Los puntos más polémicos de la 'ley Celaá': del castellano a la religión

Madrid

La nueva reforma educativa --la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), llamada comúnmente ley Celaá-- ha llegado al Congreso para su tramitación definitiva. Antes se debaten más de mil enmiendas al proyecto presentado por el Gobierno, entre ellas, algunas que han suscitado mucha polémica.

La Educación sigue siendo un arma política más. Mientras los ciudadanos siguen reclamando un pacto de Estado en esta materia, lo que ocurre en la práctica es que cuando cambia el signo político en la Moncloa, se prepara un nuevo texto con modificaciones a la anterior propuesta educativa. Así, la ley Celaá pretende cambiar algunos de los aspectos más controvertidos de la ley Wert, como los que tienen que ver con la lenguas cooficiales, la religión o la enseñanza concertada. Con la ayuda de Luz Martínez Seijo, portavoz de educación del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y ponente de la ley, desentrañamos algunos de los puntos más polémicos.

No, no desaparece el castellano de las aulas en comunidades con lenguas cooficiales

La lengua siempre es uno de los principales conflictos en materia de Educación y la terminología siempre se lee con detalle, aunque muchas veces no sea más que un cambio de palabras que no se traduzca en grandes modificaciones en la práctica. La semana pasada PP, Ciudadanos y Vox, que ya han anunciado su intención de llevar al Constitucional la nueva ley de Educación después de que se aprobara una enmienda que eliminaba del texto la especificación del castellano como "lengua oficial del Estado" y que establece que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo.

Tanto la propia ministra de Educación, Isabel Celaá, como la portavoz de educación del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Luz Martínez Seijo, en esta entrevista, insisten en que esa modificación no supone en ningún caso que el castellano desaparezca de las aulas de las comunidades donde haya lenguas cooficiales, al contrario: "El sistema educativo debe asegurar que al finalizar la educación básica todos los alumnos y alumnas tengan un dominio pleno en la lengua castellana, en las otras lenguas oficiales donde lo sean, y en, al menos, un idioma extranjero, deseablemente dos. Por eso la ley establece que las Administraciones educativas aseguren que los centros realicen los análisis y evaluaciones, de modo que se garantice que todos los alumnos tienen la competencia lingüística en el nivel que corresponde en todas las lenguas. Además se establece que impulsarán la adopción de las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas. Así se aumentará, por ejemplo, las horas de gallego en una zona donde la lengua predominante sea el castellano y de castellano donde la lengua socialmente más implantada sea el gallego", explica la ponente de la ley.

LA FIRMA DE ÀNGELS BARCELÓ

<p>Con la lengua y Ciudadanos hemos topado</p>

Los padres podrán seguir eligiendo en qué centros estudian sus hijos

La ley Celaá busca reforzar la educación pública y la concertada lleva meses mostrando su rechazo a una reforma que mengua algunos de los privilegios que ha mantenido desde hace muchos años. La Plataforma Concertados, que aúna a seis organizaciones, denuncia que "la LOMLOE quiere suprimir la libre elección de las familias y la demanda social como criterio para mantener o reducir aulas, además de reforzar el criterio de zonificación, que restringe todavía más esta libertad". Una afirmación que sólo es cierta en parte. Las familias seguirán teniendo libertad de elección de centro pero la ley pretende garantizar que el proceso de admisión a los distintos centros sea más transparente y que la Administración verifique que los centros educativos sostenidos con fondos públicos no discriminan a ningún estudiante por sus condiciones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza.

"Lo que se elimina es el criterio de "la sintonía de los padres" con el proyecto educativo, que atenta contra la libertad de las familias y facilita que sean los centros educativos los que seleccionen al alumnado en contra de la igualdad de acceso y no discriminación que son constitucionales", explica Martínez Seijo.

La nueva ley primará en el proceso de admisión la proximidad de centro al domicilio o lugar de trabajo de los padres, la existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro y la renta per cápita familiar. Y ningún criterio por sí solo (excepto el de proximidad) podrá suponer más del 30% de los puntos.

