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Miércoles, 11 de Diciembre de 2019

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Un calendario judicial diabólico irrumpe en el panorama político español

Gürtel, caja b, ERE's, la trama del 3%... las citas judiciales de los próximos meses condicionan las negociaciones para formar gobierno

Gürtel, caja b, ERE's, la trama del 3%... las citas judiciales de los próximos meses condicionan las negociaciones para formar gobierno. /

El acto solemne de apertura del año judicial, que preside esta mañana el rey Felipe VI en presencia de los jueces de mayor rango y la cúpula política de una España en funciones, coincide en este agitado 2016 con el peor horizonte penal que amenaza a un partido político en la reciente etapa democrática. El PP y muchos de sus dirigentes y ex dirigentes se enfrentan de manera inminente a dos juicios emblemáticos: el caso Gürtel, un símbolo del pillaje institucional instalado durante años en administraciones gobernadas por el PP; y el caso de las tarjetas black, el uso indiscriminado del dinero de Caja Madrid y Bankia por parte de consejeros y directivos, la mayoría políticos de todos los partidos y sindicalistas.

Pero el PP no es la única formación política pendiente de los tribunales. El PSOE, con el caso ERE en Andalucía, o la antigua Convergencia i Unió, también sufrirán este tormentoso otoño judicial.

Más de 30 procesos judiciales para el PP

Luis Bárcenas, en una imagen a la salida de la Audiencia Nacional. / EFE

El que tiene un peor escenario es, sin duda, el Partido Popular que navega entre el caso Gürtel, la causa abierta por su presunta financiación ilegal del llamado caso Bárcenas y otros 30 procesos judiciales. El PP está presente en cinco causas en calidad de acusado a título lucrativo, responsable civil subsidiario e investigado penal por blanqueo de capitales. Además, hay implicados en las distintas causas cuatro exministros de los gobiernos de Aznar y Rajoy, tres expresidentes autonómicos, 11 exdiputados y exsenadores, 17 exconsejeros autonómicos, 7 expresidentes de diputaciones provinciales, 10 exalcaldes y cuatro extesoreros nacionales…

Aquella "trama contra el PP", que decía Rajoy en 2009, se ha convertido tras una investigación judicial de siete años en una trama que se instaló en el tuétano del PP y lo corrompió. La Fiscalía sostiene que el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, se sirvió de un entramado de empresas dedicadas a viajes y eventos para obtener contratos de administraciones públicas gobernadas por el PP al margen del procedimiento legalmente establecido. Para lograr los contratos sobornaron supuestamente a decenas de cargos públicos del PP y al que llegó a ser tesorero nacional, Luis Bárcenas, según dijo el propio Francisco Correa al denunciante que le grabó sin que lo supiera: "Yo, Paco Correa, le he llevado 1.000 millones de pesetas a Bárcenas... A Génova y a su casa".

La Audiencia Nacional sienta en el banquillo desde el próximo 4 de octubre a 40 acusados a los que hay que sumar a la exministra de Sanidad, Ana Mato, y al Partido Popular como partícipes a título lucrativo por haberse beneficiado del dinero obtenido ilícitamente. Además de Correa y sus lugartenientes están acusados los extesoreros que manejaron las finanzas del PP durante más de 20 años, Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís; miembros del gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid como Alberto López Viejo o Carlos Clemente y alcaldes del PP de municipios madrileños como Guillermo Ortega o Jesús Sepúlveda. Las penas que pide la Fiscalía van desde los dos años de cárcel hasta los más de 100 que pide para Francisco Correa.

300 testigos citados

De izquierda a derecha, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos. / EFE / REUTERS

La vista pública por la primera época de la trama Gürtel (1999 – 2005) arranca el 4 de octubre. Han sido citados 300 testigos. Entre ellos, los exministros Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato, además de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.

