El 'caso Gürtel', una fotografía de la corrupción del Partido Popular

Este martes comienza en la Audiencia Nacional el juicio a la trama Gürtel, la red de corrupción que anidó en el PP y se extendió por varios de sus gobiernos autonómicos y municipales. En concreto, se juzga lo que en el argot jurídico se ha conocido como la primera época de la Gürtel; esto es, desde 1999 a 2005. Estamos ante el primero de los juicios. Después vendrán otros nueve. En el banquillo se van a sentar hoy 37 personas a las que se reclaman, entre multas y fianzas de responsabilidad civil, unos 450 millones de euros. Entre ellos hay nombres sobradamente conocidos: Francisco Correa, Luis Bárcenas, Álvaro Pérez, El Bigotes... Pero además de estos 37 acusados, hay tres partícipes a título lucrativo: el Partido Popular, la exministra Ana Mato y la pareja de uno de los principales acusados (Guillermo Ortega), a quienes la justicia considera beneficiarios de los manejos de esta red. El 6 de febrero de 2009, el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó las primeras detenciones. Se llamó Operación Gürtel porque era el apellido en alemán del principal acusado, Francisco Correa. Para entender de lo que hablamos, tomemos como punto de partida una foto, la que se tomó el 11 de febrero de 2009, es decir, cinco días después de que se produjeran las primeras detenciones de la Operación Gürtel. El escenario es la sede del Partido Popular, en la calle Génova de Madrid. Se acaba de reunir el Comité Ejecutivo Nacional del PP y Mariano Rajoy comparece ante los medios. Lo hace escoltado por la plana mayor de su formación. A su izquierda están Ana Mato, Francisco Camps o Ana Botella. A la derecha de Rajoy está Esperanza Aguirre. Detrás de un atril azul, con el logo del PP y el lema «soluciones», habla el presidente del partido. Mariano Rajoy lanza una frase que es el principio de este recorrido: «Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden; esto es una trama contra el Partido Popular, que es una cosa muy distinta». El PP denunció aquella operación como un ataque contra su formación. De hecho, tanto quiso hacerse la víctima que se personó judicialmente en la causa como acusación. Los jueces acabaron poniendo fin a ese dislate porque el PP actuaba más como defensa de los implicados que como acusación y, al final, el Partido Popular, como organización, pasó de perjudicado a beneficiario. De acusación a acusado. No fue la única falsedad que dijo Mariano Rajoy aquella mañana. El entonces líder de la oposición también aseguró: «Todas las contrataciones de esta casa se han hecho en el marco de la legalidad. Todas, sin excepción, figuran en el Tribunal de Cuentas y de ninguna hemos recibido beneficio alguno». A pesar de lo que dijo Rajoy, el Partido Popular, acusado por haberse beneficiado de la trama, está implicado por haber pagado con dinero negro las obras de reforma de su sede de la calle Génova y procesado por haber destruido los ordenadores donde, según Luis Bárcenas, estaba parte de la contabilidad b del partido. En esa infausta comparecencia de aquel 11 de febrero de 2009, a Mariano Rajoy también le preguntaron por Bárcenas, a la sazón tesorero nacional del partido en aquella época. Antes de que pasara a ser «ese señor del que usted me habla», Rajoy era contundente: «Tengo que decir que la actuación del señor Bárcenas y la acusación que se ha hecho es absolutamente falsa». Esa fue la primera vez que Rajoy defendió a Bárcenas en público. Un par de meses después, pronunciaría una enrevesada y ya famosa frase cuando le preguntaron por su todavía tesorero y por el eurodiputado Gerardo Galeote: «Estas dos personas a las que usted ha citado no están imputadas por ningún tribunal; no están acusados por nadie. Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes (sic). Esto es cuanto tengo que decir sobre ese asunto». Bárcenas está imputado en varias causas y acusado de haberse enriquecido ilícitamente hasta el punto de haber acumulado en Suiza unos 50 millones de euros. Junto a Rajoy, compareció aquel 11 de febrero de 2009 la plana mayor de su partido. Escoltándole había dos dirigentes que tuvieron la máxima responsabilidad en los gobiernos autonómicos bajo cuya ala parasitó la corrupción. La primera, Esperanza Aguirre. En aquella época era presidenta de la Comunidad de Madrid. Dos días antes de aquella rueda de prensa, Aguirre había forzado la renuncia de su consejero de Deportes, Alberto López Viejo, por haber contratado a las empresas de Correa desde el