Las asignaturas pendientes en 40 años de democracia

Madrid

Adolfo Suárez ganó las primeras elecciones democráticas celebradas en España tras 40 años de dictadura. En un pleno de aquel periodo de sesiones, cuya principal tarea fue la redacción de una Constitución, el presidente del Gobierno fijó en su discurso cuatro tareas prioritarias para consolidar la democracia. Cuarenta años después, aquellos objetivos estratégicos siguen estando en la agenda de asuntos pendientes o problemáticos.

“Estos grandes temas prioritarios”, señaló Suárez entonces, “entiendo que son básicamente la nueva Constitución con la adecuación sustancial sobre derechos y libertades públicas al nuevo sistema democrático, la reconciliación nacional, la superación de la crisis económica y el establecimiento de un marco inicial transitorio para las autonomías”.

El consenso político que presidió aquella época para sacar adelante leyes básicas contrasta con la realidad política actual, donde un Congreso fragmentado como nunca lo estuvo antes y un Gobierno en minoría, discute sin llegar a ningún acuerdo sobre reformas legales para introducir nuevos derechos o sobre estrategias para afrontar el desafío independentista catalán.

1.- El modelo de Estado y la España de las autonomías

“El Gobierno, y con él la mayoría de fuerzas políticas creyó que el tratamiento de las autonomías para todos los pueblos y regiones de España, que tenía su primera expresión en el restablecimiento de la Generalidad provisional de Cataluña, no era una cuestión de política partidista, sino una cuestión de estado que exigía el logro del consenso para que este problema constante y a veces dramático en nuestra convivencia nacional iniciara su vía de solución sin enfrentamientos y con voluntad de unidad. Y así se hizo y se sigue haciendo, sin prejuzgar materias que están reservadas a la Constitución”.

Adolfo Suárez indicó así las vías de solución a un problema, el del modelo de estado y los deseos de autonomía de los distintos territorios, que sigue hoy enredado y vivo.

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Durante los días del consenso constitucional, las minorías vasca y catalana, los diputados constituyentes del PNV y de CiU, reivindicaron altas cuotas de autogobierno para las comunidades que representaban. Miguel Roca reivindicó el terminó de nacionalidades para definir a Cataluña dentro de la Constitución y prometió que con ese encaje, el futuro sería pacífico: “Hoy Cataluña espera, el País Vasco espera, espera Galicia, espera España entera que, a través de la solución que demos a este problema, no se va a dar una solución disgregadora, sino una solución potenciadora, una solución que, asumiendo todo lo que la historia no supo asumir hasta esta fecha, sea capaz de proyectar un futuro más estable”.

Xabier Arzalluz (PNV) fue más escéptico y se preguntó si sería rentable “constitucionalizar la palabra nacionalidades”. “Hemos de encontrar”, dijo, “el encaje exacto de las realidades sin discutirlas, ensámblándolas convenientemente”.

Rafael Arias Salgado (UCD) defendió la importancia de aceptar ese término para salvar aquel obstáculo mayor: “Somos conscientes de los problemas que suscita la inserción del término ‘nacionalidades’, pero también creemos que su desaparición podría engendrar otros mayores. Las reivindicaciones nacionalistas son un hecho y en aras de su integración en la unidad política que es España es preciso darles una satisfacción racional, compatible con el reconocimiento y la permanencia indiscutida de la nación española. Por eso aceptamos el término ‘nacionalidades’ [...] Lo que hay que hacer es interpretarlo y delimitar su alcance [...], para evitar sus hipotéticas consecuencias desintegradoras”.

Así lo interpretó también el socialista Gregorio Peces-Barba: “Entendemos que esta fórmula puede ser la que resuelva de manera definitiva la problemática de la organización territorial y los derechos legítimos a la autonomía. La nación, España, puede comprender en su seno otras naciones o nacionalidades. La defensa de la existencia de diversas naciones en la comunidad superior de España y en el seno del Estado no es, a nuestro juicio, una peligrosa bomba de relojería para favorecer el separatismo”.

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Jordi Pujol, que después sería presidente catalán durante más de 20 años, celebró el acuerdo sobre las nacionalidades y prometió colaborar “en la construcción de una España progresiva, de una España democrática, de una España para todos, una auténtica voluntad de integración en el quehacer del conjunto español”.

La Constitución que establecía el Estado de las Autonomías y la existencia de nacionalidades y regiones recibió en referéndum un respaldo del 90% de los votos escrutados en Cataluña y más del 70% en el País Vasco.

