Resumen de los cinco años de la investigación de la trama Gürtel

Madrid

El origen del caso se sitúa el 6 de febrero de 2009, cuando el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, instructor en origen de la causa, decretó las primeras detenciones. Fue bautizada como 'Gurtel', palabra que en alemán significa 'correa', como el apellido del cabecilla de la trama, Francisco Correa. En la causa se investiga una presunta red de corrupción ligada presuntamente a cargos del PP, y que operaba fundamentalmente en Madrid y Valencia.

Al poco tiempo de comenzar la investigación, el juez Garzón se inhibió a favor de los tribunales autonómicos de Madrid y Valencia, al apreciar indicios de delito contra diputados de estas comunidades. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) aceptó esa inhibición al apreciar sendos indicios de delitos de cohecho y tráfico de influencias sobre tres diputados del PP la Asamblea de Madrid: Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, que finalmente abandonaron el Partido Popular pero no el escaño en el Grupo Mixto. Así lo comunicaba la todavía presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre:

Meses después, en abril de 2010, Aguirre aseguraba en la Asamblea de Madrid que en realidad fue ella la que destapó el caso Gürtel:

En febrero de 2009, el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, compartió una jornada de cacería con el juez Baltasar Garzón. Las críticas llovieron tanto desde las filas del PP como del PSOE y se pedía con insistencia la dimisión del ministro, como finalmente ocurrió. Una de esas voces críticas era la de Mariano Rajoy:

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) asumió la parte de la causa que afectaba al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps; al también aforado Ricardo Costa, que fuera secretario general del PP valenciano; a Víctor Campos, exvicepresidente del Gobierno valenciano y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo y actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, quienes fueron investigados por un supuesto delito de cohecho. Esteban González Pons afirmaba que "cuatro chorizos no son el Partido Popular":

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En marzo de 2009, el propio Camps afirmaba delante de la plana mayor del Partido Popular que él se pagaba sus trajes:

El 3 de agosto de 2009, el TSJCV archivó sin embargo la causa contra todos ellos al aceptar los recursos de los imputados. La decisión fue recurrida ante el Tribunal Supremo, quien el 12 de mayo de 2010 ordenó al TSJCV la reapertura del caso.

Pocos meses antes, en octubre de 2009, el levantamiento parcial del secreto de sumario había revelado detalles de los estrechos vínculos que los principales miembros de la trama corrupta mantenían con dirigentes del PP y arrojó sospechas sobre la financiación del partido.

Por aquel entonces, voces del Partido Popular como María Dolores de Cospedal, seguían defendiendo que habían tomado medidas "contundentes":

En mayo de 2011, el TSJCV asumió investigar un posible delito electoral del PPCV en los comicios municipales y autonómicos de 2007 y de falsedad documental en las generales de 2008, y si la Generalitat prevaricó y cometió cohecho en contratos con Orange Market.

El 5 de julio, el TSJCV rechazó, sin embargo, acumular las causas de los trajes y la financiación del PPCV, y el 15 de julio, el juez Flors acordaba la apertura del juicio oral a Camps, Costa, Campos y Betoret, en la "causa de los trajes".

La proximidad del juicio forzó la dimisión de Camps como presidente de la Generalitat y del PPCV. Horas antes, Campos y Betoret habían aceptado su culpabilidad y el 16 de septiembre de 2011, fueron condenados a pagar sendas multas de 9.600 euros por cohecho pasivo impropio.

La situación dio un giro cuando el 25 de enero de 2012, el jurado popular encargado de decidir sobre Camps y Costa les declaró "no culpables" del delito de cohecho impropio. "No está probado que recibieran regalos de la Gürtel", explicó la sentencia. A día de hoy, el TSJCV sigue instruyendo la causa referida a la supuesta financiación irregular y delito electoral del PPCV relacionada con la trama.

El magistrado ha dividido ésta en seis piezas, dentro de las cuales se encuentran imputadas más de una treintena de personas, entre las que figuran los supuestos cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "el Bigotes"-empresarios y varios cargos del PP, entre ellos seis diputados autonómicos.

El caso se siguió además en el Alto Tribunal, al constatarse indicios de delito contra la Hacienda Pública y de cohecho en el caso de Luis Bárcenas, senador y extesorero del PP, y de cohecho en el caso de Jesús Merino, diputado del PP en el Congreso por Segovia.

La renuncia de los dos políticos a sus actas de senador y diputado, respectivamente, determinó que la investigación respecto a ellos recayera de nuevo en el TSJM.

El 1 de septiembre de 2011 el juez Pedreira del TSJM notificó el sobreseimiento de las actuaciones respecto a Bárcenas y a Merino al considerar que no existían pruebas de los delitos que se les imputaban. El 15 de marzo de 2012, Pablo Ruz, juez de la Audiencia Nacional, organismo al que desde el TSJM fue a para la causa tras la pérdida de condición de aforados de los exdiputados autonómicos madrileños, declaró nulo, sin embargo, el auto de sobreseimiento dictado por el tribunal madrileño y volvió a imputar a ambos.

El avance de la investigación ha derivado además en una pieza separada de la investigación principal y referida al propio Bárcenas y su presunto enriquecimiento ilícito, que el juez Ruz instruye igualmente.

El caso tuvo aún otra versión en el TSJ de Castilla y León. Así, el 22 de noviembre de 2011, comenzaron a declarar los 17 imputados ante el magistrado del TSJCYL que instruye las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de la variante de Olleros de Alba (León), consideradas parte de la trama. El 17 de julio, el tribunal archivó definitivamente las actuaciones que se seguían contra el expresidente de las Cortes regionales José Manuel Fernández Santiago.

El pasado 18 de diciembre de 2013, Esperanza Aguirre declaró por escrito como testigo desde su despacho en la sede nacional del PP. La expresidenta de la Comunidad de Madrid alegaba desconocimiento para desvincularse de la trama e insistía en que a los culpables "se les condene, encarcele y devuelvan lo que han robado":