Dos años de Consejo en funciones: nombramientos, crisis y hartazgo

Madrid

Este viernes el Consejo General del Poder Judicial cumple dos años en funciones con su renovación en el aire y el hartazgo por la falta de acuerdo protagonizando la mayoría de sus decisiones. Dos años en los que el organismo que preside Carlos Lesmes ha nombrado o renovado en su puesto a casi sesenta altos cargos judiciales a falta de un último pleno en el que, salvo cambio de última hora, también habrá votaciones.

La renovación del órgano de gobierno de los jueces saltó por los aires en noviembre de 2018 cuando salieron a la luz los mensajes enviados por el senador del PP, Ignacio Cosidó, a sus compañeros de bancada presumiendo del acuerdo alcanzado. Manuel Marchena, presidente de la sala de lo penal del Supremo, era el candidato de consenso a presidir el Consejo y para Cosidó eso les permitía "controlar desde detrás" el alto tribunal.

La posible candidatura de Marchena ardió instantáneamente y el propio magistrado emitió un comunicado desmarcándose de este asunto y renunciando a presidir el órgano de gobierno de los jueces. Para entonces los candidatos a vocal ya habían pasado por el Congreso y los vocales salientes incluso se habían despedido del personal del CGPJ y se habían llevado sus cosas en cajas que tuvieron que deshacer unos días después.

Desde entonces el debate ha estado vivo en el seno del órgano de gobierno de los jueces. Un sector defiende que su obligación constitucional es seguir adelante con los nombramientos hasta que haya renovación, criticando con dureza las reformas propuestas en las últimas semanas por los socios del Gobierno de coalición. Otro sector, en el que alguna voz solitaria apuesta por la dimisión en bloque de todos los vocales, considera que estos nombramientos deben paralizarse.

Casi 60 nombramientos

La nómina de nombramientos del actual Consejo desde diciembre de 2018 deja una cuenta, por el momento, de 57 altos cargos judiciales y otros 20 más en tribunales militares. Según las actas de los 24 plenos celebrados desde entonces el órgano de gobierno en funciones ha nombrado 13 nuevos jueces del Tribunal Supremo, renovado la presidencia de sus cinco salas, nombrado presidentes en 16 Audiencias Provinciales, en 8 Tribunales Superiores de Justicia y también renovado la presidencia de la Audiencia Nacional. En el caso extremeño incluso ha dado tiempo a renovar a una magistrada al frente de una Audiencia Provincial y después nombrarla presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

La mayor parte de estos nombramientos (43) se produjeron a lo largo de 2019, siendo menor el ritmo este año entre las consecuencias del coronavirus y los parones ordenados por el presidente cuando el acuerdo parecía estar cerca. Ahora, según fuentes del Consejo, el compromiso es retomar algunos nombramientos para el pleno de este 17 de diciembre y dejar algunos más para enero: hay hasta 7 plazas pendientes de renovar en el Supremo y una presidencia, la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que lleva atascada desde hace prácticamente un año.

Crisis en el CGPJ

Los números son abultados pero sólo ligeramente mayores a los protagonizados por el CGPJ cuya renovación también estuvo atascada dos años entre noviembre de 2006 y septiembre 2008, del que formaron parte como vocales el ministro Juan Carlos Campo y el consejero madrileño Enrique López, que negocian la renovación en la actualidad. Hasta que salió adelante la candidatura de Carlos Dívar se nombraron 32 altos cargos, una tercera parte de ellos en el Tribunal Supremo: nombres como Manuel Marchena, Pilar Teso, Luciano Varela o Luis Díez-Picazo entraron en el alto tribunal gracias a un Consejo en funciones.

Ampliar

En este último mandanto que cumple hoy siete años no sólo se han nombrado jueces en la prórroga: se ha aprobado una decena de informes sobre leyes, se han prorrogado y nombrado cargos internos del CGPJ necesarios para su funcionamiento y se han afrontado situaciones críticas como la declaración de idoneidad de Dolores Delgado, la reforma propuesta por PSOE y Podemos o la no asistencia del Rey Felipe VI a la última entrega de despachos.