Hacienda insiste en que la infanta Cristina no cometió delito fiscal

José Castro ya tiene sobre su mesa el informe de la agencia tributaria que insiste en que no hay elementos para proceder contra la infanta Cristina por un presunto delito fiscal. Tal y como les adelantó esta emisora, los peritos insisten en los argumentos que la abogacía del Estado puso por escrito en su primer informe y que pasan por considerar que no hay pruebas suficientes que permitan inferir que la hija de los reyes cooperara en los tres delitos fiscales que se atribuyen a Iñaki Urdangarin.

La Agencia Tributaria asume íntegramente el escrito del Abogado del Estado como representante procesal de esta institución. En su informe rebate la tesis de la Audiencia Provincial de Palma que abrió el camino para investigar a la infanta Cristina por delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. Los peritos insisten en que no se han encontrado indicios que apunten a que la hija menor de los reyes pudo incurrir en delito fiscal.

Hacienda recuerda que no se ha levantado el velo sobre la sociedad Aizóon, que comparten los Duques de Palma, y recalca que, en caso de hacerse, "la consecuencia no es la de atribuir los ingresos de la empresa a los dos socios por igual, sino que las ganancias se atribuyen a aquel que las hubiera generado de forma ilícita", es decir, "sólo son atribuibles a Iñaki Urdangarin". El informe recuerda también que a la sociedad matrimonial no se le ha imputado por el momento ningún delito fiscal. La agencia tributaria tampoco aprecia que la infanta cooperara en los presuntos delitos fiscales cometidos por su marido porque para ello se requiere "una participación consciente dirigida a defraudar, bien induciendo a cometer el delito o cooperando en su ejecución y ninguna de estas dos premisas se alcanzan en la infanta solo por el hecho de disponer de la condición de socio no administrador".

Esta no ha sido la única mala noticia que ha recibido el juez José Castro de la agencia tributaria que, además, ha rechazado la posibilidad de que se incorpore un agente de vigilancia aduanera que el magistrado había solicitado para que le asesorara en materia de delito fiscal y blanqueo de capitales. Sobre este último delito, el informe de hacienda no se pronuncia porque no se encuadra dentro de los delitos contra la hacienda pública. Un delito que se habría cometido al destinar dinero de la sociedad a gastos particulares como la reforma de la vivienda de los duques de Palma en el barrio de Pedralbes.