La Audiencia Nacional rechaza entregar al informático Falciani a Suiza
La Justicia española rechaza, como ya hizo en 2013, entregar al informático del HSBC al entender que el delito que se le atribuye no existe en el Código Penal español y que además concurriría la doble incriminación
Herve Falciani, en Madrid. / Juan Medinao (Reuters)
Madrid
España no entregará a Hervé Falciani. La Audiencia Nacional ha decidido, como ya hizo en 2013, rechazar la petición de extradición cursada por las autoridades suizas al entender que los delitos de los que se le acusan no existen en el Código Penal español y que además su caso ya fue examinado hace años.
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Tanto la Fiscalía como el propio Falciani se habían negado a la extradición en la vista celebrada la semana pasada ante la sección segunda de la Audiencia Nacional. Entre otros argumentos, alegaron que el material informático aportado por Falciani había permitido a las autoridades españolas condenar a decenas de evasores fiscales a través de la conocida como 'lista Falciani'.
La decisión, tomada por los magistrados Julio de Diego, María Riera y Nicolás Poveda, todavía es recurrible ante el pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional y explica que los hechos que ahora se estudian "son los mimos que fueron valorados" hace varios años. La solicitud de extradición, dicen los jueces, es "la misma" que entonces y "se han de reconocer claros efectos de cosa juzgada".
Además, la Audiencia Nacional explica que los delitos de los que está acusado en Suiza no existen en España: "La legislación española carece de un tipo delictivo que se corresponda con el tipo penal suizo denominado 'espionaje financiero agravado", dicen.
Detenido en abril
Hervé Falciani fue detenido el pasado mes de abril cuando se dirigía a participar en una conferencia en una universidad. El informático helvético denunció una "motivación política" y fue dejado en libertad hasta que el tribunal tomase una decisión.
Un Tribunal Penal Federal suizo condenó al exinformático del banco HSBC a cinco años de cárcel en noviembre de 2015 por hacerse con información financiera de más de 120.000 clientes de la entidad y ponerla a disposición de las autoridades de distintos países después de, según la sentencia, intentar vendérselos a distintos bancos de Beirut. En los últimos años, la Justicia española ha declarado la validez probatoria de estos datos para condenar a decenas de evasores fiscales en nuestro país.
