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Avisos, reuniones y facturas sin cobrar

La semana ha dejado algunos testimonios relevantes para las acusaciones por rebelión y malversación

El mosso Castellví y los altos mandos policiales apuntalan la acusación de que no se hizo lo suficiente el 1-O

Cadena SER

El juicio al procés independentista cierra una semana de testimonios abiertamente hostiles para la defensa de los doce acusados: desde altos mandos policiales poco satisfechos con la actuación de los Mossos d'Esquadra durante el referéndum ilegal hasta empresarios que no cobraron el dinero prometido pasando por un comisario de la policía autonómica que ha reconocido todo lo que el resto niega.

La bomba caía en la Plaza Villa de París el jueves a última hora de la tarde. Manel Castellví, tras una primera parte del interrogatorio que hizo temer por sus nervios, reconoció sin problemas lo que ya había dicho hace un año: no recibió órdenes políticas, pero los políticos tampoco escucharon sus advertencias sobre posibles disturbios. Fue tres días antes del referéndum en el Palau de la Generalitat y la respuesta de Carles Puigdemont fue clara: "Comprendo la situación pero hay un mandato del pueblo".

Un testimonio valioso para las acusaciones y esperado por las defensas. La acusación por rebelión que esgrime la Fiscalía no se basa sólo en que, según su criterio, hubiese violencia en las calles catalanas durante el otoño soberanista, sino también en que los acusados tuviesen presente esta posibilidad y formase parte de sus herramientas. Castellví, que todavía tiene que enfrentarse a las defensas de los damnificados por su declaración, también ha hecho autocrítica asegurando que el dispositivo conjunto "fue insuficiente" y que "nos equivocamos todos".

Una versión que, por lo pronto, no se compadece con la valoración que han hecho los acusados de rebelión durante el último año, que siempre han dicho que "nunca pudimos imaginar" un balance tan abultado de heridos tras el referéndum, cuando el entonces jefe de información de los Mossos afirma que "era una cuestión de sentido común" pensar en que dos millones de votantes podían llegar a ser incompatibles con 6.000 agentes con la orden de quitarles las papeletas.

El sector de Forn

Con Puigdemont fuera de combate procesal y Oriol Junqueras con más preocupaciones además de los Mossos, la Abogada del Estado, Rosa María Seoane, ha lanzado la pregunta directa al hígado: "El señor Forn, ¿actuó en el sector gobierno o estaba con ustedes, con la parte operativa?". La respuesta le ha ubicado, en contra de lo que ha dicho en este juicio, del lado de los que querían celebrar el referéndum aunque pintasen bastos para otros. Según Castellví, no dijo nada ese 28 de septiembre en el Palau: ni les pidió permitir el referéndum ni intentó impedirlo.

Una vez claro, tanto por parte de los testigos como por parte de los acusados, que la celebración del referéndum estaba por encima de muchas cosas, falta por ver si además de imprevisión hubo órdenes a los Mossos para que fuesen permisivos con el 1-O. Todos los testigos relacionados con la Policía Nacional y la Guardia Civil que han declarado en los últimos días han acusado sin matices a la policía autonómica catalana de bajar los brazos ese día, aunque por ahora han apuntado a un Josep Lluís Trapero que no está ni estará acusado en esta causa, imputado eso sí a unos pocos metros en la Audiencia Nacional.

Sin pagos pero con facturas

Esta también ha sido una semana en la que se han estrenado los testigos relacionados con la malversación de caudales públicos, con declaraciones que las acusaciones consideran valiosas para sus tesis: varios empresarios contratistas de la administración catalana han reconocido que iban a cobrar miles de euros de la Generalitat por trabajos relacionados con el  referéndum, que llegaron a emitir las facturas pero que por unas u otras razones no han cobrado esos trabajos realizados.

Olga Solanas, de la empresa Focus Media que ubicó la campaña del 'Registro de Residentes' en medios, explicó que no ha renunciado a cobrar una factura de más de 150.000 euros, "el departamento sigue moviendo el tema", mientras que Ferrán Burriel, de Nothingad Comunicación, reconoció para asombro del fiscal que había renunciado a cobrar "más de 80.000 euros" por un trabajo similar. Otra empresaria, Teresa Guix, reconoció que había renunciado a cobrar 2.700 euros por diseñar la web 'pactepelreferéndum.cat' por temor a tener problemas legales, y también que había aceptado hacerse cargo de una factura relacionada con la compra del dominio a petición de la Generalitat.

La Fiscalía entiende que esa forma de comprometer gasto público, sin cruzar la última frontera del pago efectivo, ya implica un delito de malversación, aunque previamente existiese algún tipo de contrato marco. Está por ver cómo interpretan también los jueces las afirmaciones hechas por Quim Franquesa, informático al que iban a encargar el sistema de voto telemático, con quien no tenían ninguna relación previa: "Lo iba a pagar una tercera parte".

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