Semana clave para la rebelión y la desobediencia en el juicio al procés

Después de una semana de testigos de perfil político con pocos datos determinantes para la causa llega uno de los tramos clave para el juicio contra el procés: testigos con datos directos sobre los disturbios de la jornada del referéndum ilegal cuyos testimonios pueden ser determinantes a la hora de examinar si existió, como dice la Fiscalía, un posible delito de rebelión. Este lunes arranca con la testifical de José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad en el momento de los hechos y quien, según Juan Ignacio Zoido, controlaba el detalle del dispositivo de 6.000 agentes desplegado esos días en Catalunya. Declaran también Enric Millo, Delegado de Gobierno en esa comunidad autónoma en ese momento y Juan Antonio Puigserver, el secretario general técnico de Interior designado tras la aplicación del artículo 155 para supervisar a los Mossos dEsquadra. Para las acusaciones destaca el testimonio que llegará el martes: el del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, coordinador del operativo de seguridad del 1-O y que en fase de instrucción llegó a calificar de «estafa» la actuación de los Mossos dEsquadra. «El dispositivo de Mossos estaba más encaminado a facilitar el desarrollo del referéndum que a impedirlo», dijo tajante hace un año ante el juez Llarena. «No me cabe ninguna duda de que el dispositivo estuvo dirigido desde la prefectura para garantizar el incumplimiento del auto» que obligaba a impedir el referéndum ilegal, aseguró. Pérez de los Cobos tendrá que ratificar estas acusaciones el martes en el juicio: dos Mossos por colegio y patrullas designadas para espiar a Policía Nacional y Guardia Civil para que la gente tuviese tiempo de proteger los locales de votación. Colegios contabilizados como cerrados una vez habían permitido la votación. «Permitieron durante todo el día que se celebrara la votación y, una vez finalizado, hicieron acopio de materal para disimular» dijo. Apuntó tanto a Josep Lluís Trapero como a Joaquim Forn y a Carles Puigdemont. Esta semana que viene también está prevista la testifical de dos altos mandos de los Mossos dEsquadra que intervinieron directamente en el dispositivo de seguridad del 1-O y que, hasta la fecha, han sido muy críticos con la postura mantenida entonces por el Govern pero que también han defendido que la policía autonómica catalana cumplió escrupulosamente con las órdenes judiciales de impedir el referéndum. Son el entonces Jefe de la Comisaría General de Información, Manel Castellví, y el entonces jefe de Planificación y Seguridad, Emili Quevedo. Los dos comparecieron ante el juez Pablo Llarena en febrero del año pasado y coincidieron en negar que ni el entonces conseller Joaquim Forn diese órdenes de incumplir la orden judicial. «No me consta», dijo por ejemplo Castellví. Sí detallaron cómo tuvieron un enfrentamiento con Carles Puigdemont cuando les trasladó que «había un mandato del pueblo, una acción del gobierno y que se debían a ella», asegurando por ejemplo Quevedo que les advirtió que «los Mossos no son un cuerpo político». El miércoles también se espera un testimonio clave en las acusaciones por rebelión relativas al 20 de septiembre: la letrada de la administración de justicia del juzgado 13 de Barcelona que ese día dirigía los registros ordenados en la Consellería de Economía en la conocida como operación Anubis. Su testimonio es clave para determinar si la concentración de 60.000 personas perturbó el desarrollo del registro y también para explicar si no tuvo más opción que escapar a través de un edificio cercano. Esta también será una semana clave para Carme Forcadell, expresidenta del Parlament de Catalunya y acusada de tramitar hasta once iniciativas independentistas a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional. Están llamados a declarar tanto a los representantes de PSC, Ciudadanos y Partido Popular en la Mesa como también el exletrado mayor y el exsecretario general del Parlament. Todos, cada uno desde su puesto, se opusieron a las directrices de Carme Forcadell advirtiendo del peligro de tramitar normas como la Ley del Referéndum o de Transitoriedad. Los nombres de Antoni Bayona, exletrado mayor, y Xavier Muro i Bas, exsecretario general, han protagonizado esta causa desde el principio. En sus informes dirigidos a la Mesa advertían que la tramitación de leyes de ruptura «está afectada por el derecho de cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula» esta iniciativa, criticando también la tramitación acelerada del proceso. Sus informes no son vinculantes pero sus testimonios sí pueden ser clave para rebatir o confirmar las explicaciones de Forcadell, que siempre ha alegado que la Mesa era un simple «filtro formal» sin poder estudiar el contenido de las iniciativas que tramitan. José María Espejo (Ciudadanos) y David Pérez (PSC) también darán detalles de cómo transcurrió una tramitación de leyes de desconexión que, para la Fiscalía, constituyeron una desobediencia continua al Tribunal Constitucional.

Semana clave para la rebelión y la desobediencia en el juicio al procés

El martes declara el coronel de la Guardia Civil que coordinó el dispositivo de seguridad el 1-O

También declaran miembros de la Mesa y letrados que advirtieron en contra de tramitar iniciativas independentistas

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