Pontón ve "intolerable" que el Estado no recurra el fallo de Meirás que "branquea o franquismo"

A Coruña

Sigue el revuelo político por la decisión del Gobierno central de no recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial que establece una compensación económica a la familia Franco por el mantenimiento del Pazo de Meirás. La última en posicionarse ha sido la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que considera intolerable que no se recurra un fallo que, señala, blanquea al franquismo y humilla a cualquier demócrata.

"É intolerable que haxa que indemnizar aos Franco despois de ter usado durante corenta anos un pazo roubado aos galegos e galegas, un pazo no que a familia do ditador estivo de okupa para o seu proveito e para o seu beneficio persoal, un ben dos e das galegas e se alguén tiña que pagar algún tipo de indemnización é a familia Franco", señaló la portavoz del Bloque.

Pontón insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dar instrucciones a la Abogacía del Estado para que presente un recurso ante el Tribunal Supremo, en lugar de asumir un fallo que propone una compensación a quien ocupó durante décadas un bien público.

"É sorprendente e inaudito que o Goberno de Sánchez renuncie a presentar recurso ante unha sentenza que branquea o Franquismo, porque asumir que hai que indemnizar á familia Franco é un branqueo e unha humillación para calquera demócrata. E por iso desde o Bloque pedímoslle ao Executivo central que rectifique e que dea instrucións á avogacía do Estado para que recorra unha sentenza que é intolerable, que repugna a calquera demócrata e que supón un branqueo do Franquismo", demandó.

La portavoz del BNG también se dirige al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para que ordene a sus servicios jurídicos la preparación de un recurso contra esta sentencia.

Unidas Podemos lo ve "un terrible error"

El diputado de Galicia En Común-Unidas Podemos, Antón Gómez-Reino, considera un "terrible error" que el Gobierno central haya decidido no recurrir la sentencia sobre el Pazo de Meirás que obliga al Estadora compensar económicamente a los herederos del dictador Francisco Franco por el uso del complejo de Sada desde 1975.

"La ciudadanía gallega ya pagó el Pazo de Meirás en el año 1938. Con la indemnización que establece esta sentencia los volvería a pagar una segunda vez por un bien que, como muchos otros, expolió el dictador durante los años del Régimen", ha sentenciado Gómez-Reino, según recoge un comunicado.

Para el parlamentario, es necesario "ir hasta el final contra los expoliadores de lo público" por lo que tacha de "incomprensible" que "se pueda avalar la tesis" de que no existió mala fé por parte de la familia Franco, como sentencia el fallo judicial que el Ejecutivo central, del que forma parte Unidas Podemos, ha decidido no recurrir.

"Hay que llegar al final de este proceso contra el expolio de lo público que hizo con total impunidad durante décadas a familia Franco. Hace falta recurrir y evitar que se sienta un precendente que altere otros procesos de recuperación de otros inmuebles del patrimonio público", ha incidido Gómez-Reino.

Voces críticas en el PSOE

Hasta el momento, el Gobierno gallego se mantiene en línea con el central mientras que las voces discordantes con la posición del Estado llegan desde las propias filas socialistas. Primero fue el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, el que censuró que haya que indemnizar a los herederos del dictador. Después el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, señaló que la sociedad valoraría todos los esfuerzos por evitar esa compensación. En las últimas horas, también la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha subrayado que los servicios jurídicos municipales estudiarán las posibilidades de recurso al entender que la indemnización sería ofensiva.

El Gobierno central ha aludido a motivos estrictamente jurídicos para explicar por qué no va a recurrir la sentencia. El Ejecutivo explica que las pruebas que aportaron para demostrar la mala fe de la familia del dictador fueron rechazadas por la Audiencia Provincia. Esas pruebas no las puede elevar ahora al Tribunal Supremo y sin esas pruebas, dice el Gobierno, el recurso no es viable.