Ni policías, ni guardias civiles ni tampoco votantes
Varias semanas escuchando testimonios de agentes heridos el 1-O desdibujan el verdadero objeto del juicio
"No se juzga a la Policía", clamaba la fiscal Consuelo Madrigal el martes: eso ya lo hacen varios juzgados de Barcelona
Votantes y agentes de la Guardia Civil durante el 1-O / Dan Kitwood / Juan Medina (Getty / Reuters)
Madrid
"No se juzga a la Policía. Hay preguntas que parece que estamos en un juicio contra la actuación policial en cumplimiento de órdenes judiciales". Casi doscientos agentes despúes, la fiscal Consuelo Madrigal recordó que el Tribunal Supremo juzga estos días un procés unilateral independentista y la organización de un referéndum ilegal: ni lesiones ni desórdenes públicos ni tampoco atentados contra la autoridad. Ni policías, ni guardias civiles ni tampoco votantes se sientan en este banquillo.
Acusaciones y defensas convocaron a centenares de agentes heridos o contusionados, con o sin parte médico de por medio, para apuntalar la teoría de sus escritos de calificación: que la estrategia independentista derivó en una resistencia violenta a la acción policial del 1 de octubre o que la acción policial convirtió la fiesta de la democracia en algo peligrosamente cercano a una carnicería completamente ajena a la estrategia diseñada por los políticos y líderes sociales acusados.
El resultado es, por el momento, una veintena de sesiones que se parecen más a un juicio por desórdenes públicos, lesiones o atentado contra la autoridad tras una manifestación o un piquete masivos que a un juicio contra un proceso secesionista: la Fiscalía centra sus esfuerzos en hacer emerger los testimonios más crudos de agentes golpeados por "la masa", descrita así en términos policiales, mientras que las defensas hacen también lo posible por matizar al menos - a la espera de los vídeos - el relato de muchos uniformados que no recuerdan si alguno de sus compañeros saltó sobre las cabezas de la gente en algún colegio.
El trasfondo de estos interrogatorios es - o debería ser - detectar si existió la violencia necesaria para hablar de un delito de rebelión y si esa violencia puede ser conectada de alguna manera con la estrategia que siguieron los cabecillas del procés desde sus puestos de responsabilidad en la política o en la sociedad civil. Escuchados más de cien agentes que estuvieron sobre el terreno en las cuatro provincias catalanas, queda por ver si el tribunal valora más estos testimonios o los de los comisarios de Mossos d'Esquadra que alertaron a las claras a Carles Puigdemont de los peligros de seguir adelante con la convocatoria tres días antes del referéndum.
Una causa fragmentada
La fragmentación de esta causa ha provocado que los muñidores políticos y sociales del referéndum se sienten en el banquillo del Tribunal Supremo, el supuesto brazo policial el procés en el banquillo de la Audiencia Nacional, los exmiembros de la Mesa del Parlament en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y los treinta supuestos responsables de la logística del referéndum procesados recientemente por el juzgado 13 de Barcelona. En total 52 personas procesadas en cuatro causas distintas en torno a un mismo referéndum ilegal.
Trapero y su abogada, Olga Tubau, en su testifical / Señal institucional CGPJ
En el caso del Supremo algunos testigos se van rozando el palo del falso testimonio y otros, como Josep Lluís Trapero, dejan tras de sí la sensación de que tendría que haber comparecido con derecho a abogado y no como un testigo obligado a decir la verdad. Teresa Laplana, Antoni 'un tal Toni' Molons, Núria Llorach son sólo algunos nombres de testigos que están imputados y procesados en otras causas y cuyo silencio le está costando al Tribunal Supremo algunos testimonios importantes de cara a cimentar algunos aspectos de la sentencia.
Disturbios investigados
El Tribunal Supremo no juzga, por tanto, los disturbios del 1-O - según Marchena, preguntar por la autoría de heridas ese día es "manifiestamente improcedente" - y la mayoría de relatos que se escuchan estos días en el salón de plenos no se han traducido en ningún tipo de diligencia judicial ni de sanción penal. Las diligencias abiertas en diferentes juzgados catalanes, por el momento, dejan un balance abrumador de policías y guardias civiles imputados frente a una ausencia casi total de votantes o manifestantes identificados y acusados.
Con pocas resoluciones firmes de por medio, el juzgado 7 de Barcelona investiga a más de treinta policías nacionales que intervinieron en algunos de los puntos más conflictivos como el colegio Ramón Llull o el Pau Claris. Jueces de Lleida, Girona, Manresa, Amposta, o Gavà han investigado - y algunos archivado - causas por supuestos excesos policiales ese día. Recientemente, la Audiencia Provincial de Barcelona ha sido contundente al ordenar que se investigue la actuación policial del 1-O en la capital catalan por la "desmesurada violencia" policial.
Imagen de un colegio el 1-O en Catalunya / Dan Kitwood
Del desenlace de algunos de estos procesos el Supremo se va enterando por los propios implicados. Un agente que actuó en el CAP Cappont de Lleida explicaba el miércoles que ha sido recientemente absuelto. Otro comunicó el martes que un manifestante acusado de agredir a policías en el CEIP Dalmau Carles de Girona también ha sido absuelto. La causa sobre el "artefacto incendiario" que cayó en el cuartel de Igualada ha sido archivada. "No haga preguntas que no estén dirigidas en su interés al tribunal, porque entonces está perdiendo usted el tiempo y nos lo está haciendo perder a nosotros", reprochaba el miércoles Manuel Marchena al abogado Benet Salellas en el octogésimo noveno interrogatorio a un policía nacional que actuó en Lleida.
