El Tribunal Supremo y el CGPJ acorralan a Garzón

El juez Luciano Varela resuelve en un tiempo récord los recursos que tenía pendientes para dictar auto de apertura de juicio oral contra el magistrado de la Audiencia Nacional. El Poder Judicial convoca un pleno extraordinario el próximo viernes para suspenderle temporalmente de funciones e impedir el traslado que había solicitado a la Corte Penal Internacional

El próximo viernes puede ser el último día de Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional. Un pleno extraordinario del Poder Judicial estudiará si le aparta temporalmente de funciones después de que Luciano Varela haya decidido sentarle en el banquillo por haber investigado los crímenes del franquismo. Ese es el acuerdo que ha adoptado la Comisión Permanente, después de que así se lo hayan solicitado siete vocales elegidos a propuesta del PP al Presidente del Consejo, Carlos Dívar.

La Comisión Permanente ha acordado además admitir a trámite la petición del juez de la Audiencia Nacional para su traslado a La Haya. En este sentido, ha pedido al Ministerio de Exteriores que emita su opinión mediante el preceptivo informe, al servicio de inspección que le indique en qué estado se encuentra el juzgado central de instrucción número 5 y a la fiscalía de la Corte Penal Internacional que le concrete las funciones que va a tener encomendadas Garzón. Fuentes consultadas por la SER descartan que se termine concediendo este permiso, ya que lo previsible es que se le aparte del servicio el próximo viernes.

El sprint de Varela

El juez Luciano Varela ha dictado un auto de apertura de juicio oral por un presunto delito de prevaricación, durísimo con el Ministerio Fiscal que pedía el archivo de la causa. Además, ha confirmado la exclusión de Falange del proceso y ha rechazado el recurso de Garzón contra la negativa a practicar las pruebas que solicitó. El juez resuelve todo lo que tenía pendiente sólo unas horas después de que Baltasar Garzón anunciara su deseo de trasladarse a la Corte Penal Internacional.

Luciano Varela explica en su auto a la Fiscalía que la acusación popular, en este caso Manos Limpias, tiene legitimidad para que se abra juicio oral. En este sentido escribe que el fiscal "omite, olvida o ignora" que esta es la tesis que ha avalado el Tribunal Supremo en distintas sentencias. Alguna como la del caso Ibarretxe que "por la trascendencia pública asociada a las responsabilidades políticas de los acusados, es difícil de explicar cómo le ha podido pasar desapercibida"