El 'caso Nóos' se reanuda con el interrogatorio de Diego Torres
El tribunal que juzga el fraude del Instituto Nóos escuchará al exsocio de Iñaki Urdangarin después de garantizar la presencia en la vista oral del acusado, Alfonso Grau
Diego Torres y su esposa, Ana María Tejeiro, a su llegada a la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP) / Cati Cladera (EFE)
Palma de Mallorca
En las pocas entrevistas que ha concedido siempre ha dicho lo mismo. Estaba deseando que llegara este momento. Estaba deseando poder explicar su versión de los hechos. Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, reanuda este martes la ronda de interrogatorios a los acusados en la tercera semana del juicio del caso Noos. La fiscalía le pide 16 años y medio de cárcel por haberse apropiado junto a Urdangarin de fondos públicos que los gobiernos de Baleares y Valencia y el ayuntamiento de Madrid adjudicaron al Instituto Nóos.
Diego Torres: 'Tengo gran impaciencia por explicar lo que sucedió'
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Él sostiene todo lo contrario. En fase de instrucción, Diego Torres defendió la legalidad de los convenios y aseguró que la Casa Real supervisaba todas las actividades del Instituto Nóos. Todo se sometía a "personas que eran más listas y que tenían más recursos para que supervisaran lo que estaba bien y lo que estaba mal", declaró Diego Torres ante el juez José Castro. Sobre sus empresas, que el fiscal Pedro Horrach sostiene que giraron a Noos facturas falsas por servicios no prestados, dijo que son anteriores al nacimiento de la entidad sin ánimo de lucro. Que tenían empleados y una cartera de clientes. El Instituto Noos era un cliente más, las facturas responden a trabajos reales que se hicieron a precio de mercado y los ingresos se declararon a Hacienda.
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El tribunal mantiene el calendario
La detención del exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, en una nueva operación contra la corrupción desarrollada este lunes, ha amenazado con suspender el juicio. Grau fue finalmente puesto en libertad después de que la presidenta del Tribunal, Samantha Romero, enviara un escrito a la Guardia Civil preguntando qué tipo de acción se dirigía contra el exedil de Valencia y si estaba amparada por una orden judicial ya que, en caso contrario, tenía preferencia la vista oral de la Audiencia de Palma que ya estaba fijada con anterioridad. Además, señalaba que si el acusado no estaba en el juicio la sesión podría suspenderse con los problemas de calendario que ello conlleva.
