El juez aprecia catorce indicios para imputar a la infanta Cristina

El juez José Castro ha citado a declarar a la única integrante de la junta directiva del Instituto Nóos que no lo había hecho hasta ahora. La infanta Cristina lo hará, al igual que el resto de miembros, en calidad de imputada. La citación se produce de oficio sin que ninguna acusación lo pidiera, después de que el juez haya advertido hasta catorce indicios para concluir que la hija del rey formaba parte de la entidad sin ánimo de lucro por su condición de miembro de la Casa Real y para conseguir un trato "generoso y privilegiado" de la Administración Pública y de empresas privadas.

El juez que investiga las millonarias subvenciones que recibió el Instituto Nóos de los gobiernos de Jaume Matas y Francisco Camps ha citado a declarar en calidad de imputada a la infanta Cristina el próximo 27 de abril. José Castro la considera cooperadora necesaria de los delitos que se le atribuyen a Iñaki Urdangarin y a su exsocio, Diego Torres, y se basa para ello en que era vocal de la entida sin ánimo de lucro y copropietaria de Aizóon, empresa que compartía con su marido y a través de la cual se desviaron una parte de los seis millones de euros que recibió Nóos de las arcas públicas.

El juez subraya que el Instituto Nóos no incorporó a la infanta Cristina y a su secretario personal, Carlos García Revenga, por sus "capacidades" sino que "todo parece indicar que su única función era la de una utilitarista figuración", dada su condición de miembros de la Casa Real. Añade que "al igual que Diego Torres y Miguel Tejeiro hicieron valer en su carta de presentación los méritos académicos, "se buscaba que Doña Cristina y Carlos García Revenga hicieran lo propio con su tratamiento real".

Los indicios contra la infanta

El auto desgrana catorce indicios que hacen dudar que la hija del rey no supiera que eso era lo que estaba ocurriendo y que hacen necesario "despejar la incógnita" y evitar "el cierre en falso de la instrucción en descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos". Entre esos indicios figuran una carta de Iñaki Urdangarin anunciando que quiere constitutir el Instituto Nóos y que "cuenta con el conocimiento y apoyo de la infanta"; las reuniones que mantuvo con Jaume Matas, Francisco Camps y Rita Barberá en el Palacio de Marivent y en el Palacio de la Zarzuela; los últimos correos electrónicos aportados por Diego Torres y que demuestran que su marido consultaba con la hija del rey las actividades de la entidad; el cargo a la empresa Aizóon de las reformas de tres millones de euros en el Palacio de Perdralbes que les adelantó la Cadena SER o el papel de García Revenga. Dice el juez que como secretario personal estaba "obligado a tutelar y a asesorar a Doña Cristina" y que según la documentación que obra en la causa "parecía conocer las actividades que se estaban llevando a cabo en el Instituto Nóos".

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La Casa del Rey

Castro reconoce que estos indicios "aisladamente considerados carecen de peso suficiente para mantener la imputación" pero que "valorados en su conjunto" permiten inferir que la Infanta Cristina "prestara su consentimiento a que su parentesco con el rey fuera utilizado para propiciar un trato generoso por parte de empresas privadas y tan pródigo como privilegiado de las Administraciones Públicas en donde prescindían de los cauces y controles administrativos que eran de rigor, disfrutando con su marido de los beneficios obtenidos". Es, concluye, "más que dudoso que empresas e instituciones públicas se hubieran aquietado pacíficamente a las proposiciones de Iñaki Urdangarin y Diego Torres sin contar con el aparente y consensuado refuerzo de la Casa de SM el Rey".