Un año de la 'caja B' del PP

Madrid

El caso de la supuesta caja b del Partido Popular surge tras la publicación en el diario El País de los denominados 'papeles de Bárcenas', el pasado 31 de enero. Unos apuntes contables manuscritos por el extesorero del PP, que reflejan entradas y salidas de dinero negro entre 1990 y 2008. Las entradas son supuestas aportaciones de empresarios que realizaban donaciones al PP casi siempre por encima de lo permitido por la ley, y las salidas, presuntamente, se dedican principalmente al pago de sobresueldos, a determinados conceptos como las obras de la sede central del PP, o es blanqueado con su ingreso, fraccionado para eludir la ley, en la cuenta oficial de donativos del PP.

El caso tardó dos meses en ser judicializado. En un principio el juez Ruz, a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, permitió que el ministerio Público llevase a cabo una investigación secreta. Para que Anticorrupción cambiase de actitud y reclamase la judicialización del asunto, resultó clave la presentación de una querella por parte de Izquierda Unida y otros colectivos, que en principio recayó en el juzgado de instrucción número 3 de Javier Gómez Bermúdez. El temor a que Bermúdez asumiera el proceso impulsó a Anticorrupción. El conflicto de competencias se saldó a favor de Pablo Ruz, que desde entonces investiga el caso de la supuesta caja B del PP como una pieza separada del caso Gürtel.

Las estrategias de Bárcenas y PP coincidían

Los primeros meses del caso se saldaron con una estrategia coincidente entre el PP y Bárcenas. Éste afirmaba que los papeles no eran suyos, que el contenido era falso, y el PP los tachaba de apócrifos y falsos de toda falsedad. Se conoció que Bárcenas siguió empleado en el PP con un sueldo de más de 20.000 euros mensuales, coche oficial, chófer y despacho hasta la publicación de sus documentos manuscritos, aun cuando hacía más de dos años que había sido apartado oficialmente del partido y de su cargo al frente del departamento financiero. La explicación de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, fue que el despido se pactó "en diferido" con una indemnización "en forma de simulación".

Todo empezó a cambiar con las declaraciones de testigos como Eugenio Nasarre, Jaime Ignacio del Burgo, o Pío García Escudero, que confirmaban los apuntes recibidos, o la propia cuenta de donativos del PP que corroboraba la contabilidad paralela. Rajoy afirmaba entonces que todo era mentira "salvo alguna cosa", pero la acumulación de pruebas fue corroborando que casi todo, si no todo, iba siendo verdad.

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Bárcenas ingresa en prisión y 'tira de la manta'

Finalmente llegó un momento clave para el proceso. El 27 de junio el juez Ruz envía a Bárcenas a prisión porque seguía moviendo sus millones en Suiza y había riesgo de fuga y destrucción de pruebas. El extesorero se siente traicionado y cambia. Decide, dice, contar la verdad. Sus abogados, los que pagaba el PP, le abandonan. Llegan los 'SMS' filtrados por el propio Bárcenas, en los que Rajoy le decía "Luis, sé fuerte" cuando ya era público que a quien nombró tesorero en 2008 había evadido millones a Suiza.

Y el 15 de julio Bárcenas declara ante Ruz que los papeles son suyos y que todo es cierto "hasta el último apunte". Que el PP tenía una contabilidad B y que pagaba sobresueldos en negro a secretarios generales, e incluso a Mariano Rajoy. Bárcenas lo repitió en el juicio civil contra Cospedal en Toledo el pasado mes de octubre. Llegó a afirmar que fue su "mano" la que entregó en un sobre el dinero negro a la secretaria general del PP o que en 2009 y 2010 entregó "50.000 euros, 25.000 para cada uno, a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal".

Una contabilidad B "continua en el tiempo" y registro al PP

El caso da una nueva vuelta de tuerca con el registro el pasado 27 de septiembre a Gonzalo Urquijo, el arquitecto que reformó la sede nacional del PP. Hay claros indicios de que la formación conservadora pagó en negro parte de las obras entre 2005 y 2011. Así lo expresa el juez Ruz en un auto. Sostiene que de forma indiciaria, queda acreditado que el Partido Popular dispone de una "contabilidad paralela continua en el tiempo", ajena a la "oficial y presentada al Tribunal de Cuentas". El PP remite un escrito para defenderse en el que aporta nuevas facturas sobre la sede. Y se dispara en el pie porque son nuevas facturas cuando el juez ya le había reclamado en verano toda la documentación. Eso provoca el registro de la sede del PP durante más de 14 horas. El acta del secretario judicial, adelantada por la SER, revela que la formación conservadora disponía de más de 5.000 documentos sobre las obras de su sede central, y que solo había entregado al juez Ruz el 10% cuando el magistrado le había exigido la entrega de la totalidad de la documentación.

Lejos de los augures que vaticinaban que Ruz iba a cerrar el caso de la caja B del PP antes de la Navidad, al asunto le queda cuerda para rato. Hay numerosas diligencias de investigación que se practicarán a mediados de enero, que probablemente conducirán a otras. El número de imputados aumenta y faltan numerosos informes clave por presentar. Cada vez resultan más claros supuestos delitos contable, contra las administraciones públicas y fiscal, del que podría ser responsable incluso el Partido Popular. Tampoco es descartable, según los autos de Ruz, que las responsabilidades también se extiendan a varios de los actuales dirigentes del partido.