Los frentes judiciales del coronavirus

Madrid

En las últimas semanas la crisis por la expansión del coronavirus por todo el país ha llegado también a los juzgados. Magistrados y magistradas de diversos territorio analizan desde el punto de vista laboral, penal y también normativo tomando decisiones y abriendo causas que se gestionan en un momento en el que sólo se permite la tramitación de las diligencias más urgentes.

Investigación al Gobierno

El juzgado 51 de Madrid investiga si el Delegado del Gobierno en la capital, José Manuel Franco, pudo incurrir en delitos de prevaricación o lesiones imprudentes al no prohibir grandes concentraciones en las primeras dos semanas de marzo como el 8M feminista y si para entonces contaba con suficientes avisos encima de la mesa para hacerlo. La magistrada Carmen Rodríguez-Medel ha pedido varias diligencias e informes policiales y médicos antes de decidir si imputa a alguien pero lanza tres advertencias en su auto: no ve clara la imputación por prevaricación, ve difícil de probar la de lesiones y además el caso no se va a tramitar de forma urgente en el actual estado de alarma y limitación de medios de los juzgados.

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La causa, mientras tanto, puede reproducirse en otros territorios. Víctor Valladares, el particular que ha interpuesto la denuncia, explicaba a esta emisora que ya ha interpuesto la denuncia correspondiente en el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez y que está explorando la manera de denunciar al resto de Delegados y Subdelegados del Gobierno en los distintos juzgados territoriales a través de colaboraciones que ofrecen distintos abogados.

Cautelarísimas en el Supremo

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha tenido que estudiar ya la actuación del Gobierno tras una petición de medidas cautelarísimas de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) solicitando a los jueces que exigieran al Gobierno dotar al personal sanitario de medidas de protección en un plazo de 24 horas. Los jueces rechazaron esta petición en fase de cautelarísimas asegurando que "no consta ninguna actuación contraria a esa exigencia evidente".

El asunto seguirá adelante por la vía de la medidas cautelares, en la que las partes pueden hacer alegaciones, tal y como explica a la Cadena SER el secretario general de CESM, Gabriel del Pozo. "El tribunal admite la situación de crisis en que estamos, la situación de que hay que dar soluciones rápidas y admite que la administración está diciendo que pone los medios y si lo dice los medios están, obviando la misma demostración de que no están los medios que son las denuncias por parte de los profesionales", explica.

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Según explican fuentes del alto tribunal a la Cadena SER ésta no es la única vía abierta en torno al estado de alarma. La sala tramita también un recurso de un notario de Valencia contra el Real Decreto del estado de alarma aprobado por el Gobierno, además de una denuncia de decenas de folios de un hombre que pide una indemnización de 1.000 euros por no poder reunirse con sus familiares por las restricciones impuestas.

Material de protección

Varios juzgados de lo social de diversos territorios han optado por aceptar peticiones de medidas cautelarísimas y obligar a distintas administraciones a suministrar mascarillas, guantes y más material de protección a varios colectivos de trabajadores. El primero fue el juzgado de lo social 41 de Madrid, obligando a Justicia y al gobierno regional a dar material de protección a los Letrados de la Administración de Justicia. Cinco días después era el juzgado de lo social 31 de la capital el que instaba al gobierno de Isabel Díaz-Ayuso a hacer lo mismo con el personal sanitario y más recientemente otro juzgado, el número 13 de la misma jurisdicción, ha obligado a Justiia a tomar la misma medida con respecto a Fiscales y funcionarios de las Oficinas Fiscales.

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Unas medidas que se han trasladado también a Castilla y León. El juzgado de lo social 1 de León instaba este viernes a la Consejería de Sanidad a dotar de este material de protección a los sanitarios de servicios públicos y privados "con carácter urgente e inmediato y de forma continuada".

Residencias de ancianos

La ministra de Defensa, Margarita Robles, hacía el anuncio en el programa de Ana Rosa Quintana: los militares estaban encontrando cadáveres en residencias compartiendo espacio con los ancianos. Poco después era la Fiscalía la que anunciaba una investigación centralizada en el Tribunal Supremo que, por el momento, no se ha traducido en ninguna denuncia y, según fuentes del Ministerio Público, siguen pidiendo información a los distintos territorios. Por el momento ni Defensa ni la Fiscalía han especificado cuántos cuerpos se encontraron ni cuántas de estas residencias están bajo la lupa.

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Donde sí ha entrado la Justicia es, según informaba el Tribunal Superior de Castilla y León, en una residencia de Burgos. El juzgado 1 de Aranda de Duero abrió diligencias en torno a "la situación en la que se encuentra la Residencia Valle del Cuco", en Adrada de Haza, para determinar "posibles responsabilidades penales". La Junta decidió intervenir hace unos días esta residencia privada en la que permanecen 48 personas aduciendo "falta de medios y de personal". 

Saltarse la cuarentena

En el ámbito penal varios juzgados han dictado ya las primeras condenas para personas que se han saltado la cuarentena cometiendo delitos por el camino. Un juzgado de Las Palmas ha condenado a un hombre de 53 años a pagar 720 euros de multa por saltarse la orden de confinamiento para "mantener relaciones sexuales" con su pareja, según reconoció él mismo. Otro juzgado, éste de Santa Cruz de Tenerife, impuso cuatro meses de cárcel a otro hombre que se dio a la fuga de un control policial.

Además, la Fiscalía ya ha interpuesto las primeras querellas contra usuarios de Twitter por desear la muerte de políticos y personajes públicos y tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil alertan desde hace días de la proliferación de estafas e intentos de ataque informático en torno a la crisis del coronavirus.