Arístegui dimite como embajador en la India para no perjudicar al Gobierno

Gustavo de Arístegui ha presentado su dimisión irrevocable como embajador en la India ante la «campaña de destrucción» contra él y para «no perjudicar ni al gobierno ni a su presidente en plena campaña electoral». El diplomático renuncia apenas cuatro días después de que la Cadena SER desvelara que había facturado cientos de miles de euros por asesorar a empresas españolas para que consiguieran obra pública en el exterior. En una carta dirigida al titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, Arístegui lamenta los «ataques repugnantes» a su honor y profesionalidad, y justifica su renuncia por la «sucia utilización partidista en campaña» de las informaciones que le relacionan con supuestas comisiones cobradas para lograr contratos para empresas españolas. El pasado miércoles, la SER desveló que Gustavo de Arístegui, hasta hoy embajador de España en la India, y Pedro Gómez de la Serna, diputado del Partido Popular y número dos en las listas de esta formación por Segovia para las próximas elecciones generales, recibieron millonarias comisiones a cambio de asesoramiento para que varias empresas españolas lograran contratos en el exterior. En conversación con esta emisora, ambos aseguraron que su actividad estaba aprobada por el Congreso de los Diputados y que todas las cantidades percibidas fueron declaradas ante la Agencia Tributaria. Dos despachos vinculados a ambos (Scardovi y Karistia) facturaron a empresas españolas por gestiones destinadas a obtener licitaciones de obra pública en el exterior bajo la marca Voltar Larssen entre los años 2010 y 2014. Según los contratos, su actividad consistía en «la búsqueda, identificación y análisis de oportunidades en los países acordados para la realización de cualquier actividad industrial o empresarial». Según la documentación que obra en poder de la Cadena SER, las empresas pagaban un canon fijo mensual y una comisión de entre el 1% y el 5% de cada contrato obtenido. Así ocurrió, siempre según esta documentación, con dos contratos adjudicados al grupo Elecnor en Argelia: la construcción de un sistema de canalización de aguas en el año 2009 por 250 millones de euros y la adjudicación para construir un tranvía en 2013 por importe de 230 millones de euros. Entre la documentación figura una comisión de un 1% por el contrato del sistema de canalización y una factura por valor de 737.000 euros. Sobre el tranvía hay otra factura en concepto de anticipo por importe de 92.000 euros. Según la denuncia presentada por un exsocio Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna ante la Fiscalía Antocorrupción, el dimitido embajador en la India, «dada su condición de portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Asuntos de Exteriores del Congreso, debe tener facilidad de acceso y conocimiento de numerosas autoridades extranjeras, lo que sin duda habría facilitado la adjudicación de contratos a las empresas». Entre la documentación que maneja la Fiscalía Anticorrupción hay una carta de Cristóbal Tomé, el agente de Arístegui y Gómez de la Serna en Argelia, en la que revela envíos de dinero «a Francia y destinado a familiares de los directivos de la empresa estatal» para desbloquear un proyecto de canalización de aguas valorado en 250 millones de euros, por el que los cargos públicos populares facturaron al menos 737.000 euros. «Cuando quieras y con mucho gusto —escribe Tomé en la misiva— te enseño los justificantes, pero no puedo darte copia para no perjudicar a dichas personas». Siempre según la citada documentación que figura en la denuncia, el agente emitió una factura de más de medio millón de euros por su trabajo. Según la documentación en poder de Anticorrupción, entre 2010 y 2014 los despachos vinculados a Gustavo de Arístegui y a Pedro Gómez de la Serna suman facturas por importe de 735.000 y 870.000 euros, respectivamente. A estos 1,6 millones de euros hay que añadir los casi 200.000 euros que reciben por asesoramiento a compañías españolas para conseguir licitaciones en el exterior a las empresas Arroyo Lagasca, propiedad del hijo del embajador dimitido, y Kamaroc, propiedad de su familia. En conversación con la Cadena SER, Gustavo de Arístegui aseguró que no recordaba las cantidades pero afirmó que le parecían abultadísimas. Entre las facturas investigadas llama la atención una del despacho vinculado a De Arístegui por un informe titulado India, un país de oportunidades, de más de 3.600 euros, que se abona en diciembre de 2012, cuando el popular ya ejercía de embajador en aquel país y su hijo llevaba las riendas del despacho. Después de que la Cadena SER revelera este hecho, Gustavo de Arístegui aseguró que se desvinculó del despacho ante notario en febrero de 2012 y que desconocía que su hijo, consultor internacional, hubiera hecho un informe sobre India. Aunque subrayó que el despacho está en manos de su hijo, De Arístegui sigue figurando como administrador en el registro mercantil porque la firma mantiene deudas con la Agencia Tributaria. Tras las revelaciones hechas públicas por la Cadena SER; el PSOE pidió la renuncia de Pedro Gómez de la Serna como número dos del Partido Popular en su lista al Congreso por Segovia y la dimisión de Gustavo de Arístegui como embajador en la India. Mariano Rajoy dijo en una entrevista en Televisión Española que, en el caso de Arístegui, no se sabe «muy bien el asunto» y que confiaba en las explicaciones de De la Serna. «Él es diputado pero el Congreso le permite compatibilizarlo con el ejercicio de su profesión y lo ha hecho. Él no ve nada ilegal ahí y por tanto yo le creo», dijo sobre el diputado por Segovia. Un día después de que esta emisora destapara el caso, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, confirmó que la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente de su departamento, investiga las supuestas comisiones cobradas por Arístegui para lograr contratos para empresas españolas. El mismo jueves, poco antes de la medianoche, el PP anunció en una escueta nota la apertura de un expediente disciplinario a Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna. El caso puede ser archivado o acabar en una suspensión cautelar o definitiva de militancia, según el grado de colisión con el punto seis del código ético del PP, en el que se fija el compromiso de separar claramente entre las actividades públicas, de las privadas y las de partido. Fuentes populares aseguran que el partido quiere empezar a instruir ya el tema, pero reconocen que es probable que no se tome una decisión hasta después de la campaña electoral. Al día siguiente, el viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, eludió pronunciarse sobre el caso en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. «Quiero informarles de que el mismo día 9 de diciembre [cuando la Cadena SER destapó el caso de Arístegui y De la Serna] se requirió al embajador español en la India que diera explicaciones. Esta manera inmediata de actuar es posible gracias a cambios legislativos de esta legislatura», afirmó. Tras la renuncia de Gustavo de Arístegui como embajador en la India, la atención se centra ahora en Pedro Gómez de la Serna, que ocupa el puesto número dos en la lista del PP al Congreso por Segovia. De la Serna ya ha sido apartado de la campaña electoral, pero fuentes populares reconocen a la SER que el partido no puede retirarlo de la lista.