Ese juicio marcará la agenda política en el tiempo de descuento para unas posibles elecciones generales y cuando ya conozcamos los resultados de las elecciones vascas y gallegas. Pero antes de eso puede llegar la primera sentencia por los contratos de la trama Gürtel con el Gobierno valenciano de Francisco Camps. Quedó visto para sentencia el pasado abril el juicio por los contratos con Fitur. Y la agenda judicial Gürtel está pendiente de otros juicios que aún no tienen fecha.

En Valencia se juzgó a trece personas acusadas de nueve delitos por adjudicar entre 2005 y 2009 el stand de Fitur a la marca de la trama Gürtel en Valencia, Orange Market. La Fiscalía reclamó un total de 108 años de cárcel para ellos. En el banquillo dos exconsejeras de turismo del gobierno de Francisco Camps: Milagrosa Martínez y Angélica Such que se enfrentan a 11 y 9 años de prisión, respectivamente.

El fiscal encuentra indicios suficientes para abrir procedimiento contra Barberá en la pieza separada del caso Imelsa. / EFE

La causa más delicada para Mariano Rajoy por financiación ilegal del PP nació con los papeles de Bárcenas, que también está pendiente de fecha de juicio. Así como la del borrado de los ordenadores del extesorero en la que un partido político, por primera vez en la historia de la democracia, está procesado. La magistrada concluye que al destruir los discos, el PP buscaba “impedir que datos importantes relativos a la contabilidad paralela” y sobre “otros extremos” de Bárcenas acabaran en manos del juez Pablo Ruz. La investigación ha confirmado estas palabras de Luis Bárcenas.

El juez José de la Mata sostiene que el PP se financió de forma ilegal "de manera sistemática", desde 1990 hasta "al menos" 2008, con una caja b creada por este partido, que se nutría con donaciones ilegales de empresarios contratistas de las administraciones públicas. El juez sienta en el banquillo como responsable civil al PP y como acusados a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. Además, desde Génova miran de reojo otros casos como el de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que está a un paso de ser encausada en el Tribunal Supremo.

“Resultaría incoherente llamar a los donantes como investigados y no a la senadora aforada”, dice el juez instructor en la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo. Más aún si se tiene en cuenta que ostentaba “una efectiva posición como superiora jerárquica de la principal investigada existiendo además una relación personal de estrecha confianza entre ambas”. Ella lo niega.

El pitufeo de la operación Taula

Medio centenar de donantes están siendo investigados por el llamado pitufeo de la Operación Taula: la donación de mil euros al partido para financiar la campaña electoral que fueron devueltos en billetes de 500 euros. La Fiscalía ya ha apoyado la apertura de la causa contra Barberá y la decisión del alto tribunal se espera en las próximas semanas.

Hay otra decisión judicial muy relevante que se espera para final de año. Se trata de la causa que ha llevado por primera vez a un miembro de la familia real, la infanta Cristina, a enfrentarse a la Justicia, el llamado caso Nóos, quedó visto para sentencia el pasado junio y el veredicto llegará en unos meses.

Jaime Campaner, abogado de uno de los acusados, defendía la inocencia de la infanta y apuntaba a conocer la sentencia a finales de año. Cristina de Borbón se enfrenta a 8 años de cárcel que le pide el pseudosindicato Manos Limpias, en entredicho por haber tratado de extorsionar a La Caixa a cambio de retirar la acusación contra la hermana del rey. La infanta estuvo al inicio del juicio y en la fase de conclusiones y derecho de última palabra sentada junto a los otros 16 acusados frente a un cuadro de su hermano, el rey Felipe VI.

El fiscal pide 19 años y medio para su marido, Iñaki Urdangarin y 16 años y medio para el exsocio, Diego Torres. Al expresident y exministro, Jaume Matas, le reclama el fiscal, Pedro Horrach, cinco años y a sus cuatro subordinados penas menores sustituibles por multa. Iñaki Urdangarin y Diego Torres están acusados de desviar y apropiarse de 4,5 millones de euros públicos de los Gobiernos de Baleares y Valencia.

