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Una década en el pozo de la corrupción

  • El PP ganó tres elecciones generales pese a acreditarse su connivencia con la trama Gürtel entre 1999 y 2009
  • La formación conservadora se hunde en Madrid y Comunidad Valenciana, los feudos más salpicados por el escándalo

Fachada de la sede del Partido Popular en la calle Génova, en Madrid. /

El presidente Zapatero, su Gobierno y el PSOE comenzaron a despeñarse por el barranco de la crisis económica en el verano de 2008. En aquellos meses, la fiscalía Anticorrupción investigaba en silencio una denuncia que había presentado ante la policía el exconcejal del PP José Luis Peñas el 6 de noviembre de 2007. Ese día, a la una de la tarde, Peñas se presentó en Canillas con 30 folios y un CD en el que había reunido dos años de grabaciones cuyo contenido amenazaba de muerte la imagen del entonces primer partido de la oposición. Las cintas del escándalo registraban decenas de conversaciones que endosaban al PP una relación tóxica con un entramado empresarial corrupto.

Con ese material y algunas diligencias básicas, el juez Baltasar Garzón reunió en pocos meses indicios sólidos de un extenso pillaje en instituciones públicas. Cuando se sintió investigado, Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta, planeó una huida a Panamá. Ese intento de fuga precipitó el 7 de febrero de 2009 el golpe judicial a la trama de corrupción más extensa que ha conocido la democracia. Garzón ordenó detenciones y registros, clausuró el tinglado ilegal, encarceló a los cabecillas de la trama y dejó al PP marcado para siempre.

Los dirigentes populares aludidos en las conversaciones grabadas por el exconcejal Peñas manejaron durante años el catálogo completo del arte de la corrupción: tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, malversación, falsedad documental, blanqueo de capitales o fraude fiscal. Todo este instrumental delictivo se puso al servicio de una organización empresarial que devolvía los favores con dinero o regalos al partido y a sus cargos.

El cabecilla ocultó más de 25 millones de euros en Suiza fruto de sus negocios

Administraciones públicas de todo tipo gobernadas por el PP amañaron contratos entre 1999 y 2009 a favor del entramado corrupto. La formación conservadora contrató muchos de sus eventos y actos electorales al grupo Correa. El cabecilla ocultó más de 25 millones de euros en Suiza fruto de sus negocios.

Mariano Rajoy, líder del PP, reaccionó al escándalo acusando a jueces, policías y gobernantes de urdir una conjura contra su partido, y defendió la inocencia de numerosos cargos públicos sobre los que pesaban sólidas pruebas de colaboración con el delito.

Sobrevivir a una inmersión de ese calibre en el pozo de la corrupción era una tarea casi imposible. Pero el PP resistió y ganó las siguientes elecciones generales con mayoría absoluta. Los efectos de la crisis económica hundieron al PSOE. Dos años de investigación de un escándalo mayúsculo de corrupción no hicieron ni un rasguño al PP en las urnas.

Para defenderse de las revelaciones judiciales que manchaban la honra del PP, Rajoy atacó en todos los frentes. Acusó sin pruebas de espionaje ilegal al Gobierno socialista, puso en duda la instrucción y pidió dimisiones aprovechando una fea casualidad: en una cacería organizada por un militante del PP de Jaén coincidieron el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo; el comisario jefe de policía judicial, Juan Antonio González; y el juez Baltasar Garzón. La coincidencia en la cacería del jefe policial, el juez y el ministro no demostró nada irregular, pero el PP aireó una supuesta conspiración para cuestionar la existencia de la trama corrupta.

"Nadie podrá probar que Bárcenas no es inocente", llegó a decir Rajoy

El ministro Fernández Bermejo acabó dimitiendo por un papeleo menor: acudió a pegar tiros a Andalucía con una licencia de armas de otra comunidad autónoma. El juez fue expulsado de la carrera por una condena del Supremo, que vio prevaricación en las órdenes de Garzón para intervenir las comunicaciones de los encarcelados con sus abogados, algo expresamente prohibido por la Ley.

Juan Antonio González, comisario jefe de Policía Judicial, uno de los agentes con más prestigio en el cuerpo, fue destituido cuando Rajoy alcanzó el poder, sólo dos años después de que estallara el caso Gürtel. "El 7 de enero de 2012 me dijeron que no gozaba de su confianza, me cesaron y sanseacabó", declaró el policía en el Congreso de los Diputados.

Algunos cargos municipales y autonómicos implicados en la trama renunciaron a sus cargos con las primeras salpicaduras del escándalo. Rajoy no movió un dedo para forzar la dimisión de su tesorero nacional, Luis Bárcenas, o del presidente valenciano, Francisco Camps, imputados también en la causa.

