Miguel Ángel Campos

La mayoría del tribunal de la sentencia de la Época I de la Gürtel expresa en su texto que no cree la declaración como testigo de Mariano Rajoy durante el juicio, en lo concerniente a la contabilidad paralela del Partido Popular, que consideran probada

Documentos incautados a la mano derecha del expresidente madrileño, Edmundo Rodríguez, revelan con detalle cómo ejecutaron en 2013 el reparto de la mordida de 5.4 millones de dólares por la ruinosa compra de la empresa brasileña Emissao, y el empleo de pseudónimos para referirse a los participantes en la operación. González era el "conde" y Rodríguez el "general" de la supuesta estafa, que causó un agujero de 25 millones de euros al erario público La documentación también revela cómo escondieron el dinero en paraísos fiscales, sociedades interpuestas y propiedades inmobiliarias

Diego García Arias sostiene que Edmundo Rodríguez Sobrino le confesó que el exdirector gerente, Arturo Canalda, el directivo Gaspar Cienfuegos y otras dos personas, percibieron mordidas por la compra de la empresa colombiana en 2001, aunque asegura que a él "no le consta" el cobro de comisiones. Canalda lo niega en la SER. El arrepentido también exculpa a Alberto Ruiz Gallardón del cobro de comisiones

El Ministerio Público relata en el juicio a la financiación en negro del PP a cuenta de la Gürtel, que el partido en Valencia disponía "al menos desde 2004" de una contabilidad "inveraz" que no era fiscalizada por la dirección nacional, con la que "engañaba" al Tribunal de Cuentas. La Fiscalía premia las confesiones de Ricardo Costa y los integrantes de la trama, en las conclusiones finales de un juicio que ha quedado visto para sentencia

La Audiencia Nacional juzgará a partir de este lunes por primera vez a una red de narcotraficantes por homicidio, porque supuestamente dejaron morir a uno de sus correos, para abrirlo a continuación para recuperar casi un kilo de cocaína ingerida La red, que actuaba desde Madrid y Burgos, se deshizo del cadáver tras descuartizarlo en un bosque francés

La magistrada rebate todos los argumentos de la ex presidenta madrileña y concluye que Francisco Granados no incurrió en los delitos contra la integridad moral, injurias o calumnias denunciados por Cifuentes por desvelar su relación sentimental con el expresidente Ignacio González, ni por relacionarla con la financiación ilegal del PP La juez añade que como persona pública, Cristina Cifuentes debe asumir ciertos comentarios pues "prima la libertad de información", para "no correr el riesgo de que el derecho penal sea un factor de disuasión de la libertad de expresión”

La Sección Tercera de la Audiencia Nacional revoca el archivo de la supuesta administración desleal por parte de los ex directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo en la concesión de créditos millonarios a los empresarios Vicente Ferri y José Baldó, para inversiones hoteleras en el Caribe mexicano Los magistrados afirman que el daño para el erario público “existió” por la concesión de estos préstamos y ordenan a la juez Carmen Lamela que procese a todos los responsables. Hasta ahora, los empresarios solo estaban acusados de fraude fiscal por estas operaciones

Por nueve votos a ocho, el pleno de la Sala de lo Penal impide que el magistrado Juan Pablo González pueda juzgar tanto la caja b del PP como el resto de piezas de la Gürtel. El pleno le ha apartado por su proximidad al PP, ya que cobró por impartir cursos en FAES, ha sido vocal del CGPJ a propuesta del Partido Popular, ha sido favorecido con diversos destinos esta legislatura y puso un sueldo de 3.500 euros a un expresidente del PP imputado porque “con menos no se podía vivir”

El fiscal presenta sus conclusiones en el juicio por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas, y mantiene las penas de hasta 62 años de cárcel por lesiones y amenazas terroristas. Incluye el agravante de género en la solicitud de pena alternativa, por la “salvaje” agresión a las chicas

El juez de la Audiencia Nacional, José de La Mata, expone en su auto por el que asume la causa del tres por ciento catalán que las adjudicaciones bajo sospecha superan los 175 millones de euros con un “incuestionable” daño a la economía nacional