Los 56 acusados de pertenecer al entorno de ETA responderán sólo a sus abogados

La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional comenzó a celebrar el lunes el macrojuicio contra el entorno de ETA con el interrogatorio de los acusados. Los abogados de la defensa han intentado una y otra vez paralizar la vista oral y finalmente lo han conseguido, al séptimo intento. Faltaba un papel y la vista ha quedado suspendida hasta el martes.

En total serán 56 los miembros de la izquierda aberzale que serán procesados por su presunta vinculación con la banda terrorista y por varios delitos fiscales y contra la Seguridad Social.

Entre las cuestiones alegadas para la suspensión destacó la del letrado Iñigo Iruin, que consideró que la Sala debía haber resuelto un recurso de súplica interpuesto por las defensas el pasado viernes contra el rechazo por parte del tribunal de un incidente de recusación contra varios peritos que comparecerán en la vista a petición de las acusaciones.

Después de más de 50 minutos de deliberaciones, la presidenta de la Sección Tercera, Angela Murillo, hizo público el rechazo del tribunal a las alegaciones de la defensa que pedían la suspensión. En concreto, en lo relativo al incidente de recusación, Murillo explicó que contra el auto del pasado viernes, que consideró "extemporánea" la citada petición, no cabía recurso. Los abogados protestaron esta decisión a efectos de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El primer acusado en declarar, el dirigente de KAS Bixente Askasibar, para quien el fiscal pide 15 años de prisión por un delito de integración en ETA, se negó a contestar a las preguntas del fiscal del caso, Enrique Molina, y de la acusación popular que ejerce la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). Askasibar consideró que es un "juicio político".

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Ante la negativa del acusado, el fiscal procedió a leer las 94 preguntas que tenía pensado hacerle. Emilio Murcia, abogado de la AVT, también procedió a leer las preguntas que tenía previsto realizarle.

1.000 años de prisión

El Fiscal encargado del caso, Enrique Molina, pide para todos ellos más de mil años de prisión. El juicio se celebra en el pabellón que la Audiencia tiene en la Casa de Campo de Madrid durante el lunes, martes y miércoles en sesiones de mañana y tarde.

En el banquillo se sientan los responsables de KAS y Ekin (considerados aparatos políticos de la banda terrorista) y del aparato internacional, Xaki, así como de la Fundación Joxemi Zumalabe, que promovió distintas iniciativas encaminadas a la desobediencia civil, como la utilización del DNI vasco.

Es el juicio más importante de los realizados contra el entorno de ETA, no sólo por el número de acusados, sino también por abarcar a todas las principales plataformas de la izquierda abertzale.

Condenados por asociación ilícita

Fuentes de la Audiencia señalaron que es la vista oral celebrada en España en el que más personas se sentarán en el banquillo. Las causas contra Batasuna, Gestoras pro Amnistía y Jarrai-Haika-Segi se han investigado en otros procedimientos y se han empezado a juzgar independientemente.

De hecho, los responsables de las organizaciones juveniles abertzales ya fueron juzgados y condenados por asociación ilícita, pero no terrorista. Gestoras pro Amnistía se juzgará cuando termine el juicio contra Ekin, que se prevé que dure entre cuatro y cinco meses.

El sumario del caso, 18/98, compuesto de 600 tomos que suman más de 200.000 folios, fue iniciado por el juez Baltasar Garzón con la clausura del diario "Egin" el 15 de julio de 1998 y en el mismo se investigaron distintas formas de financiación de ETA a través de empresas y sociedades de la izquierda abertzale.