FIRMAS CONTRA LA LEY

<p>El PP inicia una campaña de recogida de firmas contra la ley Celaá</p>

Eliminación del concepto de "demanda social"

La ley Wert permitía a los ceder suelo público para construir centros concertados bajo el concepto "demanda social" que desaparece con esta ley y que es una de las principales críticas de este tipo de escuelas. "El concepto de demanda social es un eufemismo para dar cobertura a la práctica extendida en algunas comunidades autónomas de ceder suelo municipal, incluso en zonas sin centros públicos, para centros privados de nueva creación promovidos por empresas sin trayectoria educativa a las que se concedía de antemano el concierto", detalla Martínez Seijo.

Bajo el paragüas de la "demanda social" muchos centros han visto incrementada su oferta considerablemente y se han dado casos en los que se ha utilizado ese suelo público para fines que poco tenían que ver con educación, como ocurrió en un colegio de Madrid donde se construyó un gimnasio privado.

La nota de Religión no contará para becas o el expediente

El 60% de los centros concertados de España son religiosos. Bajo el lema Más libres, más plurales, más iguales, asociaciones de centros concertados y de padres impulsan movilizaciones para "parar la ley Celaá" y reclamar un pacto de Estado. Además de criticar la eliminación del concepto de demanda social, inciden especialmente en el hecho de que la nueva ley "vuelve a postergar la enseñanza de la religión". Incluso algunos centros católicos están transmitiendo la idea a la comunidad educativa de que se elimina esa asignatura por completo y que en su lugar se impartirá Educación en valores cívicos y éticos, con el fin de "adoctrinar".

La portavoz de Educación socialista aclara que la asignatura de Religión podrá seguir ofertándose pero recuerda que "el derecho de un estudiante a recibir formación religiosa no debe convertirse en una obligación para quienes no opten por esta formación, como impuso la LOMCE". La nota de Religión no contará para becas o el expediente y ahora no tendrá asignatura espejo, como era hasta ahora Valores Éticos, para los que no quisieran religión.

"La LOMLOE plantea una asignatura o contenido transversal de Educación en valores cívicos y éticos para todos, en la que se puedan abordar temas como las instituciones democráticas, la Constitución, y los derechos y deberes de los ciudadanos", explica Martínez Seijo, y añade que, en este caso, sí contará para el expediente.

Los centros de educación especial no desaparecen

Naciones Unidas elaboró en 2018 un duro informe en el que acusaba a España de tener "un sistema paralelo" de educación especial que considera que discrimina a los alumnos con ese tipo de necesidades. La ONU instaba a nuestro país a asegurar una educación inclusiva en centros ordinarios para todos los alumnos con discapacidad y acabar con el sistema de centros especiales.

En consonancia con este mandato, la LOMLOE propone incrementar los recursos de los centros ordinarios paulatinamente, "para que ninguna familia se quede sin escolarizar a su hijo o hija en un centro ordinario porque los centros no tengan los recursos ni los medios adecuados", señala Martínez Seijo que asegura que "el proyecto de Ley de Educación en ningún caso plantea el cierre de los centros de educación especial".  Además establece que las Administraciones educativas continúen prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial "para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios".

Control a las cuotas de los concertados

Hay una realidad de la que poco se habla: la mayoría de centros concertados cobran una cuota extra a los padres amparándose en argumentos de lo más variopintos: de una valla que nunca acaba de construirse a supuestas actividades complementarias de pago que se programan en horario de tiempo lectivo. Cobros en algunos casos muy altos que estas escuelas suman a los fondos públicos y que la ley Celaá pretende eliminar.

La ley quiere obligar a las comunidades autónomas a que controlen que la concertada no cobre cuotas de forma obligatoria pero podrán seguir existiendo de forma voluntaria. La forma de controlar esas recaudaciones en paralelo y lo que pase después si el alumno no paga esa cuota voluntaria es difícil de descifrar. De momento se trata en una declaración de intenciones contra una práctica que, según Martínez Seijo, "adultera el sentido del concierto, excluye a familias a las que se niega la libertad de elegir y hace competencia desleal a los centros privados,a demás de desprestigiar al conjunto de la concertada".

Fin a fondos públicos para centros que separan por sexo

La semana pasada también se aprobó la enmienda que prohibirá a los centros que segreguen por sexos recibir dinero público. Un punto que entra dentro de una serie de medidas que busca el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres entre las que se incluye también el impulso desde las Administraciones educativas al incremento de la presencia de alumnas en estudios del ámbito de las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, así como en las enseñanzas de formación profesional, con menor demanda femenina.