Sábado, 21 de Mayo de 2022

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Cuando Europa saca los colores a España

Las altas instancias y organizaciones europeas y mundiales han dado numerosos toques de atención a España en los últimos tres años a través de sentencias, mandatos e informes críticos con nuestro país

En los últimos tres años, las altas instancias e instituciones europeas y mundiales han cuestionado activamente la actitud de nuestro país en el campo judicial, legislativo, industrial e incluso en materia de subvenciones. Sentencias de los Tribunales de la Unión Europea y de Derechos Humanos, informes y mandatos del Consejo de Europa e incluso de la OCDE han sacado los colores a España en materias como la 'doctrina Parot', la ley sobre desahucios, las ayudas a los astilleros o las insuficientes medidas utilizadas contra la corrupción.

El Consejo de Europa ha hecho público este miércoles un informe en el que ha expresado sus dudas sobre algunos aspectos de la corrupción, la transparencia y la independencia del Poder Judicial español. Una crítica abierta de los expertos del Grupo del Consejo de Europa sobre Corrupción (GRECO) a la falta de códigos éticos, la dependencia económica que la Fiscalía tiene del Ministerio de Justicia que compromete su independencia, y la percepción de que el Consejo General del Poder Judicial se trata de un órgano altamente politizado.

Pero no se trata, ni mucho menos, de la primera vez en la que Europa y otras altas instancias y organizaciones internacionales sacan los colores a nuestro país en materias legislativas, de subvenciones y ayudas o de prevención de la corrupción. Donde España ha dicho una cosa, el Tribunal de la Unión Europea, el de Derechos Humanos, la Comisión Europea o incluso la ONU han dicho la contraria. Condenas y mandatos que, en los últimos tres años, han supuesto severos toques de atención a nuestro país.

El final de la 'doctrina Parot': si ha habido una decisión de la justicia continental que ha sacudido la opinión pública española, esa ha sido la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 21 de octubre de 2013. A las once de la mañana de ese día, los jueces de la Gran Sala confirmaban que la justicia española había vulnerado los derechos fundamentales de la etarra Inés del Río por haber alargado su estancia en prisión de forma ilegal: indemnización de 30.000 euros para la que fuera destacado miembro del 'comando Madrid', orden de puesta en libertad y un puñetazo del que la denominada 'doctrina Parot' nunca llegó a recuperarse. Una sentencia larga en la que los jueces concluyeron que la justicia había aplicado la ley de forma retroactiva, aplicando incorrectamente el cálculo de redenciones de condena y, en definitiva, teniendo a decenas de presos entre rejas más tiempo del legal, vulnerando dos artículos del Convenio de Derechos Humanos. Un varapalo a la 'doctrina Parot' que, varios meses después, ha supuesto un goteo de excarcelaciones de condenados por pertenecer a ETA, GRAPO y varios delincuentes como Miguel Ricart, autor de los crímenes de Alcasser, o el 'violador del ascensor'.

La ley sobre desahucios no es legal: el 14 de marzo de 2013, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea caía como un meteorito en la vida española. Los jueces europeos establecían que la Ley Hipotecaria española es ilegal, por no proteger lo suficiente a los ciudadanos ante la banca y los procedimientos de desahucio. Una sentencia que supuso un balón de oxígeno para muchos afectados, y que dio un arma clave a los jueces españoles para suspender desahucios: un magistrado puede paralizar un proceso judicial de desahucio, aunque no existieran cláusulas abusivas en la hipoteca. Para el tribunal radicado en Luxemburgo, el régimen procesal español impide la protección que la Directiva europea da a los Consumidores.

Marzo de 2013 fue la fecha en la que Europa tumbó la ley española sobre desahucios, pero el drama de las familias puestas trajo consigo más sonrojos para España, tanto antes como después de la sentencia. Ya en noviembre de 2012 la abogada general de este Tribunal, Juliane Kokott, afirmó sin titubeos que la legislación española era "incompatible" con la normativa europea por desproteger a los consumidores al no permitir a un juez paralizar un desahucio.

Y poco después de conocer la sentencia de Luxemburgo, en junio de 2013, Europa clavó la banderilla definitiva en el lomo de la realidad española de los desahucios: el Parlamento Europeo nombraba "Ciudadano Europeo del Año" a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), un premio otorgado "a personas u organizaciones excepcionales que luchen por los valores europeos, promuevan la integración entre ciudadanos y los Estados miembros o faciliten la cooperación transnacional en el seno de la Unión, y a los que día a día tratan de promover los valores de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE". Candidatura propuesta por varios eurodiputados de Los Verdes e Izquierda Unida y que desató diversas opiniones contrarias en el seno del Partido Popular, que se opuso activamente a este premio: Carlos Iturgáiz, eurodiputado popular que un mes antes había llamado "dictadora" a Ada Colau, dijo entonces que "Hoy es Ada Colau y mañana Arnaldo Otegi". Raúl Romeva, europarlamentario de Los Verdes, alegó en Hoy por Hoy que otorgaban el premio "por promover la dignidad de las personas y la cohesión social".

Las ayudas a los astilleros: el mes de julio de 2013 traía una noticia nefasta para los astilleros españoles. La Comisión Europea, a propuesta de su vicepresidente Joaquín Almunia, instaba a España a devolver las ayudas que ilegalmente había proporcionado a los astilleros entre 2007 y 2011, subvenciones que debían devolver los inversores que financiaron la construcción de los buques pero no los propios armadores y astilleros. Europa entendió entonces que estas ayudas, nunca notificadas a Bruselas, violaban las normas de la Unión Europea por ser una "ventaja selectiva" a sus beneficiarios con respecto a sus rivales. Los astilleros cifraron en 87.000 los puestos de trabajo que entraban en zona de peligro con esta decisión. En los micrófonos de Hoy por Hoy, Almunia lanzaba un mensaje: "Hay que ser consciente de los riesgos que se asumen cuando se actúa de espaldas a la legislación europea".

