Solo dos comunidades regulan la venta de bollería industrial o bebidas azucaradas en centros educativos

Madrid

Sólo Asturias y Murcia tiene una regulación específica sobre la venta de bollería industrial y bebidas azucaradas según las distintas consejerías consultadas por la SER. Cataluña recomienda a los centros educativos que no se vendan estos productos —pero son sólo recomendaciones— y hay seis comunidades que, aunque carecen de regulación, afirman que no hay máquinas expendedoras al menos en los centros de primaria: Cantabria, Navarra, Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco y Extremadura. Otra cosa son los institutos donde admiten que es posible que haya máquinas de este tipo aunque son "pocas". Sobre lo que venden no hay ningún control.

De estas seis comunidades, la Valenciana y Cantabria preparan normativa sobre este tema. Andalucía ha sido la última en presentar un proyecto de Ley y también están en ello Baleares y Canarias. Estas últimas entran en el grupo de las siete comunidades autónomas que no saben cuántas maquinas hay en los centros educativos y dónde están (Canarias ha encargado un inventario) junto a Galicia, Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

La ley de seguridad alimentaria aprobada en 2011 por el Gobierno de Zapatero especificaba en su artículo 40 aparatado 6 que "en las escuelas infantiles y en los centros escolares no se permitirá la venta de alimentos y bebidas con un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares. Estos contenidos se establecerán reglamentariamente". El ministerio de Sanidad reconoce que ese reglamento nunca se ha desarrollado porque no se han establecido los perfiles nutricionales a nivel europeo aunque recuerda que existe un documento de consenso de 2010 con recomendaciones que las comunidades se comprometieron a aplicar para evitar los productos no saludables.

En lo que sí se han puesto las pilas las comunidades es en los menús escolares. La mayoría cumple la legislación en este punto que obliga a que los menús estén elaborados por nutricionistas para garantizar que sean equilibrados y saludables. Madrid, por ejemplo, cuenta con la colaboración de la Fundación Española de Nutrición para elaborar los menús de los centros públicos. Además muchas autonomías tienen programas específicos sobre alimentación ecológica o de proximidad.

Los expertos en salud pública lamentan la dejadez de Sanidad para hacer cumplir la ley. También creen que este es un nuevo ejemplo de que la autorregulación y las recomendaciones a la industria no están funcionando. "Teníamos mucha experiencia en el ámbito del tabaco y el consumo de alcohol, donde la autorregulación no funcionaba sino que además era un mecanismo que utilizaban las compañías que comercializan estos productos para esquivar otras regulaciones más estrictas y estamos empezando a acumular pruebas científicas en el mismo sentido con la promoción y venta de alimentos no saludables", apunta Miguel Ángel Royo Bordonada, jefe del servicio de estudios de la Escuela Nacional de Sanidad.

Bordonada incide también en la necesidad de limitar la publicidad de este tipo de productos dirigida a niños y recuerda un estudio reciente que señala que por cada euro que las administraciones invierten en la promoción de buenos hábitos, la industria se gasta 30 en promocionar productos ricos en grasas, azúcar y sal.