“Nadie podrá probar que Bárcenas no es inocente”, llegó a decir Rajoy para defender a la persona que controlaba las cuentas del partido. Tres años después de aquella defensa de Rajoy, la comisión rogatoria que ordenó el juez sobre Bárcenas destapó la existencia de varias cuentas suizas donde el inocente tesorero llegó a acumular, y ocultar, hasta 49 millones de euros. Pese a una evidencia tan grave, Rajoy le mantuvo todos los privilegios: chófer, secretaria, despacho y uno de los sueldos más altos de la organización: 200.000 euros.

El nombre de Rajoy aparecía muchas veces en los papeles del tesorero

El líder del PP sólo tomo medidas después de que EL PAÍS publicara el 31 de enero de 2013 los papeles de Bárcenas, una contabilidad paralela y opaca que reflejaba la existencia de una caja b que funcionó hasta 2009 y en la que entraron 8 millones de euros no declarados a Hacienda, fuera del circuito legal. El dinero procedía de constructores y contratistas de administraciones públicas. Con esos fondos opacos se pagaron, según Bárcenas, sobresueldos a la cúpula del partido y otros servicios, como las obras de reforma de la sede central del PP en la calle de Génova (Madrid).

Tras cuatro años de investigación del caso Gürtel que el PP sorteó sin daños electorales -en los comicios municipales y autonómicos de mayo de 2011 y en las generales de ese mismo año, la formación conservadora consiguió el mayor poder institucional de toda su historia-, estalló el caso Bárcenas, un problema mayor para Mariano Rajoy. Su nombre aparecía muchas veces en los papeles del tesorero por el supuesto cobro de 373.000 euros entre 1997 y 2009. Se trataba del primer presidente del Gobierno de la reciente etapa democrática que tenía que asumir no sólo el descrédito del partido que dirigía sino el deshonor de aparecer en unos papeles cobrando grandes cantidades de dinero negro no declaradas a Hacienda.

Rajoy, a diferencia de otros dirigentes de su partido, nunca estuvo imputado en las causas abiertas por corrupción vinculadas al PP. A diferencia de otros dirigentes del PP, Rajoy es el único del que se conocen sus mensajes de ánimo por sms a Luis Bárcenas cuando el tesorero ya era un imputado sobre el que pesaban pruebas contundentes de sus delitos.

Francisco Camps confió desde el primer momento en que la imputación que le afectaba desaparecería como humo en el aire cuando el Tribunal Superior de Justicia de Valencia atendiera los recursos pertinentes. “Quedan uno o dos escalones, y entonces toda está cuestión tan absurda, tan extraña y tan estrafalaria habrá pasado al pasado”. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia era, según Camps, “más que amigo”. La causa se archivó de manera provisional tras subir Francisco Camps el escalón del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Pero tropezó en el escalón siguiente, el Tribunal Supremo, que reabrió el caso y acabó con la carrera del presidente valenciano, procesado por unos trajes supuestamente regalados por la trama corrupta y que Camps nunca fue capaz de probar que los había pagado de su bolsillo.

Un partido hundido en sus feudos tradicionales

Camps salió ileso de su juicio de los trajes por un solo voto entre los nueve miembros del jurado popular. Pese a presidir un Gobierno corrupto, según los tribunales, Camps no está imputado en ninguna de las causas de la trama Gürtel todavía pendientes de sentencia firme.

El Gobierno valenciano adjudicó irregularmente a la trama corrupta todo tipo de contratos. Y la trama corrupta recompensó a numerosos cargos de ese Gobierno con dinero o regalos. Algunos de los consejeros de Camps ya han sido condenados en firme; otros están a un paso de la cárcel; algunos ya han confesado sus culpas y señalado al expresidente valenciano como el autor intelectual de tanto pillaje.

La instrucción se prolongó durante ocho años con tres jueces distintos Baltasar Garzón, Pablo Ruz y José de la Mata. El juicio oral de la primera etapa de la actividad corrupta del grupo Correa se prolongó entre octubre de 2016 y octubre de 2017. La trama empresarial confesó algunas de sus culpas y admitió el trato de favor que recibió de los cargos públicos del PP en diversas instituciones. Rajoy tuvo que declarar como testigo en el juicio oral  y negó que hubiera cobrado dinero negro de la caja b del Partido. Aseguró que no se ocupaba de las cuestiones económicas y justificó sus mensajes de ánimo a Bárcenas por sms porque se produjeron en un "contexto temporal distinto".

Nueve años y tres meses después de que estallará el escándalo de corrupción que golpeó al PP, este partido está completamente hundido en los dos feudos donde la trama echó raíces más profundas; Madrid y la Comunidad Valenciana. De los principales dirigentes políticos señalados en los papeles de Bárcenas, sólo uno resiste en la política activa: Mariano Rajoy.

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