"Jurisdicción sincronizada" para salvar a los bancos: los dardos del impuesto hipotecario

Madrid

En el Tribunal Supremo esperaban tres sentencias ácidas y unos votos particulares no menos contundentes, pero el fuego cruzado de dardos en la sala tercera a cuenta del caso de las hipotecas pone el broche a un enfrentamiento inaudito entre jueces que comparten despacho en el alto tribunal. Los jueces discrepantes acusando directamente a la mayoría, con el presidente Luis María Díez-Picazo a la cabeza, de hacer "jurisdicción sincronizada" y convocar un pleno "inaudito" para hacer lo que querían hacer desde el principio: conseguir que el impuesto hipotecario fuese pagado por el cliente y no por el banco.  

La credibilidad del Supremo

Los votos particulares dejan por escrito la preocupación por la imagen del Tribunal Supremo que contaban a la Cadena SER fuentes del alto tribunal la tarde de autos: un Tribunal Supremo que dice "una cosa y su contraria" en apenas unos días "no transmitirá a la sociedad la imagen de que hace justicia sino la de que siembra desconcierto", dice el voto particular firmado por los magistrados Pablo Murillo, Isabel Perelló, Diego Córdoba y José María del Riego. 

El magistrado Nicolás Maurandi también reflexiona sobre el daño que este caso ha podido hacer al Supremo: "La confianza social en la administración de justicia es un elemento esencial" del Estado de Derecho, dice, y queda "gravemente quebrantada" si un cambio de este calibre se revoca en apenas unos días. "Lo más preocupante, con mucho, es la imagen que de nosotros mismos estamos proyectando a la sociedad", dicen otros cuatro jueces en su voto. 

Convocar el pleno

Jueces favorables y discrepantes coinciden en avalar la capacidad del presidente de la sala, Luis María Díez-Picazo, para convocar el pleno, aunque algunos cuestionan que la decisión cumpla con los criterios exigidos. Convocar el pleno para revisar la jurisprudencia del impuesto hipotecario por su "enorme repercusión económica y social" fue, según el juez José Manuel Sieira, "una afirmación genérica predicable de la inmensa mayoría" de casos que estudia la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. 

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Más contundentes son en su voto particular, a este respecto, los ponentes de las sentencias que tumbó el pleno: Francisco José Navarro y Jesús Cudero, acompañados de Eduardo Calvo y Ángel Aguallo: califican de "insólito" el pleno convocado y del que se enteraron por la prensa, asegurando que es "la primera vez en la historia del bicentenario Tribunal Supremo en que, de un modo indisimulado, se convierte un recurso de casación en un desinhibido repertorio de medias verdades, desahogos verbales y argumentación poco rigurosa, por el que se desplaza el centro del enjuiciamiento" al pleno. 

El "desapacible tono"

Los dardos más afilados llegan del voto particular de sesenta páginas que firman Navarro y Cudero, los dos ponentes de las sentencias que en un primer momento fallaron a favor del cliente. Hablan del "desapacible tono" que emplea el pleno para volver a la doctrina anterior, afirmando que todo este proceso ha sido "una reprimenda inaudita" a los jueces de la sección segunda, recordando que "el tono áspero está, en la conducta de un juez, rigurosamente contraindicado".

Estos magistrados, además, critican que el pleno haya resuelto los tres casos en tres sentencias idénticas "como si se tratara de ejercicios de una nueva modalidad de jurisdicción sincronizada".

La lealtad del pleno

El ambiente en el Supremo no es el mejor de los últimos años, y la credibilidad de su presidente - Luis María Díez-Picazo - ha quedado tocada de muerte ante muchos magistrados de la sala que preside. Es Sieira, desbancado del cargo de presidente de sala por Díez-Picazo, quien recuerda que las secciones deben guardar lealtad a las decisiones del pleno pero que "esa misma lealtad debe operar en sentido contrario", una idea que también repite Nicolás Maurandi en su propio escrito. 

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El pleno, según explican Navarro y otros tres jueces en su escrito, ha actuado como "superior jerárquico de la sección segunda, y no para crear jurisprudencia", recordando que "que se acepte dialécticamente que el pleno está bien constituido, en lo formal, no significa que tenga razón de ser".

Llevar el caso a Europa

Uno de los magistrados, José Manuel Bandrés, directamente defiende que el impuesto hipotecario no tendría que haberse quedado en la calle Marqués de la Ensenada: el caso tendría que haber sido llevado ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). "El Pleno debería haber planteado cuestión de inconstitucionalidad" y "cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", defiende Bandrés. 

El magistrado reconoce que el tribunal de garantías ya se pronunció en 2005 sobre este caso pero dejando "imprejuzgada la eventual inconstitucionalidad del artículo 29" que precisamente tumbó hace unas semanas el Gobierno. Otros cuatro magistrados encabezados por Navarro y Cudero, de hecho, reconocen que esta sentencia "ya no tiene sentido práctico" tras el cambio de legislación. 

Críticas a la Ley

No falta tampoco en los votos particulares críticas a la normativa hipotecaria a la que el propio Carlos Lesmes atribuyó esta crisis jurisprudencial, y que el ejecutivo modificó recientemente deshaciéndose del controvertido artículo 29. Es el magistrado Fernando Román el que afirma que "el origen de la polémica" está en "la defectuosa técnica empleada" para identificar a quién debe pagar este impuesto. "Algo que no hubiera entrañado problema alguno", dice el juez, "se ha convertido en una norma generadora de problemas interpretativos" para la Justicia.

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En ese mismo sentido se pronuncia José Manuel Bandrés, más contundente al afirmar que "la defectuosa técnica normativa" ha derivado en "una erosión grave del principio de seguridad jurídica" de bancos y usuarios.