Las amenazas a la legislatura de Rajoy

Madrid

La décimosegunda legislatura de la democracia que comenzó tras las elecciones del 26 de junio de 2016 ya se presentaba endiabladamente complicada por la aritmética parlamentaria. Mariano Rajoy tardó cuatro meses en lograr ser investido como presidente del Gobierno. Lo consiguió el 29 de octubre de 2016, y ahí comenzó un tortuoso camino con equilibrios muy complicados. Sin embargo, como dice la ley de Murphy, todo es susceptible de empeorar.

A la precaria situación parlamentaria del Gobierno se suman el escenario abierto en Cataluña tras el resultado electoral del 21-D, con la renovada mayoría absoluta del independentismo y la asfixiante presión de la corrupción que anidó en el PP, con una incontrolable vida propia en los tribunales y también en el Congreso. Esta tormenta perfecta puede convertir la legislatura que debe terminar en 2020 en un 'más difícil todavía'.

Rajoy siempre ha dicho que su intención es agotar la legislatura. La última vez, sin ir más lejos, en la rueda de prensa de valoración del resultado de las elecciones en Cataluña. El día de la Lotería Rajoy dice "intentaré que la legislatura termine cuando toque". "Intentaré". Esa es su intención; pero al presidente no se le escapa la precariedad de su situación, su debilidad parlamentaria (sobre todo porque el contraste respecto a la primera legislatura, que tenía un poder omnímodo, es demoledor). En diciembre de 2011, Rajoy inició su mandato con el máximo poder institucional que había tenido nunca un líder del PP. El propio Rajoy ponía adjetivos a esa mayoría desde el balcón de Génova la noche electoral: "Tenemos una mayoría muy importante", decía Rajoy. A ese resultado electoral había que sumar que su partido controlaba 11 de 17 gobiernos autonómicos y gobernaba en 34 de 50 capitales de provincia.

Sin embargo, tras las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015 ese poder se redujo a sólo 5 gobiernos regionales de 17 y a 19 capitales de provincia de 50. Era el síntoma de lo que iba a pasar sólo siete meses después, en las elecciones generales. El PP pasó de 186 diputados a sólo 123. Y Rajoy reconocía en el mismo balcón, que la situación se había complicado mucho. Fue imposible formar gobierno y hubo que repetir elecciones.

Entre medias, y en contra de lo que había dicho en el balcón -eso de "yo lo voy a intentar"-asistimos a un hecho inédito: Rajoy, el líder del partido más votado, rechazó la oferta del rey para que intentase ser investido presidente. Con la repetición electoral, el PP recuperó algo de aire, pasó de 123 escaños a 137, pero su precariedad parlamentaria seguía siendo la misma.

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La amenaza de la crisis en Cataluña

Esa pérdida de poder político vino acompañada de una pérdida de apoyo ciudadano hasta situar a Rajoy y al PP en una situación de decadencia, agravada por el paso de los meses y el enquistamiento de algunos problemas. El más evidente de todos, el monotema, la crisis institucional más grave que ha vivido España en la reciente etapa democrática: el desafío independentista en Cataluña que ha retratado al Gobierno de Rajoy como un instrumento hasta ahora inútil para atajar el problema.

El curso político comenzó el pasado septiembre con la amenaza del referéndum de independencia del 1 de octubre. La consulta se celebró sin ninguna garantía, pero se celebró, y hubo unas muy criticadas y cuestionadas cargas policiales. El Gobierno pagó las dos facturas: la de gente votando en un referéndum ilegal y la de las cargas policiales, que dieron la vuelta al mundo. El secesionismo crecido, llegó a declarar la independencia el 27 de octubre en una vergonzante votación secreta con buena parte de la oposición ausente del parlamento mientras, en paralelo, el Senado autorizaba al gobierno a aplicar el famoso 155. Entonces, Rajoy -el político que presume de ser siempre predecible- sorprendió limitando lo máximo posible la intervención en Cataluña.

Sin embargo, lo que entonces se interpretó como una jugada maestra por la rapidez en convocar elecciones, resultó ser una debacle para el PP en las urnas el 21 de diciembre. Así que después del referéndum, las cargas policiales, la declaración de independencia y la aplicación del 155 se convocaron elecciones... para acabar de nuevo con mayoría independentista en el Parlament. Y Carles Puigdemont, el huido expresident, sacó pecho esa noche del 21-D desde Bruselas: "La república catalana ha ganado a la monarquía del 155".

Habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos pero Cataluña se encamina hacia un nuevo gobierno independentista que amenaza, cuanto menos, con perpetuar la crisis institucional. Rajoy se ha comprometido a retirar el artículo 155 en cuanto se constituya el nuevo Ejecutivo, cuyas ideas no varían en nada a las que provocaron el tremendo choque institucional. La gestión de ese problema, vinculada a decisiones judiciales todavía pendientes, pondrá en un nuevo brete a un Ejecutivo muy debilitado.

Así las cosas, el panorama no puede ser más oscuro para el Gobierno, que también está atenazado en el Congreso por su dependencia de Ciudadanos y de grupos minoritarios para sacar adelante las leyes que garantizan su estabilidad. Por ejemplo, los presupuestos generales del Estado, sin ir más lejos.

Rajoy consiguió sacar adelante los presupuestos de 2017 gracias al apoyo de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, UPN, Foro Asturias y Nueva Canarias. Hace tres semanas, antes de que se conociera el resultado electoral en Cataluña, el presidente admitía que aspiraba "a repetir la operación" para las cuentas de este año. Sin embargo, el clima no es tan propicio. Al Gobierno no le sobra ni un solo voto de los que apoyaron las cuentas de 2017. Y el PNV ya ha dejado muy claro que el contexto no ayuda, a pesar del acuerdo sobre el cupo vasco, que ha sido interpretado como el peaje que se paga por el apoyo peneuvista a los presupuestos. La crisis en Cataluña también condiciona algo tan trascendental para cualquier Gobierno como los presupuestos generales del Estado.

La amenaza de los tribunales

La tercera amenaza para la estabilidad del Gobierno llega de los tribunales, donde este 2018 se van a dirimir graves sospechas contra el PP que lidera Rajoy desde hace 13 años.

En 2018 vamos a conocer la sentencia del juicio de la primera etapa del caso Gürtel, en la que el PP se sienta como beneficiario a título lucrativo y, por tanto, se expone a una probable condena por haberse aprovechado de la corrupción en ayuntamientos para financiar actos electorales.

Además, se va a celebrar la vista oral del caso de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. Aquí el PP ha sentado un precedente, ya que es la primera vez que un partido político se va a sentar en el banquillo como imputado por corrupción. Aunque cuando a Rajoy le preguntaron por la imputación hace unos días decía que "los funcionarios" -así llama al personal de su partido que borró los ordenadores- hicieron "lo habitual" en estos casos. Por recordar lo que entiende el presidente por lo habitual en estos casos es "borrarlos 35 veces y después rayarlos hasta su destrucción física", según el relato de la propia juez.

Aparte de los avatares judiciales, el PP tiene encima este 2018 otra sentencia, política en este caso. En el Congreso se van a conocer las conclusiones de la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del PP, y ya se han apuntado algunas de extrema gravedad. 

Así pues, el futuro no puede ser más negro para un líder que siempre ha conseguido salir a flote de las tormentas más feroces. Hasta ahora, el paso del tiempo ha sido un fiel aliado de Rajoy a la hora de sortear las dificultades con las que se ha topado en su vida política. Esta vez, ese paso del tiempo puede ser su peor enemigo.