La fiscal del 11-M carga contra algunos periodistas por el trato dado a los atentados

Madrid

Después de tres años y tres meses de investigación, la fiscal del 11-M, Olga Sánchez, ha salido de la sala del juicio llorando. No porque se emocionara al terminar su informe de acusación sino porque el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, le ha llamado al orden. La razón ha sido el reproche realizado por la fiscal Sánchez a aquellas "personas que pudieron aprobar la carrera de periodismo pero que no tienen la altura y grandeza para desempeñar esta profesión", en clara referencia a los medios que han propagado durante todo este tiempo los bulos de la teoría de la conspiración.

Sánchez estaba detallando las pruebas que acreditan la participación de cada uno de los 28 procesados por el 11-M. Pero ha hecho un alto en el relato de la investigación para hablar de la cobertura mediática que se ha hecho del juicio: "La dignidad de los afectados y la memoria de las víctimas no han sido merecedoras del tratamiento dado en algunos medios de comunicación", ha dicho; y a continuación ha criticado a "personas" que no han estado a la altura de su profesión.

El juez Gómez Bermúdez ha interrumpido entonces a la fiscal, al considerar que en la sala no tienen cabida reproches a personas que no son parte del proceso y, por lo tanto, no son objeto del juicio. Sánchez ha respondido que no iba a ofrecer nombres de los periodistas a los que iba dirigida la acusación, pero ha seguido defendiendo que la investigación desarrollada se ha llevado a cabo para desentrañar "parte de lo ocurrido, aquí dentro y no fuera, en otras instancias". Y ha indicado que ha intentado explicar a los afectados que los procesados "que participaron en esta felonía" no quedarán sin castigo.

El relato de la Fiscalía comenzó por la mañana con la confirmación de que los 28 imputados son considerados miembros de la banda terrorista que cometió la matanza. A continuación Sánchez inició el relato de cómo cada uno de ellos está implicado en la matanza: los que se hicieron con los explosivos, los que los transportaron, cómo se financiaron o los movimientos que realizaron en la casa de Morata de Tajuña en los días previos a la matanza.

Bouchar vive por bajar la basura

Otman El Gnaoui participó "de forma determinante en la comisión de los hechos" en colaboración con Jamal Ahmidan, alias El Chino. La Fiscalía pide ahora para él 38.962 años de prisión, al considerarle cooperador necesario para perpetrar la matanza. Le acusa de ser "hombre de confianza" del suicida, de participar en el traslado de explosivos desde Asturias sabiendo "qué se transportaba", acudió hasta Burgos para actuar "de lanzadera" en el traslado de la dinamita y, además, trabajó en las obras de acondicionamiento de la finca de Morata de Tajuña.

Sobre uno de los autores materiales vivos, Abdelmajid Bouchar -que huyó de la casa de Leganés donde se produjo el suicidio de los siete islamistas el 3 de abril de 2004-, la fiscal explica que la única razón por la que sigue vivo es precisamente que tuvo que huir al notar la presencia policial cuando bajó a sacar la basura.

En el caso de Jamal Zougam, la Fiscalía tiene numerosas pruebas que apuntan a que fue el encargado de vender las tarjetas de móvil que se utilizaron en las mochilas-bomba de los trenes de cercanías.

La Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo

Después, el abogado Antonio Segura que representa a la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, que preside Pilar Manjón, ha señalado que el atentado del 11-M de 2004 "fue más horroroso" porque estuvo dirigido contra personas "que se habían posicionado, como la mayoría de la sociedad española, contra la guerra de Irak". Así lo manifestó el letrado en su informe final en la jornada 47ª del juicio, en la que dijo que "el 11-M no fue un accidente sino una planificación minuciosa" como respuesta a la intervención de España a la guerra de Irak.

En este sentido criticó la "hipocresía" del Gobierno de entonces (del PP) por no tomar medidas de seguridad para contrarrestar esa decisión, a pesar de los informes que alertaban de la posibilidad de que se produjeran atentados en España, sobre todo desde los atentados de Casablanca (Marruecos) en mayo de 2003, subrayó.

"Las personas que iban en los trenes eran trabajadores, eran personas pacíficas, eran personas que se habían posicionado, como la mayoría de la sociedad española, en contra de la guerra de Irak, eran personas que en su mayoría su único deseo era el de vivir en paz con el resto de seres humanos que tenían alrededor, fueran o no de la misma religión", apuntó.

Respecto a los explosivos que se emplearon en los atentados, Segura manifestó que ha quedado probado que en Mina Conchita existía dos marcas de dinamita: Goma 2 ECO y Goma 2 EC, y dijo que aunque el informe final no ha determinado qué tipo de dinamita explotó en los trenes, "sabemos que fue dinamita lo que mató a la gente".

Además, destacó que las víctimas a las que representa pidieron a su equipo jurídico que "no se acusara a nadie si no había pruebas suficientes para ello", y justificó así la retirada de la acusación de Brahim Moussaten.