Llamar "puteros" a los Borbones es libertad de expresión

Madrid

El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, ha decidido archivar la causa abierta contra un usuario de Twitter y YouTube que en uno de sus mensajes se refirió a la Familia Real como "esta familia de puteros, criminales, mafiosos, corruptos, con fortuna en paraísos fiscales, los Borbones de la perra". El magistrado toma esta decisión después de la petición de archivo realizada por la Fiscalía contra este hombre, acusado en un primer momento de un delito de injurias contra la Corona.

El archivo dictado hace unas semanas por el magistrado instructor de la Audiencia Nacional llega después de que la propia Fiscalía, que en la mayoría de casos apuesta por llegar a juicio,  haya solicitado el archivo al entender que "no existe ánimo de injuriar o calumniar, sino de criticar", pidiendo un sobreseimiento provisional que previsiblemente no será recurrido por ninguna de las partes.

En su escrito, el Ministerio Público amparaba estas frases, por tanto, dentro de la libertad de expresión y la crítica política, recordando que "no basta para incardinar en el referido delito expresiones o discursos que exterioricen opiniones negativas del Rey como Institución, adquiriendo así una connotación hostil", afirmando que el hecho de que el monarca no sea imputable por la vía penal "no impide de por sí el libre debate sobre su eventual responsabilidad institucional, incluso simbólica, en la jefatura del Estado".

El caso por tanto queda archivado sin que la Fiscalía encuentre delito en expresiones como "esta familia de puteros, criminales, mafiosos, corruptos, con fortuna en paraísos fiscales, los Borbones de la perra", expresiones similares por las que en mayo de 2013 el pleno de lo penal de la Audiencia Nacional confirmó una multa de 6.480 euros para el coronel retirado Amadeo Martínez Inglés, que se refirió a los Borbones como "borrachos, puteros, idiotas, descerebrados, cabrones, ninfómanos, vagos y maleantes". Una sentencia que contó con el voto particular contrario de cuatro magistrados, entre ellos el actual Ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, que entendieron que estas expresiones estaban amparadas por la libertad de expresión.

De Valtonyc a Hasél

La gestión penal de las injurias a la Corona ha tenido dos capítulos especialmente sonoros en el último año con las condenas impuestas a los raperos Josep Miquel Arenas 'Valtonyc' y Pablo Rivadulla 'Hasél'. El primero, huido de la Justicia española en Bélgica, fue condenado en firme por el Tribunal Supremo a tres años y medio de prisión por delitos de amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. En cuanto al último, un año de cárcel se correspondía con expresiones como "puta monarquía", "el Rey tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga al cuello" o "por qué no se fractura la cabeza y no la cadera" en sus letras, aludiendo a Juan Carlos I.

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El caso del leridano Hasél todavía está pendiente de sentencia firme: en un primer momento la Audiencia Nacional le impuso dos años y un día de prisión - la condena justa para no poder evitar la entrada en prisión, con un año correspondiendo a tuits en los que se refería al Rey como "ladrón, mafioso, parásito" o en letras de canciones como "el heredero de Franco, que en juergas y putas nuestra pasta está tirando, capo mafioso saqueando el Estado español". Expresiones similares a las que ahora la Fiscalía considera despenalizadas, y por las que recientemente la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional ha mantenido su condena, rebajando eso sí la pena al mínimo de 9 meses y un día de prisión.

La doctrina Estrasburgo

En los últimos meses, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo ha advertido a la Justicia española sobre la severidad de las condenas impuestas en nuestro país por los delitos de injurias a la Corona: el pasado mes de marzo, el TEDH sentenció que España violó el derecho a la libertad de expresión de dos manifestantes que en 2007 quemaron una foto del entonces Rey, Juan Carlos I, en Girona con motivo de la visita del monarca.

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Una sentencia en la que Estrasburgo dejó por escrito que quemar una foto del monarca "no constituyó una incitación al odio o a la violencia" y que penar esos actos con cárcel fue "una injerencia" en su derecho a la libertad de expresión, obligando a España a devolverles los 2.700 euros que pagaron de multa y a indemnizarles con 9.000 euros más. Este tipo de casos, tal y como explicó la Cadena SER, mantienen dividida a la judicatura española.

Una "grata sorpresa"

El archivo sin necesidad de llegar a juicio no estaba entre las quinielas de Eduardo Gómez, abogado de Red Jurídica que ha llevado el caso. "Todo lo contrario, teníamos todas las papeletas de que la cosa llegase a juicio por la trayectoria que están teniendo este tipo de casos en la Audiencia Nacional y en este juzgado, fue una grata sorpresa pero no nos lo esperábamos, en absoluto", explica el letrado en declaraciones a la SER.

La causa ha quedado archivada en la Audiencia Nacional pero este hombre todavía tiene un caso pendiente: la causa llegó desde Plaza de Castilla por la competencia de la Audiencia para investigar delitos contra la Corona, pero un juzgado de instrucción todavía tramita una investigación contra más tuits y vídeos del mismo usuario en torno a personajes públicos como María Dolores de Cospedal o el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.