Gobierno regional pero, aún así, Aguirre sostenía que su hombre de confianza no había hecho nada malo: «Alberto López Viejo no ha realizado ningún acto ni ilegal ni irregular. Algunas de las empresas que han organizado esos actos son las que está investigando Garzón por delitos muy graves, como cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de dinero, etc. Cosa que no teníamos ni idea. Por tanto, toda la actuación es perfectamente legal, perfectamente regular, goza de los informes de la intervención y de todos los servicios de la Comunidad de Madrid. Pero esas contrataciones se han hecho por las confianzas que sus técnicos ofrecían al señor López Viejo», explicó Aguirre. «Ignorante él», añadió la ahora concejala del Ayuntamiento de Madrid. E ignorante ella. La trama corrupta anidó en su Gobierno. Entre 2003 y 2009, Francisco Correa logró quedarse casi en exclusiva con la organización de todos los actos públicos de autobombo de Esperanza Aguirre sin necesidad de competir en concursos por esos contratos. Facturó casi ocho millones de euros por 400 eventos –uno cada tres días a 20.000 euros de media— por un sistema ilegal de contratación que dirigía López Viejo. El hombre de confianza de Aguirre cobraba a su vez de la red Gürtel comisiones ilegales del 10% del coste total, según la investigación judicial. La presidenta nunca se enteró durante seis años de que en su Gobierno pasaban esas cosas, pero el colmo llegó en abril de 2010 cuando, en sede parlamentaria, dijo: «Yo destapé la trama Gürtel. Yo me opuse a que una parcela en Majadahonda se vendiera a menos de la mitad de su valor, y de ahí salió todo eso». Además de Aguirre, junto a Rajoy en aquella comparecencia había otro presidente autonómico bajo cuyo gobierno también hizo jugosos negocios la trama Gürtel, Francisco Camps. El presidente de la Generalitat valenciana tuvo que dimitir por el famoso escándalo de los trajes que le había regalado la trama Gürtel aunque luego fue absuelto de un delito de cohecho impropio por un jurado popular. Sin embargo, dos de sus colaboradores más cercanos dimitieron y asumieron el delito antes de ir a juicio. Al margen de ese episodio concreto, que sólo era el botón de la muestra, en la Comunidad Valenciana la red Gürtel financió ilegalmente mítines del PP, amañó contratos con distintas consejerías e incluso hizo negocio con la visita del Papa Benedicto en 2006. La realidad desmintió otra vez a un dirigente popular que, al mes de estallar el escándalo, lo veía todo legal. «Creo que intentar generar una sombra de duda o de sospecha sobre el buen funcionamiento de una de las administraciones más importantes que tiene nuestro país [la Generalitat valenciana] es completamente injusto; en cualquier caso, nadie ha demostrado a día de hoy que nada haya ocurrido en todos los procedimientos, y son cerca de 3.000 diferentes las adjudicaciones de la Generalitat a lo largo del año, la más mínima duda o excusa al respecto», dijo Francisco Camps en marzo de 2009. Para ser todo legal, están bajo sospecha más de 10 millones de euros en contratos de la Generalitat valenciana con la trama Gürtel. Paradójicamente, quien más visible resulta en esa foto de la comparecencia de Rajoy es Ana Mato, la única acusada en el juicio de hoy de esa foto. En primer plano, hombro con hombro a la izquierda de Rajoy, vestida con una chaqueta roja, está la exministra de Sanidad, que ha acabado acusada como partícipe a título lucrativo en esta causa. El juez Pablo Ruz considera que se benefició de una trama que le pagó desde viajes a Disneyland París hasta fiestas de cumpleaños de sus hijos con payasos incluidos. Aunque el episodio que ha pasado a la posteridad es el del Jaguar de su entonces marido y alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda. El diario El Mundo desveló que el Jaguar había sido un regalo de la trama. «No me consta nada», afirmó cuando le preguntaron a Ana Mato si le constaba tal regalo. En honor a la verdad, en el imaginario colectivo ha quedado que Ana Mato no se percató de que hubiera un Jaguar en su garaje, aunque la realidad es que lo que no le constaba es que hubiera sido un regalo de la trama corrupta. No obstante, sí dijo que estaba convencida de la inocencia de su exmarido. La fiscalía pide 15 años de cárcel para él. Siguiendo con la foto, y un poco más a la izquierda de Rajoy, Ana Mato y Francisco Camps estaba Ana Botella, entonces concejal del Ayuntamiento de Madrid. El máximo responsable de la trama Gürtel, Francisco Correa, fue uno de los