Escuchas y reproches: cronología de una semana política marcada por el escándalo Pegasus

El pasado domingo, coincidiendo con la celebración del 1 de mayo, la ministra de Ciencia, Diana Morant, aseguró que el Gobierno no tenía «nada que esconder sobre Pegasus» y que, llegado el momento, daría «todas las aclaraciones oportunas» sobre el caso del espionaje a líderes independentistas desvelado por el semanario The New Yorker. Después de una semana en la que el president de la Generalitat había pedido explícitamente la dimisión de Margarita Robles y en la que ERC había amagado con dejar sin mayoría parlamentaria al Gobierno —el decreto de medidas por el impacto de la guerra se acabó aprobando gracias a EH Bildu—, el Ejecutivo insistía con un mensaje tan conciliador como insatisfactorio para sus socios. Un mensaje que, además, saltó por los aires en menos de 24 horas porque Moncloa convocó por sorpresa una rueda de prensa a primera hora del lunes para comunicar una novedad que iba a cambiarlo todo: según un informe del Centro Criptológico Nacional, los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, también fueron infectados con el software Pegasus. «Son hechos contrastados y no son suposiciones», aseguró el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Según fuentes del Gobierno, en la primera intrusión al presidente se extrajeron 2,6 GB y, en la segunda, 130 MB, mientras que en el caso el móvil de la ministra fueron 9 MB. La rueda de prensa dejó más preguntas que respuestas porque Bolaños insistió en que las intrusiones no procedieron de ningún organismo de del Estado, por lo que tuvieron que llevarse a cabo desde otro país o desde una corporación multinacional. El Gobierno no tardó en llevar el caso a la Audiencia Nacional, pero la falta de concreción y el momento elegido para revelar la información motivaron multitud de críticas y elucubraciones, tanto por parte de la derecha parlamentaria como del sector independentista, desde donde se insistía en . Incluso de Unidas Podemos, los socios del PSOE en el Gobierno. La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, habló de un «gravísimo fallo de seguridad del Estado» que, en su opinión, «debe conllevar la asunción inmediata de responsabilidades políticas». Oriol Junqueras (ERC), por su parte, exigió responsabilidades «lejos de posibles coartadas». Y el presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que el hecho las escuchas trascendieran «en pleno debate con los independentistas y estabilidad del Gobierno es una casualidad política no menor». Pero Félix Bolaños dio algunos detalles más al día siguiente, en Hoy por hoy: «Se están revisando otros teléfonos móviles de miembros del Gobierno. Se desconoce quién está detrás del espionaje. No me consta que haya un informe sobre algún espionaje a González Laya. Hemos tenido noticia este fin de semana. El domingo lo supimos. Y quisimos ser transparentes. Cuando lo tuvimos confirmado informamos a la ciudadanía y lo denunciamos ante los tribunales. Queremos que se conozca todo. Que se conozca la realidad. Se están verificando otros teléfonos de otros miembros del Gobierno. Seguiremos una política de transparencia e informaremos. Estamos ante algo muy grave». En medio del escándalo, y con la polémica por el cambio de posición de España en lo referente al Sáhara Occidental aún reciente, apareció un informe realizado por la plataforma Forbidden Stories —especializada en investigar este tipo de amenazas— concluyendo que Marruecos contaba (y es posible que aún cuente) con una lista de 200 números de teléfono de ciudadanos españoles como posibles objetivos a espiar. Según The Guardian, además, desde Rabat han lanzado 10.000 ataques en apenas dos años utilizando este sistema de espionaje por medio de la empresa de origen israelí y creadora del software, NSO Group, de la que se apunta a que Marruecos es cliente. Tras estas informaciones, el presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, aseguró que si se confirma que Marruecos espió a Sánchez, el acuerdo alcanzado con Mohamed VI debería reformularse. Asens, de hecho, planteó la pregunta de si los datos robados a Sánchez «tienen algo que ver con el cambio de posición del Gobierno sobre el Sáhara» porque los datos extraídos del teléfono móvil «podrían servir para hacer chantaje al Gobierno». Un supuesto que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, no tardó en desmentir. Las explicaciones del ministro de Presidencia no frenaron las críticas, como tampoco lo hicieron las palabras de Margarita Robles en la Comisión de Defensa del Congreso, quien invitó a los independentistas que acudan a los tribunales con pruebas: «Tengo un compromiso en defensa de la legalidad y no puedo aceptar que salga una información de un laboratorio que diga que unas personas han sido infectadas por Pegasus, y hace elucubraciones que como solo lo tienen Estado, lo tiene España y lo tiene el CNI. Pero el CNI tiene un deber de secreto y es cómodo decir que el CNI ha hecho esto o lo otro, porque no puede defenderse». A continuación, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, tachó de «escándalo gravísimo» los dos casos de espionaje que afectan a los independentistas y al Gobierno y volvió a exigir responsabilidades al «más alto nivel», insinuando que Robles debería dimitir: «Usted sabe lo que tiene que hacer, no solo por su dignidad sino también por la dignidad del Gobierno», dijo Echenique. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, también habló con dureza en Hoy por hoy: «Se equivocan si siguen estableciendo el marco de que esto va de lo que quiera ERC o no. Esto va de democracia. En cualquier país esto preocuparía enormemente. El hecho de que haya habido otro país que haya intervenido al teléfono del presidente o una policía patriótica como se ha demostrado su existencia. Gente como Villarejo, Martín Blas o Castaño me han reconocido que el CNI compró Pegasus por tres millones de euros y que sí, que se espía en este país y de forma ilegal. A mí me lo han reconocido y la prensa lo sabe. Lo que está pasando no pone en riesgo la legislatura, pone en riesgo la democracia en este país». Tras varios días de reproches a colación de las escuchas, la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, confirmó el jueves en la Comisión de Secretos Oficiales —a la que acudieron ERC y EH Bildu— que sí se espió a dirigentes independentistas, pero que se hizo con autorización judicial. Esteban, sin embargo, solo reconoció 18 casos, estando entre ellos el actual president de la Generalitat, Pere Aragonès. Un número uqe, en cualquier caso, está muy por debajo de los 63 de la investigación de Citizen Lab publicada en New Yorker. El Gobierno no tardó en negar que la decisión de espiar a los independentistas partiera de la Moncloa —«ni sabia ni tenía que saber»— y, sobre la petición de desclasificar la información facilitada la directora del CNI, aseguró que la decisión está por tomar. Una respuesta insatisfactoria para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, quien este viernes ha mostrado su indignación en Twitter: «Iros a la mierda todos los que habéis violado nuestras vidas y las de nuestras familias. Miserables quienes lo hacéis y quienes lo justificáis». Y así, en plena crisis entre Moncloa y la Generalitat, Pere Aragonès y Pedro Sánchez han coincidido este viernes en un acto del Cercle dEconomia en Barcelona, donde han mantenido una breve conversación —de dos minutos y medio— que ha servido para acordar una reunión «cara a cara». En una entrevista concedida al diario Ara, Aragonès ha asegurado que este viernes le ha trasladado a Sánchez que es imprescindible que se reúnan y hablen a fondo sobre el espionaje a independentistas, deseando que este encuentro se celebre «bien pronto». «Quiero dejar claro que no buscamos una foto con Sánchez. Una reunión por sí sola no resuelve nada, lo resuelven las medidas que se adopten, que se acuerden y a las que se comprometan», ha asegurado el president.

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La actualidad política ha girado en torno a las revelaciones y los silencios del Gobierno sobre el 'software' de espionaje

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