Domingo, 05 de Diciembre de 2021

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El juez Castro decide el futuro judicial de Cristina de Borbón

El juez que investiga el fraude del Instituto Nóos decidirá este martes si vuelve a citar a declarar en calidad de imputada a la infanta Cristina

La infanta Cristina, en una imagen de archivo

La infanta Cristina, en una imagen de archivo / EFE

José Castro se ha llevado trabajo a casa esta Navidad. El juez que investiga los seis millones de euros de dinero público que Iñaki Urdangarin y Diego Torres desviaron, presuntamente, desde el Instituto Nóos a empresas de su propiedad ha estado trabajando en el auto que marcará el futuro judicial de la infanta Cristina. El juez dictaminará este martes si la hija del rey debe declarar o no como imputada al apreciar indicios de los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal que habría cometido junto a su marido a través de la sociedad Aizoon que los duques de palma comparten al 50%. Castro ha estado estos últimos ocho meses investigando el camino que le dejó abierto la Audiencia de Palma cuando revocó parcialmente la primera citación judicial. Los informes de la Agencia Tributaria no revelan que Cristina de Borbón haya cometido ilícito penal y los informes policiales solo han hallado el cargo a la sociedad de gastos personales. Anticorrupción recurriría, como ya hizo la primera vez, una nueva citación en calidad de imputada de la infanta Cristina.

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El juez Castro decidirá este martes si llama a declarar de nuevo a la infanta Cristina o la exonera de responsabilidad en el marco de la investigación que se sigue por el fraude del instituto Noos que obtuvo de los gobiernos de Jaume Matas y Francisco Camps seis millones de euros del erario público. Castro lo haría ocho meses después de la primera imputación que fue revocada parcialmente por la Audiencia de Palma que entendía que no había indicios de que ella participara en las actividades del Instituto Nóos, la entidad que dirigían Iñaki Urdangarin y Diego Torres.

Sin embargo, los magistrados abrieron la puerta al juez para que le investigara por los delitos de blanqueo y fraude fiscal que habría cometido a través de la sociedad familiar, Aizoon. Y eso es lo que ha venido haciendo el juez hasta ahora. No con mucho éxito. Los informes de la Agencia Tributaria apoyan las tesis del fiscal y exoneran a la infanta mientras que los informes policiales han revelado que Cristina de Borbón cargó pequeños gastos personales a la empresa a la que fue a parar casi un millón de euros procedentes del Instituto Noos.

Fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER apuntan a que Castro volverá a citarla porque compartía al 50% con su marido el control de Aizoon y a que es muy difícil de sostener que ella se mantuviera ajena a la actividad de la sociedad, tal y como asegura la agencia tributaria. Añaden que en esta ocasión la Audiencia de Palma tiene más difícil revocar la decisión porque el juez ha investigado aquello que le encomendó. La Fiscalía recurriría la imputación.

El mandato de la Audiencia de Palma

La Audiencia de Palma revocó parcialmente el pasado mes de mayo la primera citación en calidad de imputada de la infanta Cristina al desvincular a la hija del rey de la actividad del instituto Noos pero abrió una puerta al juez para que continuara con la investigación. La mayoría de la sala sostuvo que "no es descartable que haya cometido los delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública". La sala acusaba a la Agencia Tributaria de hacer un "levantamiento del velo parcial" respecto de la sociedad Aizóon.

El auto señalaba que Hacienda "solo atribuye la defraudación a uno de los socios cuando a partir del año 2006 Cristina de Borbón debería saber que Aizoon no era una sociedad de profesionales y que ella y su marido la utilizaban para defraudar (...) y que estaba en condiciones de impedir esa defraudación". La sala advertía, además, de que los ingresos públicos y privados de la sociedad matrimonial no se quedaron en la cuenta de la mercantil sino que hubo "disposiciones de dinero sucio para gastos particulares como la reforma de la vivienda familiar y que podrían constituir un delito de blanqueo de capitales".

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