Ayuso envía a los interventores a Telemadrid en plena crisis del coronavirus

La peor crisis de la historia de la Comunidad de Madrid no ha mitigado la guerra soterrada que mantiene la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contra Telemadrid. La epidemia del coronavirus ha propiciado una 'falsa tregua' en la mala relación que arrastra el gobierno madrileño con la cadena pública desde el inicio de la legislatura. Pero la realidad es que el Gobierno madrileño nunca enterró el hacha de guerra. La prueba más evidente es que el pasado 26 de marzo, en pleno Estado de Alarma, la dirección de Telemadrid recibió una comunicación de la Intervención General de la Comunidad de Madrid informando que la cadena madrileña se va a someter inmediatamente a una auditoría exhaustiva sobre toda la contratación en el ejercicio 2019. Según ha sabido la SER, los interventores quieren realizar un control financiero sobre todos los contratos, amparándose en la ejecución del Plan Anual de Auditorías de 2020 de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a través de la Consejería de Hacienda, ha activado esa auditoría en plena pandemia del cononavirus, sin tener en cuenta la merma que también sufre Telemadrid a raíz del teletrabajo en varios departamentos, entre ellos, el jurídico o el de administración. La Comunidad de Madrid ha obviado esa situación y ha reclamado ya todos los expedientes de contratación administrativa tramitados y adjudicados en 2019 - en formato Excel- desglosados por el tipo de contrato, el presupuesto de licitación, el valor estimado del contrato, la duración, el procedimiento de adjudicación, si hubo o no publicidad en el concurso y el importe por el que se cerró esos contratos.

El Gobierno madrileño da el paso que deseaba el actual Jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, que llegó a acusar a través de Twitter al director general de la cadena pública, José Pablo López, de “formar parte de una trama de contratos irregulares que arrancó cuando presidía el tránsfuga Garrido [actual consejero de Transportes]”, hasta el punto de que llegó a avisar, “se les ponen difíciles las cosas. A los tres” (actualmente ese tuit no se puede recuperar porque Miguel Ángel Rodríguez borró su cuenta).

La Cadena SER se ha puesto en contacto con Telemadrid, según las fuentes consultadas en la dirección de la cadena pública "esta auditoría responde a una maniobra más del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para presionar a la cadena pública”. Los más veteranos en la cadena pública madrileña no recuerdan una auditoría en Telemadrid desde hace, al menos, "16 años, ni siquiera en los tiempos más turbios y oscuros".

La Comunidad de Madrid pone ahora el foco sobre la contratación en Telemadrid, después de los ataques constantes que ha recibido por parte del Partido Popular, primero, de la propia presidenta tras dejar en el aire la opción de cerrarla, y en especial, de su diputada Almudena Negro que llegó a reprochar al director general de Telemadrid que no era “leal” con “el Gobierno para el que trabaja”. Los desencuentros entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han sido constantes, en la dirección de Telemadrid sentó muy mal que la Comunidad de Madrid ignorase a la televisión pública madrileña – de hecho la primera entrevista de Isabel Díaz Ayuso en Telemadrid fue a raíz de la crisis del coronavirus-, la presidenta madrileña no quiso recibir a sus directivos, ni siquiera respondió a las cartas que recibió, lo hizo su Jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que emplazó al Consejo de Administración de Telemadrid a reunirse con el Consejero de Hacienda para tratar los problemas económicos y de renovación tecnológica que sufre Telemadrid. Javier Fernández Lasquetty les llegó a dar una fecha para esa reunión pero estalló la crisis del coronavirus y ese encuentro nunca se llegó a producir.

Los interventores no solo revisarán los contratos de 2019, también realizarán una verificación del grado de implantación de las recomendaciones que planteó la Cámara de Cuentas de la Comunidad tras la fiscalización que realizó entre 2008 y 2015. Básicamente, en ese informe que salió a la luz en 2019 se establecía que “deberían establecerse mecanismos de control de la contratación directa por razón de la cuantía” y debía establecerse un sistema fiable que permitiese conocer “toda la vida del expediente de esos contratos, desde su tramitación hasta su adjudicación y ejecución”.

La Intervención General de la Comunidad de Madrid le reclama a la Comunidad de Madrid toda la documentación requerida a la mayor brevedad posible, entre ellas:

• Instrucciones Internas de contratación administrativa vigentes, así como Instrucciones Internas de contratación de fechas: 1 de enero de 2008, 20 de junio de 2012 y 21 de abril de 2014.
• El Plan de necesidades que justifiquen las contrataciones llevadas a cabo durante 2019.
• Actas del Comité de Compras correspondientes al ejercicio 2019.