Hacienda podrá retener ingresos a los ayuntamientos que no cumplan con los proveedores

El ministerio que dirige Cristóbal Montoro podrá congelar la transferencia de algunos impuestos que recauda la Agencia Tributaria en nombre de los consistorios. La retención podrá afectar a varios ejercicios fiscales

El balón de oxígeno que el Consejo de Ministros ha lanzado a los proveedores de los ayuntamientos, que acumulan facturas impagadas en sus balances, no va a ser necesariamente un alivio gratuito para las castigadas cuentas de los consistorios. El Real Decreto-Ley 4/2012, que publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE) deja de hecho algunas sorpresas que no se anunciaron ayer en Consejo de Ministros, pero que van a afectar notablemente a la autonomía fiscal de los ayuntamientos.

Los municipios que no se acojan al programa o aquellos que, aunque participen, incumplan las condiciones establecidas podrán ver hipotecado el futuro de sus cuentas públicas. En estos casos el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas "efectuará las retenciones que procedan con cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer su participación en los tributos del Estado", dice el texto publicado en el BOE en su artículo 11. Es decir, la Administración General del Estado podrá congelar esas transferencias a las cuentas municipales. Una decisión que además podría prolongarse a varios ejercicios más allá de 2012.

"Es una medida fuerte. Esas deudas muchas veces no responden a una mala gestión, sino que responden a la crisis económica y a un sistema de financiación que no es del todo adecuado", asegura Nuria Bosch, catedrática del Departamento de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona. "Se trata de la estrategia del palo y la zanahoria", concluye.

Pero ese no es el único palo que incluye el Real Decreto. El otro afecta directamente a la capacidad de inversión de los ayuntamientos. Tras el Consejo de Ministros ya se anunció que los gobiernos locales tendrán que presentar un plan de austeridad a Hacienda, que deberá darle el visto bueno. Lo que no se conocía es que aquellos que no consigan equilibrar las cuentas no podrán financiar nuevas inversiones durante el periodo de duración del préstamo mediante la emisión de nueva deuda.

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También hay novedades para los proveedores que reclaman esos impagos. Hasta ahora se conocía que tendrían prioridad las facturas más antiguas y aquellos acreedores que admitan una quita, es decir, que condonen parte de esa deuda al moroso. A esta lista se suman ahora las cantidades reclamadas ante la justicia antes del 1 de enero de 2012.

La publicación en el BOE deja nuevos detalles sobre esta medida, aunque uno de los más determinantes -las condiciones de los préstamos a los municipios por parte de las entidades financieras- sigue pendiente de concreción. Falta conocer aún qué tipo de interés aplicarán bancos y cajas a esos créditos y, también, a qué plazo se concederán. Sólo se sabe que será "a largo plazo". Sobre este asunto el Real Decreto deja la última palabra a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, un organismo presidido esta legislatura por el propio Presidente del Gobierno, por Mariano Rajoy.