El Supremo inadmite las querellas contra el Gobierno pero pide investigar la gestión de la crisis del COVID
La Fiscalía pidió inadmitir las más de 50 denuncias y querellas presentadas contra miembros del Gobierno
El Supremo ya pidió inadmitir una contra el ministro del Interior por la interrupción de ceremonias religiosas durante el confinamiento
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en Madrid (España) / EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Eu (EUROPA PRESS)
Madrid
El Tribunal Supremo ha inadmitido las decenas de querellas y denuncias presentadas contra distintos miembros del Gobierno por la gestión de la crisis del COVID-19, pero también deja los distintos casos en manos de la Justicia ordinaria por si hubiera delito. Los jueces de lo penal instan a investigar, por ejemplo, las muertes en residencias o la falta de material de protección de sanitarios y policías como ya hacen algunos juzgados de todo el país.
Los jueces de la sala de lo penal, con Manuel Marchena como ponente, rechaza por ejemplo querellas y denuncias contra Pedro Sánchez y distintos ministros por el polémico cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, la aplicación del estado de alarma, la situación en las residencias de ancianos o la falta de material de protección para sanitarios y policías: "El estado actual de la medicina no permite proclamar ese enlace causal entre la acción u omisión del Gobierno y el lugar o el momento de un contagio", dicen los jueces.
Eso no significa que no vean ningún tipo de delito: por eso remiten muchas de estas denuncias a los juzgados de Madrid para que investiguen si los sanitarios no tuvieron material suficiente, o también las muertes en residencias de la tercera edad, como ya están haciendo varios juzgados por todo el país. En la capital, tal y como avanzó Radio Madrid, ha sido imputada la directora de una residencia por homicidio imprudente.
Recuerdan además los jueces que existe la posibilidad de buscar resarcimiento por las vías civil o contenciosa: "No abordamos otras formas de reparación al alcance de las víctimas en otros órdenes jurisdiccionales", recordando que "los daños ligados al funcionamiento anormal de un servicio público son directamente indemnizables en la jurisdicción contencioso-administrativa (...) y el daño producido por acciones u omisiones en que haya intervenido culpa o negligencia es también reparable en vía civil". En el mes de mayo varios magistrados extremeños apuntaban a esta posibilidad en declaraciones a la Cadena SER.
Medio centenar de querellas
Son las múltiples denuncias y querellas presentadas contra distintos miembros del Gobierno en los últimos meses por distintos aspectos de la gestión de la crisis del COVID-19. La Fiscalía, en un informe de Luis Navajas, pidió que todas fueran inadmitidas al entender que no se podían exigir responsabilidades a estos responsables políticos y sanitarios por la vía penal.
La primera decisión de inadmitir una de estas querellas llegó hace una semanas cuando el magistrado Vicente Magro decidió inadmitir la presentada por la Asociación de Abogados Cristianos contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la interrupción policial de misas y eventos religiosos en diversos lugares de España durante el primer confinamiento. Otras vías judiciales, como la investigación al Delegado del Gobierno en Madrid por la manifestación feminista del 8 de marzo, también han terminado en archivo.