invitados a la boda de su hija y pagó más de 32.000 euros en iluminación, parking, andamios y generadores eléctricos para el enlace. Según Ana Botella, fue un regalo, nada más. Recordemos que aquella foto, aquella comparecencia de Rajoy arropado por la cúpula de su partido, pretendía denunciar una operación contra el PP destinada a cuestionar su honestidad. Y resulta que en esa foto había varios responsables políticos y beneficiarios de aquella trama. Se utilizaron básicamente seis fórmulas: Este último mecanismo de corrupción, la financiación ilegal del PP, es sin duda el que más daña al PP como formación, ya que anula su tesis de que fueron comportamientos individuales que nada tuvieron que ver con el partido como organización. Esta tesis la sostuvo, por ejemplo, Cristóbal Montoro ocho meses después de que estallara el escándalo: «Es un partido con aspiración de gobierno y un partido de estas características ni ha tenido financiación irregular ni la va a tener; otra cosa es que haya casos en el entorno del partido de personas que abusen de esa posición incluso para un enriquecimiento ilícito; pero eso no es el partido como institución», dijo en Televisión Española. Un argumento complicado de sostener teniendo en cuenta que el corazón financiero del PP había sido corrompido por la trama. Tres tesoreros nacionales del partido, Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta, y Luis Bárcenas, figuran entre los acusados del caso que se juzga desde hoy en la Audiencia Nacional. Sin embargo, Álvaro Lapuerta no se sentará en el banquillo porque ha sido declarado incapacitado. Los que controlaron las finanzas del partido durante más de 20 años están acusados de graves delitos relacionados con el caso Gürtel. Bárcenas ocultó en Suiza cerca de 50 millones de euros. La investigación sostiene que parte de este dinero corresponde a comisiones ilegales pagadas por Francisco Correa por su colaboración en el negocio ilícito. Como prueba, una conversación grabada por el principal denunciante del caso, en la que Correa admite que llevó a Bárcenas 1.000 millones de pesetas, seis millones de euros. Vinculó este dinero a supuestas adjudicaciones de obras de la época en que Francisco Álvarez Cascos dirigía el ministerio de Fomento. Esta grabación nos lleva al origen del escándalo. La denuncia que destapó la trama Gürtel salió desde dentro, desde el propio PP; pero, mal que le pese a ella, no fue Esperanza Aguirre quien puso a la Guardia Civil sobre la pista. Fue José Luis Peñas, un exconcejal del PP en Majadahonda, para quien la fiscalía pide cinco años de cárcel en esta causa. Es una pieza clave de esta historia. Entre 2006 y 2008 trabajó para la red de Correa y acudió a reuniones con los jefes de la trama corrupta con una pequeña grabadora. Allí registro decenas de conversaciones que destapaban el colosal negocio basado en la corrupción de cargos públicos del Partido Popular. Entregó su primera denuncia en la tarde del 6 de noviembre de 2007 ante la Guardia Civil. La investigación se puso en marcha, llegó a manos del juez Baltasar Garzón, quién ordenó múltiples diligencias que condujeron a la desarticulación de la trama el 6 de febrero de 2009, cuando Correa preparaba su huída a Panamá. Desde aquel día, se puso en marcha una operación de acoso y derribo, en buena medida impulsada por el Partido Popular, contra el juez Garzón. Las grabaciones ordenadas por Garzón en la cárcel entre los cabecillas de Gürtel y sus abogados acabaron con la carrera del juez, que fue condenado en el Supremo por prevaricación. Fue la segunda persona ajena a la trama que cayó como consecuencia del caso Gürtel. La primera fue el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, acusado de amañar la causa porque fue a una cacería con Garzón aquellos días. Ambos tuvieron que dejar sus puestos antes de que nadie hubiera sido condenado por la trama de corrupción masiva instalada en gobiernos del PP. La denuncia de Rajoy con la que abríamos este repaso («No es una trama del PP, sino contra el PP») no resultó acertada. Nueve años después, la investigación ha reunido suficientes pruebas de que el pillaje no habría sido posible sin la connivencia de decenas de cargos públicos del Partido Popular.

El 'caso Gürtel', una fotografía de la corrupción del Partido Popular

La investigación ha reunido suficientes pruebas de que el pillaje no habría sido posible sin la connivencia de decenas de cargos públicos del Partido Popular

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