El Poder Judicial cuestiona la amnistía fiscal que propone Gallardón

La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial vota este lunes un informe muy crítico sobre la amnistía fiscal que quiere incluir el Ministerio de Justicia en la reforma del Código Penal. El documento que firma Claro José Fernández, vocal propuesto por el PP, considera que "no es una medida necesaria que además prolonga artificialmente el momento inicial de la prescripción".

El Ministerio de Justicia quiere que la reforma del código penal contemple la amnistía fiscal. Ningún ciudadano cometerá delito fiscal, siempre que regule su situación con Hacienda antes de que se hayan iniciado contra él actuaciones de comprobación o de investigación. El objetivo de esta modificación es el de "evitar denuncias innecesarias que desincentivan regularizaciones espontáneas y saturan los trámites de procesos abocados al archivo"

Una medida que no ha gustado mucho en el Consejo del Poder Judicial. El informe de la comisión de estudios considera que ponerse al día con Hacienda antes de que se haya abierto una investigación no debe operar de forma automática como causa de "exención de la responsabilidad penal" y debe reconducirse al terreno de "excusa absolutoria". De esta forma, se habría cometido delito y se habría señalado al culpable pero un comportamiento positivo posterior permite que no haya reproche penal. La amnistía fiscal, dice el informe, "no es necesaria".

El documento que firma el vocal propuesto por el PP, Claro José Fernández, añade que esta reforma genera "incertidumbre". A partir de ahora el delito fiscal no se comete solo cuando el sujeto haya defraudado al fisco, sino que además hace falta que no haya regularizado su situación. El informe señala que este es "un acontecimiento de futuro, ajeno a la conducta del infractor" que deja el cómputo de la prescripción del delito "al albur de la decisión de iniciar actuaciones de comprobación e investigación, lo que no se ajusta a la exigencia de seguridad jurídica, ni se compadece con los principios de certeza y seguridad".

Sanciones penales a los políticos

La amnistía fiscal no es el único apartado de la reforma del código penal al que el Poder Judicial pone pegas. También se las lleva la reforma que pretende sancionar penalmente a los cargos públicos que gasten el dinero público que no tienen presupuestado. Según el documento del Consejo, la reforma debería sancionar la realización por parte del cargo público "de gastos sin habilitación presupuestaria". Sin embargo se limita a "extender a las entidades públicas el delito de falseamiento contable previsto para las privadas". Además, concluye, este nuevo delito podría convertirse "en un tipo privilegiado que impida, debido al principio de especialidad, la aplicación del artículo 390 del código penal" que incluye penas "más severas, incluida la privativa de libertad" para delitos de falsedad.