El PSOE andaluz, en vilo por los ERE

José Antonio Griñán y Manuel Chaves, en una imagen de archivo. / EFE

En Andalucía, el juicio de la pieza política de los ERE tiene al PSOE en vilo. Las ayudas sociolaborales a empresas en apuros acabó con la carrera política de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que en unos meses se sentarán en el banquillo.

El juez del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, consideró que el expresidente andaluz, Manuel Chaves, y su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán, cometieron un delito de prevaricación administrativa al permitir durante una década esa concesión de ayudas a través de un sistema “claramente ilegal”. Griñán reconocía el fraude en la gestión de esas ayudas a la salida del alto tribunal pero negaba que hubiera un plan premeditado para robar.

Idénticos indicios apuntó para los exconsejeros Gaspar Zarrías y Juan Antonio Viera a quien, además, atribuyó un delito de malversación.

Las cuentas pendientes de Jordi Pujol

El expresident de la Generalitat Jordi Pujol, en una fotografía de archivo. / EFE

El panorama judicial para la antigua Convergencia i Unió, una formación política embargada por corrupción, no es mucho mejor. Y su principal referente histórico, Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, aún tiene graves cuentas pendientes con la Justicia.

Jordi Pujol, su mujer y sus siete hijos están siendo investigados en juzgados de Barcelona y la Audiencia Nacional. Se investiga la fortuna familiar oculta en Andorra pero también los negocios y el cobro de comisiones de algunos de sus hijos por servicios que según los investigadores no responden a la realidad. Oriol Pujol, el único de ellos que se dedicó a la política, tuvo que dimitir salpicado por el caso de las ITV. La Fiscalía pide para él cinco años de cárcel por aceptar sobornos a cambio de las adjudicaciones del servicio.

Un juez de Barcelona investiga también la llamada trama del 3%. El amaño de adjudicaciones públicas en favor de grupos empresariales afines a la antigua Convergencia a cambio de donaciones para la fundación del partido.

La consulta catalana

Aunque sin duda alguna las causas que concitan mayor atención en Cataluña son la celebración de la consulta del 9-N y el delito de desobediencia por el que se puede abrir formalmente una investigación a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

El expresident, Artur Mas, la exvicepresidenta, Joana Ortega, y la exconsejera, Irene Rigau, están a las puertas del banquillo por la consulta del 9N. La Fiscalía les acusa de los delitos de desobediencia y prevaricación pero les exime del único que conllevaba pena de cárcel, la malversación. Y el Tribunal Constitucional estudia la petición de la Fiscalía de proceder por un delito de desobediencia contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por haber incumplido las resoluciones del tribunal de garantías que paralizaron el proceso soberanista. La fase de alegaciones concluye el próximo 15 de septiembre.

Las tarjetas opacas para gastos personales

El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. / EFE

La corrupción es transversal y el mejor ejemplo de ello es el juicio por las tarjetas black que empieza este 23 de septiembre. Miembros del PP, PSOE, IU, sindicatos, patronal… 66 personas al banquillo por usar la tarjeta de Bankia para gastos personales sin declarar al fisco.

Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Rafael Spottorno y Virgilio Zapatero. Romero de Tejada y Morán Santín. Son algunos de los que usaron estas tarjetas opacas para gastos personales. El fiscal pide penas de entre 1 y 6 años de prisión. El juez concluyó que existen indicios de administración desleal por parte de los imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de Caja Madrid y Bankia por aprobar el uso de las tarjetas y de apropiación indebida en el caso del resto de directivos que las utilizaron.

Esto es solo una pequeña muestra del reguero de corrupción que anega el prestigio de los partidos que han gobernado este país en los últimos 30 años. Casos hay más, algunos, aparentemente menores, que probaron la facilidad con la que algunos políticos hacen negocios desde sus escaños.

La Fiscalía Anticorrupción denunció ante el juez a Vicente Martínez Pujalte por simular trabajos para facturar a una contratista de obra pública, Collosa, en su etapa de diputado. Esta Fiscalía especial también investiga al despacho fundado por Cristóbal Montoro, Equipo Económico. En concreto se trata de los contratos con la Cámara de Comercio de los últimos cinco años.

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