Pero 27 años después, el separatismo comenzó a extender sus alas. El Gobierno nacionalista vasco impulsó iniciativas para crear lo que llamó un Estado propio asociado a España. El Congreso de los Diputados rechazó aquel plan por 313 votos en contra, 29 a favor y dos abstenciones. Allí, terminó, de momento, la presión de los vascos por su independencia.

El Gobierno de Cataluña empezó a promover iniciativas separatistas e inconstitucionales a partir de 2012, tras la negativa del presidente Rajoy a un pacto fiscal que suponía un trato de favor respecto al resto de autonomías.

Aquellas iniciativas desencadenaron procesos judiciales contra los dirigentes nacionalistas que las impulsaron. Algunos, como el expresidente Artur Mas, han sido condenados por desobediencia a su inhabilitación política.

El socialista Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno, declaró hace unos años a EL PAÍS: “Fuimos bastante ingenuos en aquel momento. Los hechos vienen a confirmarlo, los que decían que ya tenían suficiente respecto a la descentralización después ha resultado que no. Desde luego no están en la actitud que estaban, han modificado su punto de vista. Entonces dieron un punto de vista para calmar, para que nadie pensara que iban a llegar adonde están hoy. En ese sentido si hay una cierta deslealtad”. “Este problema constante y a veces dramático en nuestra convivencia nacional”, como lo definió Suárez, vuelve al primer plano de la actualidad política.

La fecha del 1 de octubre, fijada por el Gobierno catalán para celebrar, saltándose la Ley, el referéndum de independencia, aparece como la mayor amenaza a la estabilidad de los últimos tiempos. Sin consenso posible, las salidas al conflicto catalán parecen taponadas.

2.- La reconciliación nacional

“El Gobierno y con él la mayoría de las fuerzas políticas ha entendido que la reconciliación nacional basada en la ley sobre la amnistía, exigía un consenso, pues la reconciliación no se impone por una parte sobre la otra, ni se gana con la mitad más uno de los votos, sino que es fruto de la voluntad común. Y así se hizo”. La ley de amnistía fue una iniciativa legislativa firmada por UCD, PSOE, PCE y las minorías vasca y catalana.

El portavoz del PCE en aquel debate, el sindicalista Marcelino Camacho, argumentó así su apoyo a la Ley del perdón: “Nosotros considerábamos que la pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?

El consenso alcanzado en apenas unos días alumbró una Ley que en su artículo uno amnistiaba “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas, realizados con anterioridad al 15 de diciembre de 1976”.

Treinta años después de aquella Ley de Amnistía, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) promovió y logró aprobar una normativa para reparar moralmente y proteger a todos los que sufrieron la persecución del régimen franquista. La ley pretendía “reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales”.

Tan sólo un año después de aprobada aquella Ley de Memoria Histórica, un juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, apoyado en la denuncia de diversas asociaciones, abrió una causa para investigar los crímenes cometidos por la dictadura franquista, supuestamente amnistiados por la Ley aprobada en 1977.

Garzón atribuyó a Franco y a otros 34 jefes que dirigieron la rebelión contra la República un plan de exterminio sistemático de sus oponentes políticos que provocó al menos 114.266 personas desaparecidas. Esos hechos fueron calificados por el juez como crímenes contra la humanidad.

Para instruir la causa, Garzón ordenó, entre otras diligencias, las exhumaciones de los cadáveres de 19 fosas comunes. "Los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la parte vencedora. No aconteció lo mismo respecto de los vencidos, que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado, llegando a aplicarles retroactivamente leyes (...) tanto durante la contienda, como después, en los años de posguerra, hasta 1952", escribió Garzón en su auto.

El juez Garzón acabó inhibiéndose en favor de 62 juzgados territoriales y argumentó que al estar muertos los implicados en los crímenes no existía responsabilidad penal.

El pseudosindicato Manos Limpias presentó una querella por prevaricación contra el juez. El Tribunal Supremo procesó y juzgó a Garzón, quien fue absuelto por seis votos a uno al entender que el magistrado de la Audiencia Nacioinal erró al calificar los hechos como crímenes contra la humanidad pero ese hecho no constituía un delito de prevaricación. Garzón calificó los hechos como delitos de detención ilegal sin ofrecer razón del paradero de las víctimas en el marco de crímenes contra la unidad, pero el Supremo resolvió que las leyes que permitían perseguir esos crímenes no estaban vigentes cuando ocurrieron los hechos.

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Con la victoria de Rajoy en las elecciones de 2011, la Ley de Memoria histórica agonizó sin apenas presupuesto para impulsar los objetivos que se había fijado la normativa. Entre otros, la exhumación de fosas con los restos de los desaparecidos de la Guerra Civil: “Las administraciones públicas facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten, las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidos violentamente durante la guerra civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore”.

