Ángel Acebes, imputado por ordenar la compra de acciones de 'Libertad digital' con dinero negro

Madrid

El magistrado le cita a declarar el próximo martes como imputado por un supuesto delito de apropiación indebida. Habría ordenado la compra de acciones de Libertad digital para ayudar a ese medio de comunicación en 2004 con dinero negro del PP procedente de la caja b.

El juez Pablo Ruz da un nuevo giro al caso de la caja b del Partido Popular al citar a declarar como imputado en un delito de apropiación indebida al exsecretario general de esta formación política, Ángel Acebes.

Acebes habría ordenado la adquisición de acciones de Libertad digital en 2004, que según la contabilidad paralela de Bárcenas y las pruebas obtenidas hasta la fecha, se habrían comprado con dinero negro de la caja b del Partido Popular.

Pablo Ruz dice en su auto que se acuerda esta comparecencia y el resto de las señaladas, una vez se han practicado diligencias y se ha incorporado un informe de la UDEF sobre las operaciones presuntamente realizadas a través de la caja b del PP a partir de octubre de 2004, para la suscripción de acciones de Libertad digital.

La Policía ha investigado esos hechos a partir de nueve apuntes manuscritos que aparecían en la contabilidad paralela aportada por Bárcenas entre 2004 y 2005, y que según el juez, estos hechos podrían constituir un delito de apropiación indebida.

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Según la declaración que prestó Bárcenas, la génesis de estas operaciones de compraventa de acciones de Libertad digital fue solicitada por Alberto Recarte, entonces presidente de Libertad digital y también exconsejero de Caja Madrid y beneficiado con las tarjetas black de Caja Madrid.

La petición de ayuda, según el juez, fue realizada al entonces secretario general del PP, Ángel Acebes. Recarte le pediría encontrar personas que suscribiesen acciones en el proceso de ampliación de capital que estaba siguiendo. Álvaro Lapuerta le haría planteado a Acebes utilizar los fondos de la caja b del partido para suscribir acciones, con el fin de que esas participaciones fueran traspasadas a terceros.

El propio Lapuerta, Francisco Yáñez y Rosalía Iglesias figuraron como suscriptores de acciones, utilizando el dinero de la contabilidad b del PP. Los tres vendieron posteriormente las acciones y en el caso de Lapuerta e Iglesias no consta que el dinero retornase a la caja b del partido.

A Acebes se le cita como imputado por su responsabilidad respecto al eventual conocimiento y autorización de la operación, pudiendo haber colaborado a que "tales fondos terminaran siendo detraídos por sus iniciales destinatarios aprovechando estos la opacidad de los mismos".

El juez se basa en doctrina del Tribunal Supremo, que contempla la apropiación indebida de "comisión por omisión" en la responsabilidad por la conducta de terceros subordinados al omitente, sobre los que él mismo tuviera posibilidad de ejercer una vigilancia y una cierta autoridad que le permitiera evitar el resultado, cuando la actividad de aquellos fuera considerada como una fuente de peligros para intereses ajenos".

El magistrado ha tenido en cuenta las funciones que según los estatutos corresponderían al secretario general del PP. A Bárcenas y a Rosalía Iglesias no se les cita porque ya están imputados en la pieza separada llamada "época 1".

En su auto el juez reitera la dinámica de fraccionar las donaciones anónimas que realizaban Bárcenas y Lapuerta para no superar el límite legal establecido entonces de 60.000 euros. A través de esa dinámica la Policía ha acreditado otra contabilidad paralela para financiar la sede regional del PP en Vizcaya y las obras que se llevaron a cabo en aquel edificio.