Un año del caso Erial: la caída del que parecía intocable

Valencia

El 22 de mayo del año pasado la Guardia Civil detenía en Valencia a Eduardo Zaplana. Él y siete personas más (algunas del entorno familiar de Juan Cotino) son sospechosos de los delitos de blanqueo de capitales, delito fiscal, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho. Según los investigadores Zaplana, que fue president de la Generalitat entre 1995 y 2002, había amasado una fortuna, más de diez millones de euros, procedentes de comisiones ilegales. Comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos para el Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y de las concesiones de las ITV's que acabaron en paraísos fiscales. Básicamente en Uruguay.

Zaplana ingresó en prisión dos días después a pesar de los intentos de su entorno para evitarlo. En tratamiento por leucemia, el expresident y exministro, pidió a través de su defensa hasta en cinco ocasiones su puesta en libertad y que se le mantuviera bajo arresto domiciliario. Decisión que no se produciría hasta ocho meses después. En ese tiempo hasta Pablo Iglesias, de Podemos, consideró inadecuado que Zaplana estuviera en prisión.

Antes de que llegara su excarcelación pasó unas semanas en el Hospital La Fe recuperándose del tiempo que había estado entre rejas. Los facultativos que le atendían llegaron a alertar sobre que su vida peligraba si no abandonaba la prisión de Picassent.

Tal fue la presión sobre la jueza instructora, que el resto de jueces llegaron a firmar un documento de apoyo a esta ante la campaña de acoso y derribo a que fue sometida. Pero hasta febrero pasado, la jueza no dictó el auto que sacaba al exministro de la cárcel. Los investigadores habían conseguido localizar y bloquear la fortuna que supuestamente amasó en el extranjero durante sus años en el poder, y que asciende según estas fuentes a “algo más” de 6,7 millones de euros “en metálico”.

El origen de todo

Erial había arrancado por una casualidad. Durante la investigación del Caso Taula, por entre otras cosas la financiación irregular del PP, Marcos Benavent, el yonki del dinero, entregó a los investigadores "unos papeles", unos documentos, que habían sido encontrado en un sobre en un piso en el que había vivido Eduardo Zaplana.

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Un documento que había entregado a Benavent, según su propio testimonio, un conocido miembro de la comunidad árabe de Valencia que, a su vez, había alquilado el piso donde antes había vivido Zaplana. En esos documentos constaba la hoja de ruta y la mecánica para sacar de España el dinero de las mordidas.

El testaferro uruguayo

Las investigaciones condujeron al uruguayo Fernando Washington Belhot. Un gestor internacional especializado en el movimiento de activos que se había encargado del dinero del exministro. Al verse implicado en la trama, Washington decidió colaborar con la justicia y su testimonio fue clave en la detención de Zaplana y para aclarar tanto la mecánica de la trama como dónde estaba el dinero y cómo lo traía a España de nuevo.

La confesión del testaferro uruguayo de Zaplana a cambio de no ser investigado ha permitido la recuperación de parte del dinero que el exministro sacó de España, 5,7 millones según ha publicado el Diario.es.