La batalla en los juzgados continúa. La última provocó una resolución judicial que obligaba a la administración central a autorizar la entrada de la piqueta en el Valle de los Caídos para rescatar a dos víctimas de la Guerra civil que descansan allí. Pese a la decisión judicial, la operación todavía no se ha llevado a cabo.

3.- Políticas económicas para tiempos de crisis. Del consenso a la bronca política

“El Gobierno, y con él la mayoría de las fuerzas políticas y sociales, ha estimado que las graves decisiones que son necesarias para superar la crisis económica, exigían una voluntad común de asumir equitativamente las cargas que este programa representa y que ello necesitaba del consenso en un programa de convergencia, que no es el de ningún partido sino el acuerdo coherente para todos”.

La crisis económica aplastaba a España en pleno nacimiento de la nueva etapa democrática. La inflación estaba disparada, el paro crecía sin remedio, el régimen fiscal era insuficiente y el deterioro acelerado de las reservas de divisas no podía ser más preocupante. En ese contexto, el Gobierno de Adolfo Suárez logró un acuerdo mayoritario con las principales fuerzas de la oposición, la patronal y el sindicato CC OO para poner en marcha medidas relacionadas con la devaluación de la peseta, una reforma fiscal profunda, una normativa sobre crecimiento salarial con un tope del 22% -inflación prevista para aquel año- y el reconocimiento del derecho de asociación sindical.

En aquella etapa de grandes consensos, la política económica también fue pactada en gran parte. Ya no se volvería a repetir esa situación ante los nuevos periodos de crisis que atravesó España. La única excepción fue la reforma express del artículo 135 de la Constitución que pactaron en el verano de 2011 el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy. La reforma fijaba en la Constitución el concepto de estabilidad presupuestaria y garantizaba como prioritario el pago de la deuda pública. Su aplicación comenzará en 2020.

Con la última crisis económica, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta en la Cámara, adoptó a comienzos de 2012 y sin acuerdo con el resto de partidos políticos medidas muy drásticas de recorte del gasto que provocaron un empeoramiento en la calidad de los servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales…) y abarató el despido reduciendo los derechos de los trabajadores con una reforma laboral muy contestada por la oposición y los sindicatos.

4.- El consenso constitucional y los derechos civiles

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“El Gobierno y con él la mayoría de las fuerzas políticas y sociales, consideran que el principio de consenso debe guiar la elaboración de la Constitución así como el marco legal de derechos y libertades públicas como la plataforma básica de convivencia aceptada por la inmensa mayoría de los españoles cualquiera que sea su ideología o su proyecto de sociedad”.

El consenso que defendía Suárez se hizo ley en aquellos dos años de trabajo de las Cortes Constituyentes. No sólo aprobaron una Constitución para España que, con leves modificaciones, permanece hoy vigente. Además, eliminaron mucha legislación franquista que atentaba contra los derechos de las mujeres o de colectivos que, como los homosexuales, habían sido duramente castigados durante la dictadura. Se legalizaron los partidos políticos, se aprobaron las normas para las elecciones municipales, se creó el Estado de las Autonomías…

En el terreno de los derechos civiles, los distintos Gobiernos democráticos fueron aprobando leyes que suponían grandes avances. El último ejecutivo que se empeñó de manera decidida en este capítulo fue el de José Luis Rodríguez Zapatero, que reforzó las leyes de igualdad, legalizó el matrimonio entre homosexuales y su posibilidad de adoptar hijos, a lo que se opuso el Partido Popular, que planteó una batalla en el Tribunal Constitucional, que perdió. El Ejecutivo socialista aprobó una Ley de Memoria Histórica para reparar moralmente a las víctimas de la dictadura franquista, y una Ley de Dependencia que se configuró como el cuarto pilar del Estado del Bienestar, aunque avanza con muchas dificultades de financiación.

Las iniciativas para reformar la Constitución como una manera de afrontar los nuevos problemas y encajar las nuevas realidades se estrelló en este tiempo con el rechazo de unos y de otros, lo que hizo inviable cualquier cambio debido a las condiciones que la propia Constitución impone para cambiarla.

Ahora que el Gobierno de Cataluña sigue embarcado en su desafío independentista, el PSOE ha propuesto una reforma de la Constitución para amparar las singularidades de esa comunidad autónoma. La propuesta no satisface ni a los secesionistas catalanes ni al Gobierno de Mariano Rajoy. La Constitución, mientras, sigue inalterable.