El coronel jefe de Asturias de la Guardia Civil defiende la investigación sobre la trama de explosivos del 11-M
Pedro Laguna dice que las informaciones de los confidentes llevaron a crear equipos para realizar averiguaciones
Madrid
El coronel jefe de la zona de Asturias de la Guardia Civil, que comprende las Comandancias de Gijón y Oviedo, Pedro Laguna, ha dicho hoy en el juicio del 11-M que ordenó que la investigación sobre tráfico de explosivos en Avilés fuera llevada por Oviedo con el apoyo de Gijón y defendió que las confidencias de Francisco Javier Fernández, conocido como Nayo, Lavandera y el acusado Rafa Zouhier desembocaron en la creación de equipos dedicados a realizar averiguaciones.
"Se realizó una intervención, se crearon equipos destinados a investigar. ¿Eso no es intervenir?", espetó al abogado defensor del asturiano Raúl González Peláez, Endika Zulueta.
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El alto mando de la Guardia Civil que dijo desconocer "los entresijos de la investigación", ya que se limitaba "a despachar" con el teniente coronel Fernando Aldea, especificó que el responsable de Policía Judicial de Gijón le informó de la existencia de la Operación Serpiente, abierta tras los datos ofrecidos por Lavandera sobre José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro.
Así, explicó que los dos tenientes coroneles responsables de cada Comandancia son "profesionales" e "independientes" mientras de su cargo como jefe de zona es "un mando de dirección, de control y de coordinación".
En cuanto al testigo protegido el coronel apuntó que Lavandera les engañaba "contínuamente" y que le dijeron que el día que tuviera los explosivos "llamara".
Confidencias
El jefe de la Comandancia de Gijón, José Antonio Rodríguez Bolinaga, se refirió a las confidencias de Lavandera, ofrecidas a un agente de su zona y grabadas en una cinta. Rodríguez Bolinaga indicó que los datos ofrecidos por éste estaban relacionados con la Operación Pipol llevada a cabo por la Policía Nacional por lo cual investigó que no existieran nuevos datos de importancia y al constatar que no era así cerró la investigación.
El testigo declaró que existe una sanción administrativa en su contra abierta por la Guardia Civil en relación a la desaparición durante un largo periodo de tiempo de la cinta con la grabación de las confidencias.
