El Gobierno aprueba el último trámite para exhumar los restos de Franco
El Ejecutivo da 15 días a la familia para que decidan dónde quieren ubicar los restos óseos el dictador pero reconoce que, en caso de que los nietos recurran la decisión ante el Supremo y se impongan medidas cautelares, el proceso se paralizaría temporalmente. Si cuando el tribunal resuelva este recurso hay un Gobierno distinto al de Sánchez, es más que probable que Franco no sea exhumado
Madrid
El Gobierno ha dado este viernes la orden de exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Es el último trámite del procedimiento administrativo que aprobó en agosto para poder llevar a cabo el acto más simbólico de la legislatura. La decisión ha coincidido con el anuncio del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones anticipadas el 28 de abril lo que deja en el aire que pueda llegar a materializarse.
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La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha explicado los plazos seguidos por el Gobierno desde su llegada al poder en junio de 2018. "Hemos culminado un expediente con el que Sánchez se había comprometido. Como ministra he tenido el honor de elevar el acuerdo para su aprobación". Delgado ha reconocido que ha sido un proceso "dificil" obstaculizado no sólo por los nietos de Franco sino por los distintos interesados: la Fundación Franco y los monjes benedictinos que custodian la abadía. La ministra ha subrayado que ha habido 14 recusaciones a la instructora del procedimiento, la subsecretaria de Justicia Cristina Latorre. "Hemos llegado al final de un proceso que se inició con una decisión política y de Estado", ha añadido.
Según Dolores Delgado, "se ha acordado realizar la exhumación dando un plazo de 15 días a la familia para que comuniquen dónde quieren enterrar sus restos con la salvedad de la Catedral de La Almudena". Ese plazo de 15 días no está previsto en el procedimiento administrativo diseñado por el ejecutivo y que no contempla que el Gobierno pueda rectificar la ubicación que elija la familia ni incluye ninguna cautela o condición respecto a la inhumación.
El inicio de la batalla judicial
La ministra Delgado ha señalado que el acuerdo de exhumación se basa en la Ley de Memoria Histórica, que modificó el propio ejecutivo nada más llegar a La Moncloa, y que impide que en el Valle de los Caídos estén enterradas victimas que no sean de la Guerra Civil.
También ha explicado que rechazan la pretensión de la familia para que sea enterrado en La Almudena tras la exhumación por cuestiones de orden público, señaladas en un reciente informe la Delegación del Gobierno de Madrid , y también cumpliendo la Ley de Memoria Histórica que prohibe la exaltación del franquismo.
Lo que no ha querido aclarar la ministra es si el Gobierno puede ejecutar la exhumación después de estos 15 días y antes de que se pronuncie el Supremo al que la familia ya ha anunciado que va a recurrir. "Sería justicia ficción", ha dicho Delgado ante la insistencia de los periodistas.
La familia a través de su abogado, Luis Felipe Utera Molina, ha confirmado este mismo viernes que habrá recurso al Supremo y que pedirán medidas cautelares. Lo comunicarán al Gobierno en los próximos días. Utrera Molina dice que además recordarán al Gobierno lo que ya dijo el tribunal en diciembre cuando desestimo su primer recurso por considerarlo prematuro: "Advertiremos al Gobierno que no puede ejecutar de acuerdo de exhumación según lo que dispuso el auto del tribunal Supremo del 17 de diciembre. Un auto que es firme porque no fue recurrido por la Abogacia del Estado y que expresamente señala que no se puede realizar la exhumación sin que antes se haya pronunciado el Tribunal Supremo". Los Franco también recurirán el nuevo plazo de 15 días para comunicar una ubicación para los restos distinta a la de La Almudena y pedirán al tribunal que se pronuncie sobre si el Gobierno puede impedirles disponer de esas sepulturas en la cripta de la catedral.
En ese auto el Supremo dice textualmente que "la exhumación, en cuestión, solamente podrá producirse en virtud del acuerdo que en su momento pueda adoptar motivadamente el Consejo de Ministros (el que se ha adoptado hoy) y ese acuerdo, susceptible desde luego de ser objeto de recurso ante esta Sala, no podrá ser ejecutado sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar, y esta Sala se haya pronunciado al respecto".
El letrado cree que el tribunal puede tardar mes o mes y medio en decidir sobre las medidas cautelares desde que presenten el recurso para el que no concreta fecha. Después pasarán varios meses más hasta que se pronuncie sobre el fondo del asunto. En ese tiempo habrá un nuevo Gobierno en La Moncloa a quien le corresponderá acatar la decisión del tribunal.