Las presuntas torturas a Otamendi y la libertad de expresión de Otegi: dos sentencias viajaron desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2011 y 2012 para volver a sacar los colores, en este caso, a la justicia española. En la primera, el Tribunal condenó a España por no haber investigado las supuestas torturas que denunció Martxelo Otamendi, exdirector del periódico 'Egunkaria', clausurado por la justicia. Un escrito en el que Estrasburgo no entró a valorar si Otamendi había sido maltratado o no, pero en el que se concluyó que la no investigación de los hechos vulneró su derecho a no recibir un trato inhumano o degradante, contenido en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, recordando también que las detenciones bajo incomunicación deberían ser vigiladas de forma proporcional para evitar abusos sobre la integridad de los detenidos.

En aquella sentencia, España fue condenada a indemnizar a Otamendi con 24.000 euros. Un año más tarde, otra sentencia de Estrasburgo obligaba al Gobierno a indemnizar al líder de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, por haber sido condenado después de decir que el Rey de España es el "responsable de los torturadores". Estrasburgo entendió que la justicia española vulneró el derecho a la libertad de expresión de Otegi, obligando a España a indemnizarle con 20.000 euros por daños morales.

España incumple la directiva del agua: en octubre de 2013, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por incumplir la directiva marco del agua, vigente en el derecho comunitario desde el año 2000, en las cuencas hidrográficas comunitarias, aquellas cuyo cauce se encuentra en el interior de una comunidad autónoma. Europa consideró que nuestro país no había aplicado correctamente varias disposiciones de esta normativa, relativas a la prevención y reducción de la contaminación, la mejora de los ecosistemas acuáticos y el buen estado ecológico de los ríos.

Expediente a siete equipos de fútbol españoles: el pasado mes de diciembre, la Comisión Europea decidió abrir una investigación contra siete clubes de fútbol de nuestro país por sospechar que, supuestamente, habían estado recibiendo ayudas públicas de forma ilegal. Tres investigaciones pormenorizadas sobre distintas medidas de beneficios fiscales a estos equipos que "podrían vulnerar las normas comunitarias": exenciones fiscales, avales del Instituto Valenciano de Finanzas y la "muy ventajosa" permuta de terrenos otorgada por el Ayuntamiento de Madrid. Bruselas tiene dudas sobre si estas medidas encajan en las ayudas otorgables a las empresas en crisis. Poco después, el vicepresidente de la Comisión, Joaquín Almunia, no descartaba ampliar la investigación a las posibles deudas de los clubes con Hacienda. Recientemente, Bruselas también ha abierto una investigación sobre ciertas ayudas comunitarias otorgadas al sindicato UGT para financiar un proyecto de formación.

El acceso de los extranjeros a los puestos de funcionario: un informe del Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa fechado en enero de 2013 acusaba a España de incumplir la Carta Social Europea por impedir el acceso de ciudadanos extranjeros a puestos de trabajo de funcionario público. Para el Consejo, España "no utiliza todos los medios posibles para hacer efectiva la igualdad en el derecho de acceso de extranjeros a puestos públicos y a cursos de Formación Profesional por razón de nacionalidad", violando el derecho a la no discriminación de los extranjeros residentes legalmente en España al reservar para los nacionales los empleos públicos.

España no redujo la contaminación industrial: en noviembre de 2010, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por no aplicar correctamente la normativa comunitaria que tenía por objetivo principal reducir la contaminación de instalaciones agrarias e industriales. La Comisión Europea denunció que más de 500 instalaciones españolas no tenían la autorización medioambiental prescriptiva.

La Ley de Amnistía no debe ser utilizada en la investigación de los crímenes franquistas: rebasando las fronteras europeas, otras instancias e organizaciones internacionales no han dudado en señalar directamente algunas carencias legales y políticas de nuestro país. El 15 de noviembre de 2013, un grupo de expertos en desapariciones forzadas de Naciones Unidas criticaba abiertamente, después de pasar una semana recorriendo nuestro país, que España evitaba cualquier investigación sobre los crímenes franquistas esgrimiendo la Ley de Amnistía de 1977. En un contundente informe, Naciones Unidas denunciaba que la aplicación de esta Ley había creado un "patrón de lamentable impunidad", acusando también lagunas en el Código Penal español para investigar las desapariciones forzadas de la dictadura, y apuntando directamente a una falta de aplicación de la Ley de Memoria Histórica. En este mismo informe también se pedían más esfuerzos a España para investigar los robos de bebés y se criticaba la "falta de transparencia y garantía de independencia" de la figura del Defensor del Pueblo.

La OCDE, preocupada por la corrupción y los sobornos en el exterior: a principios de 2013, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pedía a España mayor diligencia a la hora de perseguir la corrupción y los sobornos cometidos en el exterior. Casos abiertos contra empresas españolas en Costa Rica, Libia, Angola o Marruecos, también por exportaciones de material militar o por violación del programa de la ONU con Irak, bajo el régimen de Sadam Husein. En un informe, la OCDE se mostró "seriamente alarmada" por las pocas pesquisas que España ha abierto contra estos casos que incluyen presuntos sobornos a funcionarios panameños por parte de una empresa española.

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