció voluntariamente ante el juez Juan Ramón Berdugo aunque el caso fue devuelto a los tribunales canarios. Previamente fue condenado por el Supremo por otro caso siendo aún senador, el caso ‘Gacía Cabrera’, teniendo que pedir el instructor un suplicatorio para juzgarle pero no para interrogarle. También declaró en 2014 por su posible implicación en el supuesto cobro de dádivas descubierto en la documentación del caso Fórum: el juez no tuvo que pedir el suplicatorio para que viniera y archivó la causa a finales de año por falta de pruebas.

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